Ómicron aprieta las tuercas del covid un poco más

¿Qué hacemos con el repunte generalizado de casos de Covid y con la llegada por sorpresa de su variante sudafricana? ¿Nos alarmamos y nos amargamos la vida como piden algunos, o nos lo tomamos con más calma y seguimos con los planes de ocio y diversión previstos para el puente de la Constitución y las fiestas de Navidad? Ojalá alguien lo tuviera claro. Pero lo cierto es que volvemos a la sensación de que estamos perdidos y desorientados ante un problema que parece no estar controlado. Y para colmo de males, el Gobierno de la nación sigue con su habitual estilo de ponerse de perfil ante los problemas importantes, en este caso el Covid, y prefiere endosárselo a las Comunidades Autónomas; y seguir sin actualizar la ley de Sanidad, por mucho que se lo reclamen los sanitarios y los demás partidos políticos.

Hace unos días las bolsas de medio mundo se vinieron abajo y el ánimo social que parecía despegar también pegó un frenazo y puso la marcha atrás. Demasiada información sin contrastar, demasiadas redes sociales provocando alarmismo, demasiado ruido entorpeciendo la información profesional de los epidemiólogos. Lo que está claro es que el Covid no se ha ido ni piensa hacerlo, de ahí que sea inteligente acostumbrarse a su presencia, y aunque sin alarmarse más de la cuenta, hay que seguir tomando precauciones para minimizar los riesgos. Pero claro, los políticos deberían ser los primeros en echar un cable en esta tarea de mantener la calma y no lanzarse por la pendiente de asustar al personal porque eso sea, en teoría, lo más prudente -desde el punto de vista estratégico- y lo más seguro para quitarse responsabilidades futuras de encima.

Lo digo por lo que ha declarado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, que no es una señora cualquiera, dicho sea de paso. Según ella, “lo mejor es tener esperanza, pero debemos prepararnos para la peor”. Toma ya declaración precipitada y poco ponderada: ¡Prepárense para lo peor! Dicho así, sin anestesia, y en boca de la presidenta europea, causa realmente pavor. También es cierto, jugando con la estrategia de dar una de cal y otra de arena, que Von der Leyen añadió que “la UE está en el lado seguro” (menos mal que no dijo en el lado oscuro) por su alta tasa de vacunación, y ha vuelto a presumir del contrato firmado con BioNTech/Pfizer para que suministre a los países europeos 1.800 millones de vacunas, una cifra nada desdeñable. Además, el contrato incluye una cláusula que exige que las nuevas vacunas se adapten a las mutaciones en un plazo de 100 días. No es para tirar cohetes (o sí, comparado con otros continentes como el africano) pero digo yo que basta con informar correctamente -algo no fácil en estos tiempos- sin atemorizar a la población más de lo necesario.

Es cierto que muchos países de Europa -Alemania, Holanda, Austria, etc.- están mucho peor que España, pero el mayor grado de contagio que presenta la nueva variante Ómicron, aunque se controle Barajas y otros puntos de entrada, puede marcar la tendencia de las próximas semanas -incluida la Navidad- si no se consigue vacunar a esos cuatro millones de españoles que siguen huyendo del pinchazo por miedo, por negacionismo o por simple desidia. La vacuna no es garantía absoluta pero reduce en gran medida los síntomas y las posibilidades de contagio. Aunque con la nueva Ómicron no está del todo estudiado y por tanto no están garantizados sus efectos positivos. Puede sonar a eso de río revuelto, ganancia de farmacéuticas, pero varios laboratorios han anunciado que ya están investigando con la nueva variante, y en caso de ser necesaria alguna modificación los fabricantes dicen que en 150 días podrían actualizar las vacunas para hacer frente al Ómicron.

Quizá existan algunos ciudadanos, espero que pocos, que critiquen el afán productivo y rentable de las farmacéuticas, pero es mucho más sano -nunca mejor dicho- que una empresa que sabe que puede ayudar al prójimo y obtener buenos beneficios se esfuerce y corra para conseguirlos, en beneficio de todos, claro. En lugar de tener una empresa pública que no se juega nada, bueno sí el prestigio y el honor, pero eso ya sabemos que alimenta poco a la hora de la verdad. No digo que lo público no sea necesario, todo lo contrario, pero la investigación farmacéutica cuesta mucho dinero y las únicas que aprietan el acelerador -porque hay ganancias en ello- son las empresas privadas.

Dicho esto, dejemos el lado sanitario y adentrémonos en el lado político y legal, para descubrir que el Gobierno central -gracias a su dejadez a la hora de actualizar la ley- lo tendrá complicado para establecer medidas de control restrictivas en cuanto a derechos fundamentales, si ello fuera necesario. Las dos sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional sobre el primer y segundo estado de alarma limitan esa acción del Ejecutivo a la hora de imponer confinamientos. Las comunidades autónomas tampoco lo tendrán más fácil para aplicar medidas que combatan los posibles avances del virus. Ya sé que no hay que alarmar al personal, pero sí hay que explicar con claridad como están las cosas para que luego la sociedad -usted- tome las decisiones que considere teniendo la mayor y mejor información posible.