Proteger a los desempleados en la crisis

La crisis energética comenzó el pasado verano amenazando el crecimiento económico. El aumento de los precios de las materias primas reduce la capacidad adquisitiva de los consumidores y las ventas de las empresas y el aumento de costes amplifica la reducción de beneficios. Los beneficios determinan la inversión, la creación de empleo y el consumo y el círculo vicioso vuelve a empezar.

A diferencia de las crisis de 2008 y de 2020, por hundimiento del gasto privado y los precios, esta es una crisis de exceso de demanda por encima de lo que la oferta puede absorber y produce inflación. En las crisis anteriores los gobiernos gastaban y bajaban los impuestos para compensar la caída de gasto privado y proteger a los desempleados y los bancos centrales bajaban los tipos y compraban deuda para financiar los déficits.

El Gobierno tardó en reaccionar esperando que Bruselas pagará de nuevo el coste de la crisis, como sucedió en la pandemia, pero eso no pasó

Ahora si los gobiernos y bancos centrales reaccionan igual, aumentarán la inflación y el desempleo. Los bancos centrales aprendieron la lección de los errores de los años setenta y tienen un mandato en sus estatutos de garantizar la estabilidad de precios. Por esa razón, ya han anunciado que van a subir los tipos de interés y dejar de comprar deuda pública para frenar la inflación. Los gobiernos, al contrario, agobiados por la presión social están cometiendo los mismos errores que en los años setenta.

La inflación redistribuye la renta. En este caso de países consumidores a países productores de materias primas. La renta sale del país pero los colectivos ciudadanos y las empresas piden a los gobiernos que les compensen sus pérdidas pero sólo lo pueden hacer con más deuda, más inflación y más desempleo. Los Gobiernos actúan con buena intención para proteger a sus ciudadanos pero cuando tu tienes una enfermedad no quieres que el médico tenga buena intención, quieres que te cure.

Un camionero autónomo antes de la crisis energética facturaba unos 9.000 euros mensuales de promedio y le quedaban unos 3.500 euros mensuales, unos 40.000 euros anuales, el doble que la renta media declarada en el IRPF. Ahora tras la subida de los carburantes y de los camiones les queda unos 2.500 euros menos. Por eso montan la huelga para conseguir que el Gobierno les compense esa renta. Pero el Gobierno no tiene esa renta, ese dinero se ha ido a Argelia o a los países que nos venden el gas más caro.

El Gobierno tardó en reaccionar esperando que Bruselas pagará de nuevo el coste de la crisis, como sucedió en la pandemia, pero eso no pasó. Tras casi un año han reconocido que la crisis no es transitoria pero han tomado medidas para unos meses, cuando estamos en una crisis que durará al menos dos años. La inflación subyacente, eliminando de la cesta de la compra energía y alimentos, hace un año estaba al 0% y en marzo ha aumentado al 3,4%, casi medio punto mensual. Eso implica que puede acabar el año por encima del 5%. Los economistas sabemos que tardan en activarse las expectativas de inflación pero tardan mucho más en normalizarse.

Si los productores de aceite y trigo españoles no subieran los precios, las panaderías y los supermercados tampoco y los sindicatos no pidieran subidas de salarios, la inflación no sería tan elevada y la crisis sería de menor intensidad. Pero la historia económica nos enseña que esto no pasará. Todos braman contra el mercado marginalista de la electricidad y aplauden la intervención, pero todos somos marginalistas para nuestros salarios y márgenes. ¿Intervendrá el Gobierno los mercados del aceite, de los alimentos, de las tiendas de ropa, como quiere hacer con la electricidad? Eso nos llevaría a un sistema de planificación franquista que ya fracasó en los años cincuenta y provocó el éxodo de más de tres millones de españoles.

Los economistas sabemos que tardan en activarse las expectativas de inflación pero tardan mucho más en normalizarse

Cuando la incertidumbre es tan elevada, los ciudadanos miran a sus políticos buscando una luz que les guíe en la niebla. Desde 2016 ningún partido ha superado el 30% de intención de voto en las encuestas y la fragmentación indica ausencia de liderazgo. Y no hay liderazgo, ya que ningún partido tiene un plan que ilusione a la mayoría de españoles desde hace ya demasiado tiempo.

El Gobierno de coalición no ha parado de bajar en las encuestas desde que comenzó la pandemia. La alternativa en la derecha acaba de tener una crisis interna que ha recordado a la serie de Curro Jiménez. Para resolver la crisis energética el PP propone volver a la nuclear y extraer gas de esquito, en inglés 'fracking'. Se tarda unos 15 años en construir nuevas centrales nucleares y unos siete años gas de esquito. Sólo les faltaría decir donde van a poner las centrales y con que dinero las van a financiar con la deuda pública en el 120% del PIB, su mayor nivel desde 1903.

Su pócima mágica es la misma que siempre; bajar impuestos. Ahora se han inventado la milonga de reducir la burocracia y lo dicen presidentes autonómicos que gestionan el 50% del total del gasto público, casi el triple que la administración. Juan Manuel Moreno, Elías Bendodo, el número dos en Génova, y Juan Bravo, el nuevo responsable de economía del PP, han aumentado el gasto público un 25% y un 40% el gasto corriente, desde 2018 en Andalucía. Díaz Ayuso ha aumentado el 15% el gasto público desde 2019 y Feijóo lleva gobernando Galicia 13 años. Que ellos hablen de reducir gasto superfluo es como si un pirómano habla de erradicar los incendios.

Bajar los impuestos, aumentaría la inflación y el desempleo y reduciría la recaudación abocándonos de nuevo a un rescate como ya le sucedió al PP en 2012. Recordemos que, tras el rescate, la derecha nos subió 50 veces los impuestos, la mayor subida de impuestos desde 1977, cuándo también la derecha hizo la mayor subida de impuestos de la historia.

¿Qué se puede hacer? Poner las luces largas y acelerar cuánto antes el desarrollo de plantas fotovoltaicas y eólicas para reducir al máximo posible nuestra dependencia del gas y del petróleo. Eso aumentará la renta y los salarios en España, se crearían cientos de miles de empleos y potenciaría la industria nacional. Por eso el Gobierno debería sentarse con el sector eléctrico y los fondos internacionales y acordar el nuevo modelo de fijación de precios que garantice que mantendrán sus inversiones previstas. En 2008 culpamos a los bancos de la crisis pero aún seguimos con secuelas y cicatrices. Demonizar a las empresas en las crisis alivia la presión social pero no ayuda a solucionar los problemas.

Bajar los impuestos, aumentaría la inflación y el desempleo y reduciría la recaudación abocándonos de nuevo a un rescate como ya le sucedió al PP en 2012

En política fiscal cambiar cuánto antes el bono a la compra de gasolina por un bono a los españoles con menor renta para compensar el impacto de la subida de inflación. El 10% de españoles con más renta consumen el 25% de la gasolina y del bono y el 50% de renta media y baja consumen lo mismo. Un Gobierno que dice ser de izquierdas no debería aprobar este tipo de medidas.

Sindicatos y patronal deberían acordar cuanto antes una subida de salarios pactada referenciada a la inflación subyacente, la que se produce con precios no energéticos, y las empresas comprometerse a no aprovechar el barullo para subir precios y aumentar sus márgenes.

Y, sobre todo, ponernos a ejecutar fondos europeos como sino hubiera mañana que nos ayuden a mejorar nuestra eficiencia energética, agua, residuos, digitalización, etcétera. Si hacemos esto estaremos protegiendo a los parados. Si seguimos con los relatos y las ideas de 2007 como si no hubiera inflación, ni pandemia, ni crisis inmobiliaria, el desempleo aumentará. Yo estoy con los parados. ¿Y tú?