Domingo, 19.05.2019 - 15:24 h
En mi molesta opinión
Analista político

¿Volverá Cataluña a ser una autonomía leal al Estado español?

La precampaña electoral y el juicio al procés independentista cabalgan en paralelo. Cada “película” tiene sus protagonistas estelares y sus declaraciones impactantes, no aptas para todos los públicos. Mientras tanto, los espectadores, la sociedad española, mira de reojo a ambas 'pantallas' sin tener demasiado claro cuál será el final de uno y otro 'thriller'. Aunque cada ciudadano guarda en su trastienda mental sus preferencias, estos días está teniendo mayor protagonismo, al menos mediático, la sala de plenos del Tribunal Supremo con la visita excepcional de algunos políticos famosos como testigos, entre ellos Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, Cristóbal Montoro, Íñigo Urkullu, Joan Tardà o Gabriel Rufián.

Todos ellos acudieron como ilustres 'vedettes' de la política al abrevadero testimonial de un proceso legal que mezcla los aspectos jurídicos con los políticos, o al menos eso es lo que pretenden los abogados de las partes. Su mera presencia como testigos daba alas al espectáculo y a los intereses de los implicados, en concreto a la acusación popular de Vox, que quiere sacar su tajada política del acontecimiento jurídico, y a la defensa de los acusados, que también quiere, como es lógico, barrer para sus intereses, casi siempre más políticos que jurídicos, ya que es el terreno en el que mejor se mueven sus argumentaciones, dados los hechos acaecidos en septiembre y octubre de 2017.

Pero las conveniencias de todos ellos han chocado estos días con el criterio del impertérrito juez Manuel Marchena, que se está convirtiendo en la estrella involuntaria de este proceso, en el cual no se cansa de poner orden y a cada parte en su sitio. La sala, encabezada por su presidente -y constituida por seis magistrados más-, tiene muy claro que la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su artículo 709, expone sin ambages que es el juez el que debe dirigir el interrogatorio, evitando que se formulen preguntas inútiles, sugestivas o capciosas, de tal manera que no se transformen en prueba de cargo.

En pocas palabras, un juicio, por mucho que se retransmita en directo, no es una entrevista televisiva y sus protagonistas no están allí para lucirse con sus preguntas o respuestas, sino para sacar a relucir la verdad de los hechos. De ahí que el juez Marchena, sin perder su tono didáctico, se emplee a fondo a la hora de corregir a los abogados, fiscales, acusados o testigos. Como bien recordó, la política y la justicia no son la misma cosa, y los interrogatorios deben enfocarse para alumbrar el criterio del tribunal: "No intente convencer al testigo. Trate de convencernos a nosotros", le dijo a uno de los abogados que interrogaba a Rajoy.

Aún hay mucha tela por cortar en este histórico juicio, pero de momento y tras oír a bastantes testigos, va quedando claro que hubo una agresión directa al Estado injustificada y unilateral, y que los promotores, la mayoría de ellos sentados hoy en el banquillo, eran conscientes de la ilegalidad que cometían. Incluso hemos sabido que la Generalitat, presidida por Puigdemont, se gastó 17 millones de euros para poner en marcha la Hacienda catalana, por si triunfaba la independencia.

A partir de los hechos enjuiciados y demostrados, el alto tribunal tendrá que precisar qué conductas son constitutivas de delito, y a quién se le atribuye la responsabilidad penal. Puede que haya también matizaciones y explicaciones, como las que dio el lehendakari Urkullu, que no tengan mucho peso en el proceso judicial pero sí pueden servir para comprender un poco más todo lo que sucedió en Cataluña aquellos días de septiembre y octubre de 2017.

Si bien existía una especie de hoja de ruta que conducía a la realización del referéndum ilegal del 1-O, no estaba claro ni decidido qué podía o que debía suceder a continuación. La proclamación de la independencia fue producto de un total desbarajuste político, encabezado por el Ejecutivo de la Generalitat con Puigdemont como guía ciego, que según Urkullu no supo frenar la presión social que ejercieron los ciudadanos partidarios de la independencia, que a su vez fueron utilizados y alentados por los propios políticos para presionar al Gobierno de Madrid.

Una vez puesta en marcha la espiral de desobediencia política y jurídica, nadie supo qué hacer para desactivarla. El miedo a la reacción social y la lucha política entre los partidos por capitalizar el independentismo, provocó que ninguno tuviera las agallas para intentar frenar el desastre que se avecinaba. Nadie quería cargar con el sambenito de ser el traidor del procés. El Govern se encontró entre la espada (de la Justicia) y la pared (de la presión popular), y optaron por enfrentarse a la espada.

Sin embargo, a la inmensa mayoría de los españoles no les preocupa tanto saber cómo terminará este mega juicio contra los líderes políticos del independentismo, en buena medida porque confían en el tribunal y esperan que actúe con equidad y justicia, por mucho que arrecie la propaganda contraría dirigida por Puigdemont y Torra. A los españoles, lo que de verdad les preocupa es saber qué sucederá en Cataluña una vez termine el juicio. Saber cuál es el futuro inmediato de esta tierra hermana que pasa por una situación crítica. ¿Volverá a ser Cataluña una autonomía leal al Estado? ¿Volverá la convivencia pacifica entre los ciudadanos catalanes? ¿Volverá a ser Cataluña una tierra próspera y pacífica, y uno de los motores económicos de España?

Las respuestas están en el viento y en el tiempo. De momento está claro que si se siguen buscando las soluciones habituales no se conseguirán resultados nuevos ni buenos, y lo hecho hasta ahora ha servido de bien poco o de nada. El diálogo de sordos practicado hasta hoy, incluido el pretendido por Pedro Sánchez, no conduce a ninguna solución factible. Existe el convencimiento de que Quim Torra, teledirigido por Puigdemont, volverá a intentar proclamar la DIU -Declaración de Independencia Unilateral-, y ello acarreará la aplicación de un nuevo 155.

El problema real está en que esta generación de políticos catalanes parece ya agotada y bloqueada por sus ideas radicales y por sus intereses particulares. Si no se rompe el círculo vicioso de querer conseguir por la fuerza de los hechos lo que no se puede conseguir por la fuerza de las leyes, Cataluña se sumirá en una gran depresión social y económica, de la que se resentirá toda España. Volver a la senda de la concordia depende de la voluntad y la inteligencia de todos los políticos, y esta última facultad escasea en todos los partidos.

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