La eutanasia entra en campaña, pero es la sociedad la que tiene que debatir

En este mundo traidor y complejo el protagonista, haga lo que haga, siempre acaba muriendo. Es lo mismo que decir, que de aquí nadie sale vivo, por mucho que se empeñe en lo contrario. Esta cuestión tan existencial como puede ser el hecho de morir y la correspondiente fecha de caducidad humana, se ha colado accidentalmente en la pre-campaña electoral. Ha entrado por la puerta de atrás, la de los hechos consumados, pero no ha sido para debatir con rigor sobre la Ley de Eutanasia, que es la cuestión principal, sino para que algunos de los candidatos se tiren a la cara viejas argumentaciones, y se den golpes de pecho fingiendo un gran sufrimiento ante la desgracia de María José Carrasco y Ángel Hernández.

Ella, enferma de esclerosis múltiple desde hace más de 30 años; él, su marido y cuidador. Ella, deseosa de morir para no sufrir más, le pidió numerosas veces a él que le ayudara a conseguirlo, ya que sola no podía. Él, finalmente, le suministró arsénico, por compasión… Está claro que hay que debatir sobre qué se entiende por muerte digna y, luego, aprobar una ley que lo regule con claridad y garantías, la mayoría de la sociedad española lo acepta y lo desea.

Pero el hecho de vivir en una sociedad propensa al nihilismo, que se descompone al oír simplemente las palabras “dolor” o “sufrimiento”, hace que no sea nada fácil tener claro cuáles deben ser los límites terapéuticos. Es cierto que no venimos a sufrir a este mundo, pero que la vida tiene componentes duros nadie lo puede negar. Del ensañamiento terapéutico al suicidio asistido hay una amplia amalgama de casos y situaciones que hay que analizar. En España ya hay nueve CC.AA. que reconocen el derecho a los enfermos a no recibir tratamientos que alarguen sus vidas, pero no admiten que un tercero mueva un dedo para ayudarles a morir.

También es cierto que teorizar desde un ordenador es siempre muy fácil, que la realidad tiene aspectos que no se pueden prever a veces, ni tampoco analizar y comprender desde un punto de vista que no sea el del propio afectado en el preciso momento. Estamos hablando de cuestiones muy íntimas y personales, que no son fáciles de resolver, pero que habrá que afrontar para tener unas mayores garantías médicas y de defunción.

La gravedad y dificultad de este debate es evidente, y por ello no todo es blanco o negro. Al regular la eutanasia hay que proteger también a los millones de enfermos que desean, aunque sea con problemas y con cuidados paliativos, seguir viviendo su particular vida, que desembocará, como es lógico, en la muerte, pero que no quieren precipitarla. Hay que proteger el futuro de millones de enfermos que se convertirán en una carga para el Estado o para algunos familiares que a lo mejor a la larga no están dispuestos a pasar por esa prueba.

Por ejemplo, que una persona padezca alzheimer y no sepa quién es y no reconozca a sus familiares, no le da derecho al Estado ni a sus familiares a deshacerse de esa persona, salvo en circunstancias en las que ella misma haya expresado su voluntad en un testamento vital, que ya funciona en muchas comunidades autónomas. En este documento, el paciente, en estado de lucidez, deja constancia de su voluntad con relación a los tratamientos médicos a los que desea someterse o no, en caso de enfermedad grave o terminal, y llegado el momento en que no pueda expresarse por sí misma.

El gran debate no está en aceptar o no la eutanasia, que se centra en una muerte digna para los enfermos terminales, y que es una ley que la mayoría de los españoles aceptaría, sino en legalizar el suicidio asistido para esos otros enfermos graves que se han cansado de vivir en sus situaciones límite. Dónde ponemos la barrera entre lo correcto y el exceso. ¿Quién es el dueño de la vida de una persona? ¿Quién decide que ha llegado la hora de la muerte para un enfermo terminal? ¿Los médicos, la familia, el Estado, el propio paciente? El debate no es fácil pero es necesario afrontarlo.

Es muy arriesgado para una sociedad que se basa en el cumplimiento de las leyes, permitir que cunda el ejemplo de Ángel Hernández. Otro ciudadano en circunstancias parecidas podría optar por aplicar el mismo remedio, una dosis de arsénico por compasión, pero sin tener quizá todas las garantías de que esa sea la voluntad real del enfermo.

Pedro Sánchez ha reprochado a PP y Ciudadanos que bloquearan en el Congreso su proposición de ley para regular la eutanasia; pero en esta misma legislatura el PSOE impidió también en dos ocasiones, con su abstención y su voto en contra, que prosperaran sendas iniciativas de despenalización promovidas por IU. Como siempre, los partidos políticos quieren convertir la aprobación de una ley importante en un éxito personal y partidista, en vez de buscar un amplio consenso que beneficie a toda la sociedad y evite las polémicas sectarias.