La Justicia europea se pasa las euroórdenes por el forro de la toga

Nuevo bofetón -¡Y van tres!- para el magistrado Pablo Llarena, y nueva crisis en el Tribunal Supremo tras la decisión de la Justicia belga de cerrar la puerta a la entrega de Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret alegando un defecto formal. Es decir, que el juez belga que tramita la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) aprecia que falta la resolución de arresto española en curso, que no puede ser distinta a la europea y que sin ella no hay entrega posible. Total, un nuevo lío internacional que pone en cuestión a la Justicia española.

El Supremo ha reaccionado con malestar y con decepción. Qué menos si te sacuden donde más te duele. Pero hay algo peor, no ven claro el camino legal para continuar presentando batalla. Unos dicen que el error principal viene de Llarena, al no atender las advertencias de la fiscalía belga ante los defectos de su OEDE. Otros, ven fantasmas vengativos que pululan por Europa esgrimiendo leyendas negras y propaganda separatista contra los intereses de España. Unos terceros, apuntan a una realidad más prosaica pero más real, los catalanes encausados y fugados gozan del privilegio de tener los mejores abogados, en este caso de Bélgica, que se conocen perfectamente las leyes del país, y los resquicios de éstas por donde se pueden colar los argumentos de sus defendidos.

Está claro que los intereses de Comín, Puig y Serret están garantizados y en buenas y caras manos. ¿Pero quién defiende los intereses del Estado español? El simple auto de procesamiento enviado por un juez español con una traducción de poca calidad es el principal amparo de los intereses de España ante la Justicia belga. Además, los abogados de allí conocen bien a los jueces de su país y saben perfectamente de qué pie cojean, y qué es lo mejor para seducir sus decisiones. Y sin duda, un juez belga pondrá más en consideración, sin saltarse las leyes, a lo que le diga y proponga un abogado paisano que un escrito impersonal de un juez remoto de España. El papel de defensor de los intereses españoles le corresponde a la Fiscalía, y ellos también tienen sus más y sus menos a la hora de actuar con sus colegas extranjeros.

En definitiva, la cuestión principal es saber si han hecho bien su trabajo los jueces y los fiscales españoles. ¿Se han preparado correctamente para afrontar con éxito estos difíciles casos? ¿Han visitado a sus colegas, han hablado con profesionales de la judicatura o la abogacía internacional para adaptarse correctamente a los procedimientos del país? Si no lo han hecho hay en ello cierta dejación, quizá proveniente de la arrogancia o de una confianza profesional excesiva: entre bomberos no nos pisaremos la manguera. Tal vez los jueces españoles tampoco han valorado con precisión la influencia de los separatistas fuera de nuestras fronteras, y más en un país como Bélgica tan sacudido por el problema independentista.

Ahora, para mayor desgracia, se puede poner en marcha el “efecto dominó”, y lo que no ha funcionado en Bélgica puede acabar mal también en Alemania. Todo gira en torno a una cuestión: la validez o no de la orden de detención vigente en el territorio nacional, España, a la hora de reclamar la entrega a un país de la UE. Hay precedentes legales que indican que sin orden de detención efectiva en curso en el país de origen del reclamado, no hay entrega posible.

Temiéndose lo peor, el magistrado Llarena remitió el jueves una carta dirigida a la Fiscal Jefe del tribunal alemán –Sra. Führer, tal como suena- responsable de resolver la entrega del ex presidente Puigdemont. El objetivo es convencer con argumentos a la fiscal Führer de que el error es de los belgas y no de España, y que la susodicha orden de detención nacional ya está interpuesta dado que va implícita en el auto de procesamiento del 21 de marzo de 2018. ¿Lo aceptará la fiscal alemana? ¿Recibirá otro corte de mangas judicial el magistrado Llarena?

De lo que no hay duda, es de que la Justicia europea, por un motivo u otro, se está pasando todas las euroórdenes de España, en materia de fugados independentistas, por el forro de la toga. Y por desgracia, se está debilitando la imagen de la Justicia española, la misma que en breve deberá juzgar a los políticos secesionistas. Tener dos varas de medir, una europea que absuelve y otra española que condena, sería una catástrofe difícil de entender, aunque tuviera su lógica y su explicación judicial.

Las “balas” procesales del juez Llarena se están agotando, y tendrá que afinar más sus escritos y sus procedimientos si no quiere llevarse un nuevo varapalo y perjudicar a la causa. Los delitos cometidos, aunque sólo están en fase de instrucción, son bastante claros: cargos públicos incumpliendo las leyes e intentado crear una legalidad paralela. Pero hay que argumentar muy bien los hechos y los motivos -¿rebelión o sedición?-, sobre todo cuando el proceso ha entrado en conflicto con los ordenamientos jurídicos de otros países. No sólo está en juego la imagen de la Justicia española, sino el futuro y la solidez de la democracia y la unidad territorial.