La difícil afinidad entre el corto y largo plazo cuando la recesión está al acecho

La invasión rusa en Ucrania ha intensificado la crisis de materias primas que comenzó hace un año y tendrá efectos a corto, medio y largo plazo. Lo urgente es resolver los problemas de corto plazo pero lo determinante será conseguir que sean compatibles con la estrategia de medio y largo plazo, que necesariamente debe cambiar para ajustarse a la nueva realidad geopolítica mundial.

El principal impacto a corto plazo será sobre los precios de las materias. El mercado ha registrado una intensa volatilidad en el último mes y eso dificulta estimar con precisión el impacto. Por esa razón, el BCE ha estimado un impacto entre 0,5% y 2% en el PIB y el empleo. Y dos puntos más de inflación. En clave europea eso supondría entrar en recesión en el escenario menos intenso, ya que en el último trimestre de 2021 la economía tan sólo creció 0,3% trimestral. Y Alemania y Austria ya registraron caídas.

En España el PIB creció un 2% el pasado trimestre y las afiliaciones a la Seguridad Social un 1,4%. El ministro Escrivá ha anticipado ya los datos de los tres primeros meses del año, a la espera de conocer los últimos quince días de marzo, y las afiliaciones habrían crecido 0,6%. Por lo tanto, España también tiene riesgo de entrar en recesión a partir del segundo trimestre.

Las mayores previsiones de inflación han llevado al BCE a precipitar su retirada de estímulos. Ya han anunciado una rápida reducción de las compras de deuda en los próximos tres meses. Los inversores ya han reflejado esa decisión en los mercados y el bono a 10 años español cotiza a 1,3%, un punto más que hace seis meses. Eso implicará necesariamente una subida de tipos de interés de las hipotecas y de los préstamos a empresas.

España también tiene riesgo de entrar en recesión a partir del segundo trimestre

Las implicaciones a medio plazo también serán intensas. La invasión de Ucrania ha activado las expectativas de inflación. Hasta ahora los gobiernos y los bancos centrales afirmaban que las subidas de los precios de las materias primas eran transitorios y en el caso del gas acabarían esta primavera. Ahora todos asumen que serán permanentes y andan como pollos sin cabeza reuniéndose de urgencia para buscar acuerdos en el consejo europeo de esta semana. Los camioneros piden subidas de precios, los agricultores, los sindicatos, etcétera. Esto un país con el 13% de desempleo, imagina en Alemania o EEUU que están en pleno empleo.

Otro problema que habrá que afrontar es el del sobreendeudamiento mundial. Las compras masivas de deuda de los bancos centrales permitieron ganar tiempo, pero el problema es mucho mayor hoy que cuando quebró Lehman Brothers. Los inversores compran bonos para protegerse de la inflación. Pero la inflación en EEUU supera el 7% y el bono a 10 años de la deuda pública paga tan sólo el 2%. Esta anomalía no se producía desde hace muchas décadas y se tendrá que normalizar. Los inversores esperan que la Reserva Federal suba los tipos hasta niveles cercanos al 3% en 2023. ¿Cuánto subirá la rentabilidad del bono americano? La respuesta a esta pregunta determinará cuántas deudas no se pueden pagar y habrá que reestructurarlas. En 1982, tras la segunda crisis del petróleo y una subida de tipos, más de cuarenta países emergentes se vieron forzados a impagar su deuda externa.

A largo plazo el aislamiento de Rusia tras la invasión de Ucrania fuerza a Putin a mirar hacia el Este. El 4 de febrero ya firmó con Xi Jinping, presidente chino, un acuerdo donde definen, a su manera, el nuevo orden mundial, marcan sus territorios de influencia, hablan de Naciones Unidas, de la agenda 2030, de democracia, derechos humanos, etcétera. Rusia ya planea construir nuevos gasoductos desde Siberia hasta china, donde queman gas como si no hubiera mañana. Esto exige avanzar en la inversión en renovables con inversiones multimillonarias que los estados no podrán afrontar. La inversión privada será determinante y eso exige regulaciones estables y que ofrezcan seguridad jurídica o será imposible financiarlas. Un molino eólico o una placa fotovoltaica tardan muchos años en recuperar la inversión y necesitan crédito. Y crédito viene del latín y significa creer.

el problema es mucho mayor hoy que cuando quebró Lehman Brothers

En España, la principal amenaza es nuestra disonancia cognitiva que nos lleva a tardar demasiado tiempo en reconocer la nueva realidad. En 1973, cuando estalló la crisis del Petróleo, Franco ya estaba enfermo y había hartazgo social con la dictadura y los responsables de la política económica decidieron afirmar que la crisis era temporal y manipularon por ley los precios de la gasolina y la electricidad para no reflejar las subidas de precios a los españoles.

En su célebre discurso por televisión en 1977 Fuentes Quintana, que ya era influyente economista del estado en 1973, afirmó: “La causa de nuestros problemas es la subida de los precios del petróleo, que ha supuesto un empobrecimiento instantáneo, súbito y brutal a este país, que no hemos querido reconocer”. Cuatro años después de comenzar la crisis comenzamos a aceptarla, la tasa de paro subió al 20% y no bajó de ese nivel hasta 1988, quince años después de comenzar el problema.

La crisis de las materias primas comenzó el pasado año cuando España comenzaba a salir de la pandemia que había provocado la mayor caída del PIB desde la Guerra Civil. El Gobierno afirmó que era transitoria y comenzó a tomar medidas de manera errática sin una estrategia definible y a culpabilizar a las empresas energéticas de la crisis para desviar la atención del descontento social. La ministra de Energía comenzó a proponer medidas intervencionistas en el mercado eléctrico que derivaron en el decreto de septiembre que, por simplificar, le ponían un impuesto al sol y al viento. El grave error de Rajoy en 2013 con el impuesto al sol pero al cuadrado.

El decreto chocó rápido con la realidad y numerosas instalaciones de fotovoltaica y eólica que habían cerrado la venta de su electricidad a precios fijos fuera del mercado mayorista entraban en pérdidas. Y los fondos y agencias de 'rating' internacionales amenazaron con declarar a España país no invertible en renovables. También chocaron con el rechazo de mayoría de países europeos. Eso forzó a modificar el decreto varias veces con urgencia.

La actual propuesta de topar el precio mayorista a 180 euros el megavatio hora es más razonable, aunque no cuenta aún con el acuerdo de Alemania y los países frugales. El temor en Alemania es la escasez y forzar a las familias a apagar las calefacciones el próximo invierno y a las empresas industriales a parar la producción. Y saben que en los años setenta los sistemas de planificación de precios fracasaron estrepitosamente. 180 euros era ya el tope establecido en el mercado hasta hace dos años y todos los operadores tienen los sistemas programados para volver a ejecutarlo. El problema es definir los mecanismos de compensación.

Fijado el modelo mayorista de electricidad quedaría todo por hacer. Cambiar la ley de tarifa eléctrica regulada a diez millones de españoles, la mayoría personas mayores, para desvincularla del 'pool' mayorista, el único país de Europa que tiene este modelo absurdo. Lo fijó el PP en 2013 y lo ha mantenido este Gobierno desde 2018. Bajar transitoriamente el IVA del gas y definir para el gas una tarifa de pobreza energética como ya existe en la electricidad. La nueva ley del transporte ya permite desde el 2 de marzo repercutir a los clientes la subida de los carburantes y además sería conveniente reducir los impuestos transitoriamente, como ya han hecho muchos países europeos. Hay que definir las ayudas de estado a los países afectados que permite la Comisión Europea transitoriamente.

España debería aplicar los protocolos de crisis de las unidades de emergencia en los hospitales: mantener la calma, diagnóstico rápido y certero y sedar al enfermo lo antes posible para la intervención. El mayor riesgo ahora es que la urgencia nos lleve a poner las luces cortas y tomemos medidas que tendrán efectos perversos durante muchos años, como hicimos en 1973. La siguiente es hacer un diagnóstico realista y asumir que esta crisis nos empobrece a todos los españoles, aunque a unos más que a otros. La decisión es empobrecernos ordenadamente o hacerlo desordenadamente.