No es oro todo lo que reluce en la Agencia Tributaria

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha logrado tras treinta años desde su nacimiento un importante reconocimiento nacional e internacional por la gran labor que realiza en la aplicación del sistema tributario, un trabajo imprescindible y esencial para financiar nuestro sistema de bienestar.

Pero las percepciones que sobre ella se tiene varían según la persona o entidad que efectúe la valoración. Al ciudadano de a pie le asusta cualquier notificación que reciba de la AEAT, aunque valore de forma positiva la atención que recibe, según reflejan todas las encuestas. A los posibles defraudadores sofisticados, entre los que están las grandes empresas nacionales y multinacionales, no les preocupa mucho la reacción de la AEAT, puesto que disponen de asesoramiento altamente especializado. Conocen, además, el lento proceder de la Justicia en caso de conflicto, por lo que esperan que en un Tribunal u otro le den la razón al cabo de muchos años. A los defraudadores más recalcitrantes tampoco le intranquiliza en demasía la reacción de la AEAT, al ser sabedores de que resulta improbable que se les descubra, dados los escasos medios humanos de los que dispone, y al tener ya el camino preparado de testaferros y otros instrumentos para evadirse del pago de la deuda, en el supuesto de que finalmente se le pillara, tanto en la fase de inspección como en la de recaudación.

Respecto de la reacción de la AEAT ante esas diferentes conductas defraudatorias, recordemos que a ella no se le escapa ni un solo euro de las rentas controladas y del pequeño contribuyente; que el fraude fiscal de carácter organizado es su asignatura pendiente; y que, en relación con el control del fraude de carácter sofisticado de las grandes empresas y grandes patrimonios de nuestro país, en los últimos tiempos se están dando pasos muy peligrosos, que van a llevar a la politización en su comprobación.

Para entender la afirmación anterior, es bueno recordar que en la AEAT la mitad de los cargos directivos se eligen mediante el sistema denominado de libre designación, situación esta que incumple la normativa vigente puesto que el sistema normal de provisión de los puestos de trabajo es el concurso de méritos, dejando reservados los puestos de libre designación sólo para puestos de confianza.

De todos es sabido que, ante cualquier cambio de Gobierno, y sobre todo si éste cambia de signo político, en la AEAT se produce una catarata de ceses y nombramientos, algunos sin ninguna justificación. En muchas ocasiones se cesan a excelentes profesionales, simplemente porque los que llegan tienen que colocar a los suyos, primando los criterios de amistad o de afinidad política, a pesar de que los Tribunales han determinado que los principios de igualdad, mérito y capacidad se tienen que cumplir también en la provisión de este tipo de puestos. Pero aún así, no se puede generalizar, puesto que muchos de los Inspectores de Hacienda que ocupan cargos de libre designación son excelentes y brillantes profesionales, con trayectoria y calidad demostrada.

Lo que resulta criticable es que la AEAT haya dado un paso más al haber decidido que sean también de libre designación los puestos que ocupan los Inspectores de Hacienda que comprueban las grandes empresas nacionales y multinacionales, así como a los grandes patrimonios, cuya competencia está atribuida a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes. Estos puestos son de carácter exclusivamente técnico y deben ser desempeñados por personas con amplia experiencia y conocimientos, y, además, suponen, el último escalón al que pueden aspirar los inspectores con más méritos en su carrera profesional. Pues bien, a partir de ahora, la AEAT ha decidido no solo que estos puestos se cubran también por el sistema de libre designación, sino que, además, los ocupen de forma automática los altos cargos que cesen en otros puestos de libre designación o en situación de servicios especiales, sin ningún tipo de publicidad ni de convocatoria.

¿Y cuál es la consecuencia directa de esta decisión? No es ni más ni menos que, en algunos casos, las inspecciones de las grandes empresas se van a efectuar por personas que no han acreditado los méritos necesarios para efectuar dichas comprobaciones, y su único mérito ha sido haber desempeñado un cargo de confianza, al que podría haber llegado solo por circunstancias de amistad o políticas.

Consecuencia de todo ello es que la politización de la comprobación de las grandes empresas está servida, porque la efectuarán inspectores de “una cuerda o de otra”, haciendo un flaco favor con estas decisiones al servicio público.

Pero lo anterior es solo un botón de muestra de la deficiente política de recursos humanos que desde hace años se lleva a cabo en la Agencia Tributaria. Recordemos otras situaciones, como su falta de reacción ante ataques injustificados sufridos por Inspectores en el desarrollo de su trabajo; que inspectores recién ingresados sean nombrados para el puesto de Delegado de la AEAT, o que estén resolviendo casos en los Tribunales Económico administrativos inspectores sin la experiencia necesaria. Por último y muy preocupante es la inexistencia de concursos de traslados desde 2014, con las graves consecuencias que provoca dicha situación, sobre todo familiares.

En resumen, en la AEAT no es oro todo lo que reluce. Y lo peor de todo es que las deficiencias que se han mencionado son perfectamente conocidas por la Dirección de la AEAT, que no solo no actúa para cambiar la situación, sino que ahora da otra vuelta de tuerca en aras de un mayor peligro de politización en la comprobación de las grandes empresas y de las grandes fortunas del país.