Entre el coronavirus y el secesionismo. Estas son las dos únicas variables que mueven la política económica de un Gobierno acomodado en la inercia de un crecimiento cada vez menos sostenible. La pandemia se ha extendido a nivel global hasta erigirse en ese shock inesperado sobre el que alertaban hace meses los observadores más perspicaces. De la misma manera, la estrategia de apaciguamiento con los líderes independentistas de Cataluña condiciona cualquiera de las grandes decisiones que configuran la agenda presupuestaria, fiscal y financiera de la coalición socialcomunista encargada de dirigir el timón de España SA. Nunca un Consejo de Ministros tan numeroso y variopinto resultó más superfluo a la hora de asegurar una eficaz administración del aparato del Estado y sus recursos públicos.
La alarma social decretada este mismo sábado a raíz de la crisis sanitaria del Covid-19 ofrece una interesante oportunidad para que Hacienda pueda complacer a todos esos pedigüeños insaciables de aquellos gobiernos regionales que, desde hace años, se han mostrado especialmente refractarios a los principios de la consolidación fiscal. María Jesús Montero está loca por la música y como diría Shakespeare “nada mejor podías pedir de mí que con más gusto estuviera dispuesto a concederos”. La ministra dispone en estos momentos de una coartada inmejorable para rascarse el bolsillo de manera arbitraria con sus deudos autonómicos porque los burócratas de Bruselas están también asustados y parecen dispuestos a abrir la mano con medidas expansivas de carácter fiscal que sirvan de cataplasma contra la fiebre económica de ese cisne negro importado de China.
La crisis de oferta que se extiende por los mercados globales es una bendición, paradójicamente, para impulsar la política de hermandad con los secesionista de Cataluña a la espera de que ERC convalide la presunta jerarquía parlamentaria que le auguran las encuestas de cara a las próximas elecciones al Parlament. El coronavirus ha sobrepasado los más funestos presagios, pero Sánchez sabe que se lo juega todo a una carta en sus relaciones de conveniencia con los republicanos catalanes y ha dado precisas instrucciones a Hacienda para que evite cualquier movimiento que pueda deteriorar el principio de esa nueva amistad con los que han de ser sus aliados preferentes durante toda la legislatura. El presidente apela circunspecto a la responsabilidad de los ciudadanos asegurando que el heroísmo también consiste en lavarse las manos al tiempo que trata de hacer acopio de bazas económicas para encarar el reparto del botín que tarde o temprano deberá ofrecer a los futuros inquilinos de la Generalitat.
Cataluña supone más de una cuarta parte de toda la deuda acumulada por las autonomías y, lo más significativo, un 75% de la misma está concentrada en un mismo acreedor, que es precisamente el Estado español, con todo lo que eso significa. No es de extrañar que ante una contingencia financiera de tamaña envergadura el independentismo triomfant reclame a la Hacienda Pública una quita a tutiplén que elimine a futuro cualquier adherencia de sumisión al Gobierno central. El instinto separatista no va a parar en barras y más pronto que tarde pondrá a prueba el manual de resistencia que Pedro Sánchez guarda celosamente como libro de cabecera en su mesilla de noche del Palacio de la Moncloa.
El líder socialista está dispuesto a relajar cualquier tensión financiera ante las comunidades autónomas correligionarias y amigas con tal de dormir a pierna suelta estos cuatro años de legislatura. Para ello baraja incluso la posibilidad de avalar nuevas facilidades de pago a golpe de talonario con el socorrido recurso a ese Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que cuesta cada año la friolera de 20.000 millones de euros al erario público. Todo menos eliminar por las bravas la deuda regional que, a la postre, es el principal ronzal del que se vale el Gobierno para ejercer su poder territorial y mantener la pose de control que exige Bruselas sobre los gobiernos regionales que apoyan sus dispendios de manera recurrente en las muletas del Estado.
En los cuarteles generales de Hacienda, pasando claro está por los ideólogos económicos de Moncloa, han adoptado la máxima del avestruz escondiendo la cabeza ante la avalancha constante y creciente de un endeudamiento público al que nadie quiere prestar la debida atención. Una vez confundida la realidad con el deseo, existe la convicción de que el principal de esos 1,2 billones largos que asoman por las costuras del Reino de España no debe considerarse como un pasivo exigible mientras el Tesoro pueda hacer frente al servicio de la deuda con el consiguiente pago de los intereses. Una bicoca teniendo en cuenta la política monetaria que recorre el mundo global, orientada de manera indefinida a una reducción de los tipos oficiales del dinero.
La obsesión por un pacto presupuestario con ERC
Tal es el voluntarismo del Gobierno dual que en un arranque de desprendimiento, y a fin de restañar las primeras heridas de la forzosa cohabitación, los edecanes ilustrados en materia presupuestaria por Iván Redondo han estado barajando la opción de un nuevo plan de estímulos, esta vez con ‘e’ minúscula, que pudiera servir como vacuna para justificar un manguerazo de gasto público. No hay virus que por bien no venga, que diría Zapatero en su condición de célebre creador de ocurrencias. Por fortuna los contrapesos que todavía pululan por Ferraz han actuado con urgencia desmontando, de momento, una iniciativa que exigía aprobación comunitaria, tramitación legislativa y ejecución inmediata. Demasiados condicionantes para un antibiótico de efectos pasajeros y que, en el mejor de los casos, reduciría la fiebre a cambio de aumentar la infección.
La crisis económica del coronavirus, la sanitaria es otro cantar, se ha saldado, de momento, con una serie de medidas terapéuticas, valoradas a ojos de buen cubero y concentradas básicamente en anticipos de fondos que estaban retenidos a las comunidades autónomas. El jefe del Ejecutivo se ha arrastrado con pies de plomo ante la crecida de la epidemia y el escaso margen de maniobra financiero, pero que nadie se engañe porque, una vez superado el coronavirus, la tentación de arrojar dinero a los demás problemas de la agenda pública va a ser la tónica constante de la legislatura dada la extraordinaria debilidad del Gobierno ante el resto de las fuerzas políticas.
La fragmentación y crispación parlamentaria ha situado al líder socialista como un presidente de partido o, por lo menos, eso es lo que transmite el relato desabrido con que María Jesús Montero se maneja en sus relaciones con las comunidades que no están bajo tutela del PSOE, de sus socios o de sus simpatizantes. La batalla encarnizada de Hacienda con el Gobierno regional de Madrid y el afán de buscar un acuerdo exprés con ERC para sacar adelante este año una Ley de Presupuestos demuestran que el jefe del Ejecutivo ha tomado claramente el puente aéreo en dirección a Barcelona. Es de esperar que el Falcon no se contagie en pleno vuelo, aunque a estas alturas del viaje el coronavirus que realmente preocupa a Sánchez es el independentismo. Esa es la verdadera prioridad del Gobierno y el objetivo al que está destinado un plan de choque con muchos miles de millones.
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