Un caballo de Troya llamado Función Pública

El diccionario de la RAE define 'caballo de Troya' como «la persona o cosa que se introduce en una colectividad, o en un proceso, con la intención oculta de causar algún perjuicio» y el término 'troyano' como «virus informático que se introduce en el ordenador y destruye todo».

En la Administración pública se está produciendo una situación inédita desde la llegada de la democracia, que tiene como causa que Función Pública -antes era un ministerio y ahora está integrado en Hacienda- está actuando como un auténtico caballo de Troya que va a destruir los cimientos sobre los que se ha ido asentando la actual Administración profesional e independiente. Una diferencia importante entre la actuación de Función Pública y el caballo de Troya original es que éste fue un regalo del enemigo, con soldados en su interior para destruir la fortaleza, y este de ahora actúa desde dentro, ejerciendo sus facultades legales.

Este caballo de Troya denominado Función Pública lleva en su barriga tres armas muy destructivas: los sistemas de acceso por oposición, la promoción interna y la proliferación de los funcionarios interinos.

En el caso de las oposiciones, mucho se ha escrito y protestado contra el nuevo sistema en el que se desprecia el esfuerzo y conocimiento, y se da un salto en el vacío al decir que se van a valorar habilidades y competencias, circunstancias que no pueden ser medidas de forma objetiva, y que darán lugar, conociendo a nuestros políticos, a que realmente lo que se va a valorar es la afinidad política del candidato al puesto, o la existencia del padrino de turno, sin cumplir, por tanto, los requisitos constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

Se ha conocido recientemente el caso del familiar de un político catalán que hizo un examen, y después dio un salto milagroso de la nota de ese examen a la nota final, gracias a una entrevista. Los promotores de este nuevo sistema de acceso alegan falsos objetivos, como el de democratizar las oposiciones, entendiendo por «democratizar» que todos puedan acceder sin esfuerzo ni exámenes difíciles. Crean de esta forma falsas expectativas de que todos los españoles, mediante un examen tipo test y una evaluación subjetiva de habilidades y competencias que, por otra parte, nadie sabe qué significa, van a poder ser inspectores de Hacienda, notarios, jueces, interventores, etc.

La segunda arma escondida en el caballo de Troya es el sistema de promoción interna. En este tema, Función pública se ha aliado con determinados sindicatos para modificar el sistema para que los funcionarios puedan cambiar de un cuerpo inferior a otro superior por mera antigüedad, sin tener que demostrar los conocimientos necesarios para ello. De esta forma, se pretende hacer creer que, por ejemplo, los 25.000 funcionarios que tiene actualmente la Agencia Tributaria van a llegar a ser inspectores de hacienda, algo evidentemente imposible. Pero con ese teórico regalo, de momento, se consiguen afiliados y votantes.

La tercera arma que oculta este caballo de Troya es la existencia de funcionarios interinos, figura que la normativa vigente define como funcionarios que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales con carácter temporal-máximo tres años- para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, y sólo cuando se den determinadas circunstancias.

La realidad ha demostrado que se ha abusado de esta figura y que se ha incumplido la normativa, porque en muchos casos, los funcionarios interinos han estado décadas y han llegado, incluso, a jubilarse como interinos. Sobre esta situación, la Unión Europea nos ha llamado la atención, y por ello se aprobó recientemente la normativa para hacer funcionarios de carrera a miles y miles de interinos. A pesar de ello, cada vez hay más interinos, y de esta forma se está consolidando otra forma de acceso a la Administración, ya que, de una manera u otra, estos serán funcionarios de carrera sin haber aprobado la oposición.

Y aún hay más, y es que se pretende generalizar el sistema introduciendo este tipo de funcionarios en organismos y cuerpos en los que no está justificada su existencia, como es el caso de la Agencia Tributaria. Cabe recordar que ya se han publicado convocatorias, como la del Cuerpo Técnico de Hacienda, en las que, por primera vez, se obliga a los tribunales de oposiciones a elaborar una lista de opositores que no hayan aprobado, para poder nombrarlos posteriormente como funcionarios interinos.

Se quiere ir tan lejos que, en estas convocatorias, aparte de no justificar el motivo de la necesidad o urgencia que exige la normativa, se incumple también el requisito exigido en el Estatuto del Empleado Público de que el ejercicio de las funciones que impliquen el ejercicio de las potestades públicas tiene que ser ejercido por funcionarios de carrera, y, por tanto, no se pueden nombrar funcionarios interinos en órganos como la Inspección de Hacienda o la Inspección de Trabajo.

Resulta sorprendente que la Agencia Tributaria calle ante esta situación y no ejerza la independencia que le otorga su ley de creación y que expresamente dice que la AEAT “elaborará y aprobará de forma automática su oferta de empleo público y el régimen de acceso a los Cuerpos, Escalas y Especialidades que se le adscriben, incluidos los requisitos y características de las pruebas para acceder a los mismos de acuerdo con sus necesidades operativas, las vacantes existentes en su relación de puestos de trabajo y sus disponibilidades presupuestarias”.

Si alguien considera que lo anteriormente expuesto es una exageración, solo tiene que examinar las convocatorias de oposiciones que se van publicando en el BOE, así como el contenido del anteproyecto de Ley de Función Pública presentado hace unos días por el Gobierno, en el que se reflejan algunas de las medidas aquí comentadas, y otras nuevas, como la habilitación que se le da al Gobierno para que en el plazo de seis meses pueda llevar a cabo una sistematización de los cuerpos y escalas, ordenándolos en subgrupos, y pudiendo crear o modificar los existentes a tal objeto. Eso sí, se dice que en el futuro esas modificaciones solo podrán hacerse por ley. ¡¡A saber lo que tienen en mente con esta medida¡¡

Parece mentira que Función Pública no haya puesto remedio en los últimos años a los males que aquejan a la Administración pública, siendo la principal responsable de una evidente falta de planificación de los recursos humanos necesarios, y que ahora, para remediar esos males, se invente medidas que va a terminar con una Administración pública profesional e independiente, tal como la conocemos ahora.

Ante la gravedad de la situación y ante la actitud de Función Pública, que evita reunirse con las partes a las que principalmente afectan estas medidas – lo que constata su desprecio e indiferencia a las opiniones en contra de muchos sectores de la sociedad –, únicamente queda desenmascarar sus verdaderas intenciones en los medios de comunicación y ante la opinión pública, y, además, ganarle el tema en los tribunales, dada la catarata de recursos que se han interpuesto, y que se van a seguir interponiendo en el futuro. Un desaguisado de esta magnitud no permite otras reacciones.