Todo empezó con Valle-Inclán presidiendo la sesión constitutiva del Congreso en su XIII Legislatura. Pero era solo un espejismo temporal. En realidad, las barbas luengas y blancas no pertenecían a don Ramón María sino al diputado de mayor edad, el socialista Agustín Javier Zamarrón, que se encargó de dirigir el denso tráfico de sus señorías a la hora de votar y de controlar los escrutinios. Pero la presidenta electa de la Cámara legislativa es, desde este martes, la catalana Meritxell Batet, que consiguió proclamarse en segunda vuelta, ya que a las primeras de cambio se quedó en 175 votos, uno menos de la mayoría absoluta.
Esta cifra, la del 175, puede que marque el perfil de esta compleja y terrible legislatura que se avecina. Batet fue elegida con los votos de PSOE (123), Podemos (42), PNV (6) Coalición Canaria (2), Compromís (1) y el PR de Cantabria (1). Una suma que no da para la investidura de Sánchez, ya que los canarios han vetado a Podemos. Veremos cómo consiguen doblegar el brazo de ERC.
En honor a la verdad, la constitución de las cámaras se convirtió en un espectáculo bastante lamentable. No solo por el caos que se organizó a la hora de votar, sino sobre todo por la presencia anómala y estridente de cinco miembros electos que están en prisión preventiva y este martes votaron en las cámaras. Además, a esta peculiar presencia de presos, que no augura días felices ni gloriosos para el Congreso ni el Senado, hay que sumarle que dentro de cuatro días hay nuevas elecciones, una circunstancia que hace que todos los partidos se la cojan con papel de fumar.
El hecho de que la encargada de dirigir esta endiablada legislatura sea la catalana Batet tiene varias lecturas. De entrada, nos enteramos de su nombre el mismo día que se daba el de Manuel Cruz, presidente del Senado, también catalán y que sustituía al "castigado" Miquel Iceta. La doble ración de catalanidad en las cámaras se podía entender como un arranque de orgullo de Pedro Sánchez, que ante el veto a Iceta, se empeñaba en colocar a dos miembros del PSC en las más altas instituciones del Estado.
La otra lectura es más preocupante, ya que se interpreta como un gesto de “moderación y complacencia” ante el sector independentista. Meritxell Batet, que ha sido ministra de Política Territorial, se ha definido en múltiples ocasiones como partidaria de un “modelo federal” para España, y abogó por una reforma de la Constitución “urgente, viable y deseable”. Y siempre que ha hablado de una salida a la crisis catalana lo ha hecho sin pelos en la lengua. Hasta el punto de abogar que no haya políticos catalanes en la cárcel -“Para hacer política en Cataluña, sería mejor que no hubiera presos”- ha dicho en más de una ocasión; y que el alabado indulto sólo era un “desiderátum”, ya que el proceso judicial está todavía abierto.
Las relaciones con Cataluña serán un talón de Aquiles para el Gobierno de Sánchez y para la presidenta del Congreso, que deberá manejar con sutileza y mano izquierda unas situaciones nada fáciles, si quiere cumplir correctamente su papel de garante de la Constitución. En esta jornada, precisamente, no empezó con muy buen pie su mandato, ya que los cuatro políticos presos, Oriol Junqueras de ERC, Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull de JxCAT, prometieron la Constitución por imperativo legal y "por la libertad de los presos, los exiliados y la república catalana". Otra de las modalidades fue "Con lealtad al mandato democrático del 1 de octubre y al pueblo catalán, por la libertad de los presos y exiliados, por imperativo legal, prometo". Las quejas y abucheos de los diputados del PP, C’s, Vox y algunos otros cuando votaban los políticos presos se hicieron notar en el hemiciclo, pero la recién estrenada presidenta de la cámara, Batet, se hizo la sueca y permitió que unos gritaran y que los otros votaran apelando a lo que les apeteciera.
Pero el plato fuerte está todavía por servirse. El artículo 21.1 del Reglamento del Congreso y el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal exigen suspender a los cuatro diputados independentistas presos, pero Batet ha comunicado a los periodistas que antes de tomar esa decisión tiene que comunicarle al Rey Felipe VI la constitución del Congreso, y que luego se sentará a leerse los informes sobre esta cuestión que le han preparado los letrados del Congreso. PP, C’s y Vox han registrado una petición para inhabilitar a los diputados presos, como ha pedido en su escrito a la mesa el propio Manuel Marchena, presidente de la Sala II del Supremo que les está enjuiciando.
Hasta la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, ha reconocido en la SER que van a ser inhabilitados. ¿Pero cuándo? Esa es la clave. Todo el mundo lo afirma y lo espera, pero nadie le pone el cascabel al gato, ya que hay muchos intereses en juego, sobre todo para el PSOE. Sin ir más lejos, hay unas elecciones el próximo domingo y el victimismo catalán funciona muy bien en las urnas; además, el socio preferente de Sánchez, Podemos, rechaza que los presos catalanes sean inhabilitados en los próximos días, a todos les interesa que pase el 26-M.
Por si fuera poco el postureo, a Meritxell Batet no le apetece estrenarse en su cargo inhabilitando a los políticos presos que tanto ha respaldado. Y no olvidemos, que Pedro Sánchez tiene pendiente su investidura y necesita la abstención de ERC para que pueda ser elegido en segunda vuelta, si no quiere que su futuro se complique. Como ya se ve de entrada, nos espera una complicada legislatura en la que la presidenta de la cámara tendrá que demostrar si es capaz de aplicar el reglamento y la Ley, a pesar de que su corazón le dicte lo contrario, al menos con los independentistas.
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