¿Es delito comprar votos? Depende de quién los pague

En política siempre es muy útil la prestidigitación factual para distraer la atención del ciudadano, al que siempre se le intenta dar “dato” por liebre, o al menos engatusar con algún vistoso engaño. En el cine, que es un arte que miente a 24 fotogramas por segundo, Hitchcock utilizaba técnicas de distracción masiva que llamaba MacGuffin, y eran simples excusas argumentales para enfocar la atención del espectador hacia otro objeto: “En historias de rufianes siempre es un collar y en historias de espías siempre son los documentos”; en historias de políticos siempre es el dinero, el dinero en forma de ayudas sociales, podríamos añadir.

Dinero que no sale del bolsillo del gobernante, sino del exprimido contribuyente, convertido en eterno pagano de todas las alegrías que los políticos nos pretenden dar. El dinero público sí es de alguien, por mucho que Carmen Calvo diga lo contrario. La generosidad del Gobierno suele camuflarse con “regalos” que pagamos a escote todos los ciudadanos. Por ejemplo, Pedro Sánchez y su bono cultural de 400 euros es, además de un gesto paternalista y un “detalle” de cumpleaños para los chavales que celebren sus 18, un MacGuffin que distrae de los verdaderos problemas que sufre este país y de sus verdaderas necesidades.

Entre esos graves problemas sobresale una inflación desbocada del 4%, un importante recorte del PIB pronosticado por el FMI y, sobre todo, el precio de la luz que sigue su escalada, sin olvidar la guerra a cara de perro entre el Gobierno y las eléctricas que, por desgracia, también acabaremos pagando los ciudadanos. Papá Gobierno no puede detener la endiablada subida de la electricidad, pero puede disfrazarse de Papá Noel y regalarle a su hijo de usted un bono cultural a cambio de su voto político, el de su hijo, al menos.

No sólo es cuestionable que ese gesto/gasto populista de 400 euros sirva para que los jóvenes alternen el botellón con los libros o los museos, ya me gustaría que fuera así de fácil convertir en consumidores de cultura a unos ‘ninis’ que no tienen expectativas de un futuro prometedor ni posibilidad de lograr un trabajo digno. Todo esto huele a una compra descarada y a granel de papeletas frescas. Pero la caza del voto joven, como la semana joven de El Corte Inglés, trae una doble oferta: 250 euros de ayuda para que los menores de 35 años puedan animarse a alquilar un pisito o, al menos, una habitación sin vistas.

“Los jóvenes se merecen que las políticas públicas se vuelquen en ellos”, dijo una satisfecha ministra de Hacienda, María Jesús Montero; que con su característico verbo florido remató la faena calificando a la nueva Ley de vivienda como “una ley preciosa”. Sin embargo, de políticas de creación de empleo juvenil no habló la ministra ni nadie del Gobierno; todo se basa en ayudas puntuales que “alquilan” voluntades pero nada de salarios dignos a cambio de trabajos estables, eso es, al parecer, un “lujo” que no se merecen los jóvenes españoles.

Pedro Sánchez y su Gobierno de coalición no aspiran a pescar votos sólo en el fluctuante caladero juvenil, sólo con ellos -alrededor de un millón- no cubren las necesidades electorales. Por ello, la “compra de votos” se hace extensiva a los jubilados y a los funcionarios. Según datos de los Presupuestos de 2022, las pensiones se revalorizaran conforme al IPC, lo que supondrá un coste de 5.000 millones de euros. Por otra parte, la anunciada subida del 2% en la nómina de los empleados públicos supondrá otro gasto extra de 3.000 millones de euros. Si a todo esto le sumamos el bono cultural y el del alquiler, el gasto público se incrementará anualmente en unos 8.500 millones de euros.

Pero será por dinero; qué son 8.500 millones más dentro de la inmensidad de la deuda pública española que asciende hasta 1,42 billones de euros. El problema sustancial de este nuevo dispendio reside en que las ayudas van dirigidas a las clases medias y no hacia las personas y familias más desfavorecidas. El Gobierno, en su versión PSOE y UP, prioriza unas ayudas a unos sectores de la sociedad que suponen cerca de 15 millones de votantes -pensionistas, funcionarios y jóvenes- que no son los más pobres, y espera recibir a cambio la “ayuda” electoral correspondiente en forma de papeleta en las próximas elecciones generales. ¿Es delito comprar votos en una democracia? Todo depende, depende de quien los pague. Si los paga Sánchez de su bolsillo, es delito; pero si los carga al erario público, es decir, si los pagamos nosotros con los impuestos, no lo es. Así de sencillo y así de ‘parajódico’.