Miércoles, 27.03.2019 - 02:16 h
En mi molesta opinión
Analista político

El bueno, el feo y los malos en el gran lío del impuesto hipotecario

Algunos lo han llamado “alarma social”, pero lo que ha provocado la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo con su decisión sobre quién debe pagar el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD), ha sido un gran bochorno nacional. Un bochorno acompañado de indignación y estupor que para mayor escarnio ha salpicado a casi todos los estamentos sociales: Justicia, banca, ciudadanos, Gobierno y políticos.

En primer lugar está el ciudadano, que desempeña el papel de "bueno" pasivo en todo este embrollo, aunque también se le conoce como el gran pagano de los desmanes político-jurídico-bancarios que en esta afligida patria suelen darse con frecuencia. Todo empezó cuando una serie de reclamaciones fueron atendidas por la correspondiente sala del Tribunal Supremo. Pero todo se complicó cuando ese mismo alto tribunal decidió cambiar su propia jurisprudencia. Tras veinte años considerando que el pagador del impuesto de actos jurídicos documentados debía ser el cliente o prestatario, el 18 de octubre optó por sentenciar que fuera el banco.

¡Toma ya sorpresa! ¡Toma ya cambiazo de criterio! Pero fue tal el susto que se pegaron todos, que el mismo tribunal decidió revisar y cambiar quince días después la norma y sentenciar en contra de la regla anterior. Volviendo a la interpretación original de que es el hipotecado el pagador del impuesto. El voto decisivo fue del propio presidente, Díez Picazo, que decantó la balanza 15 a 13. Por ese escaso margen, las aguas regresaban a su cauce anterior, pero el daño ya estaba hecho. Sobre todo por no haber convocado ese mismo pleno del Supremo antes de emitir la primera sentencia, sabiendo sin duda alguna que el cambio de criterio iba a provocar un gran escándalo.

Con todo esto, la imagen de la desorganización interna del tribunal quedaba más que patente, y de paso se cuestionaba su independencia. Las luchas de poder y las torpezas profesionales de los propios jueces implicados salieron a la luz y ellos solitos se erigieron en los enemigos del pueblo. La esperanza de millones de ciudadanos de recuperar el dinero del pago del impuesto de AJD se esfumaba.

En su lugar tomaba cuerpo una gran indignación social, que los políticos no han querido desaprovechar, ya que estamos en precampaña. Vivimos tiempos de un elevado postureo populista y no es nada estético que la banca gane, aunque en este caso las entidades financieras no tengan responsabilidad alguna en el embrollo. Podríamos decir que los bancos son los 'feos' de la película, pero al menos en este ocasión no son los malos.

El lío lo montaron, originariamente, los políticos y su afán confiscatorio. Pensaron en 1993 que un ciudadano que decide comprarse un piso con hipoteca es un rico sospechoso al que había que clavarle un nuevo impuesto. Y así se hizo y así se recaudó desde entonces. De ahí que muchos consideren que en caso de retroactividad, debían de ser las administraciones autonómicas -que son las que lo cobran- las que lo reintegraran a los hipotecados, y que lo tendrían muy difícil para recobrárselo a los bancos.

Es más, tanto PSOE como Podemos, que ahora se rasgan las vestiduras y animan a los ciudadanos a salir a la calle a protestar por la nueva decisión de los jueces, respaldaron durante los años de la crisis económica subir este impuesto, cuando sabían perfectamente que lo pagaba el prestatario y no los bancos. Es decir, hace unos años estos mismos políticos podían exprimir un poco más al hipotecado, como si no estuviera suficientemente asfixiado; pero ahora, con elecciones a la vista, se sienten en la obligación de salvarlo de las garras de la pérfida Justicia.

De ahí que resulte bastante cínico que los políticos que controlan las administraciones y son en realidad los beneficiarios del impuesto, se alcen ahora como alegres justicieros y quieran darle la vuelta al tortilla. El propio Pedro Sánchez salió solemne a anunciar que iba a modificar vía decreto ley la decisión del Tribunal Supremo. Algo insólito a todas luces, ya que un Ejecutivo no debe dedicarse a enmendar las decisiones judiciales, por mucho que las considere impopulares. En su lugar bien podría anular el impuesto que es el causante de todo este gran problema. Hay países europeos, como Alemania y Reino Unido, donde no existe este gravamen. Sí se paga en Francia, Italia y Portugal, y lo hace el cliente, pero el impuesto es mucho más reducido y se aplica sobre el importe del préstamo. En España recae sobre la responsabilidad hipotecaria, que equivale a 1,4 veces el importe del préstamo.

Aunque el momento más álgido de este thriller psicológico en el que los 'buenos' pierden de nuevo, lo vivimos el miércoles pasado cuando Pedro Sánchez, en plan Escarlata O’Hara, aseguró "que nunca más los españoles volverán a pagar este impuesto". Frase rimbombante que suena bien pero que resulta muy poco realista. Ya que a continuación el presidente añadió que esperaba y confiaba en que la banca no repercuta el impuesto; cuando todo el mundo sabe que la banca, que siempre son los "feos", muchas veces los malos, pero nunca son los tontos, lo hará lo antes posible.

Decía Mark Twain, que los banqueros son unos señores que te prestan un paraguas cuando hace sol y te exigen que se lo devuelvas cuando empieza a llover. Y sobre esta misma banca han empezado a caer chuzos de punta, si bien es cierto que han tenido mucha "suerte" de que no les pillara el tifón "supremo", gracias a que los jueces han descubierto que bajo sus togas tienen freno y marcha atrás.

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