Jueves, 13.12.2018 - 04:28 h
Patrono de la Fundación Renovables y responsable del Programa de Cambio Climático en Greenpeace España

Apaguemos el carbón

El debate sobre el carbón está que arde en Europa. Un debate sobre el combustible fósil que emite más CO2, el principal gas causante del calentamiento global. Un debate que se calienta según se acerca la cumbre anual de Naciones Unidas sobre el cambio climático, que este año es en diciembre en Silesia, la zona carbonera del país más carbonero de Europa, Polonia, cuando este mismo otoño los científicos de Naciones Unidas han dicho claramente que el momento de actuar para evitar un cambio climático irreversible es ahora.

Con todos esos ingredientes, la mayoría de los países europeos ya han dejado de quemar carbón o le han puesto fecha de caducidad. Pero en España, aunque el Gobierno acaba de anunciar una muy necesaria y esperada Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que contiene importantes avances, sorprendentemente se les ha "olvidado" poner en qué fecha se dejará de usar carbón.

Un conjunto de organizaciones se han unido para conseguir que en nuestro país no se llegue a 2025 quemando carbón para producir electricidad. Para ello, han formado una coalición, llamada "Un Futuro Sin Carbón", que está organizando movilizaciones por todo el país, en particular en las comunidades autónomas donde todavía hay centrales térmicas en operación. "Un Futuro Sin Carbón" viene a ser la rama española de una plataforma europea, llamada Europe Beyond Coal, que ha publicado un informe muy clarificador, que desvela que las compañías propietarias de centrales de carbón son responsables de costes sanitarios de 22.000 millones de euros en Europa.

Según el citado informe, la combustión de carbón provoca graves impactos en la salud ciudadana. Los responsables son las empresas que lo queman en sus centrales térmicas, y solo diez de esas compañías provocan dos tercios de los impactos sanitarios debidos a la totalidad de las térmicas de carbón en Europa. El dato viene de la modelización del funcionamiento de esas centrales durante 2016: las 91 centrales de carbón europeas causaron 7.600 muertes prematuras, 3.320 nuevos casos de bronquitis crónica y 137.000 días con síntomas de asma infantil. Estos impactos sanitarios incluyen 5.820 admisiones hospitalarias y unos dos millones de días de trabajo perdidos. Sumando los impactos provocados por la quema de carbón de esas diez compañías, el coste sobre las economías nacionales y familiares asciende a los 22.000 millones de euros citados.

El informe desglosa los datos para cada empresa y ahí encontramos, muy destacadas en la lista de 103 compañías, a varias eléctricas que operan en España. En el sexto puesto figura Endesa, propietaria de cinco grandes térmicas de carbón. Ha dicho que va a cerrar solo dos en 2020, pero de las otras no dice cuándo lo hará. Cada megavatio-hora producido por las térmicas de Endesa en 2016 tuvo un coste sanitario equivalente a 53 €, mayor que los 48,4 €/MWh del precio medio final en el mercado eléctrico peninsular ese mismo año. Endesa tiene, además, el dudoso honor de ser la empresa que emite en España más CO2, el principal gas causante del cambio climático. En el puesto 19 de la misma lista encontramos a Naturgy, cuyos costes sanitarios equivalieron nada menos que a 88 €/MWh, debidos a las emisiones de sus tres centrales de carbón, que tampoco dice cuándo va a cerrar. Ambas compañías comparten otra central que sí van a cerrar.

La única forma de que las empresas que queman carbón puedan hacer negocio es trasladando la carga de los costes sanitarios al conjunto de la sociedad. Y como hemos visto, esos costes acaban siendo del mismo orden o mayores que el precio de la electricidad que venden esas compañías.

Hay que exigir a las empresas energéticas, eléctricas en este caso, que rindan cuentas. No es legítimo hacer negocio dejando la factura de los costes sanitarios del carbón a la sociedad. Como con el tabaco o el amianto, los costes sanitarios del carbón están bien identificados, pero las eléctricas dejan que sea la sociedad quien los pague. Es más, cuando la legislación ha limitado las emisiones tóxicas de su actividad, las eléctricas han pedido compensaciones por las pérdidas o subvenciones para adaptarse a cumplir la ley, algo que la legislación europea impide taxativamente.

Esto tiene que terminar. Si las eléctricas no lo hacen voluntariamente, los gobiernos tienen poner fin a la quema de carbón, en toda Europa y en España en particular. Las organizaciones coaligadas en “Un Futuro Sin Carbón” quieren que el Gobierno español cumpla su promesa de cerrar las térmicas de carbón para 2025.

Sabemos que respiramos un aire insano y las emisiones de las centrales no se quedan en su entorno, sino que se extienden más allá de los países donde se ubican. La contaminación atmosférica y el cambio climático no conocen fronteras.

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