Cambio de rumbo en la Agencia Tributaria

Acaba de publicarse en el BOE del 28 de enero de 2020 el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2020, que gira en torno a cinco pilares básicos: la información y asistencia al contribuyente, el fomento del cumplimiento voluntario y prevención del fraude; la investigación y las actuaciones de comprobación del fraude tributario y aduanero; el control del fraude en fase recaudatoria, y la colaboración entre la Agencia Tributaria y las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas.

Se observa en las directrices de dicho plan que, si bien sigue la tendencia de los aprobados en años anteriores, incorpora nuevas líneas de actuación necesarias, como el desarrollo de un nuevo modelo de asistencia al contribuyente mediante la creación de las denominadas Administraciones de asistencia Digital Integral (ADIs); nuevas aplicaciones de ayuda, como el PRE-303 de ayuda para la cumplimentación del modelo de IVA (303); la depuración del censo para dar de baja a las sociedades inactivas o con escasa o nula actividad; o la implantación de mecanismos informáticos que permitan un mejor control de mercancías en las Aduanas.

Entre las líneas de actuación prioritaria son especialmente interesantes las actuaciones contempladas para comprobar las bases imponibles negativas a compensar y deducciones pendientes de aplicar declaradas en el Impuesto sobre Sociedades, las rentas obtenidas por artistas y deportistas no residentes que actúan en territorio español, las operaciones realizadas con criptomonedas, y las actuaciones en relación con la prevención y represión de los delitos del contrabando, narcotráfico y blanqueo de capitales.

Ahora bien, si el correcto diseño de los riesgos fiscales es una de las características de este Plan de 2020, como lo fue en los anteriores, la novedad más importante de este año es que es el primero publicado después del Plan Estratégico que la AEAT aprobó en el año 2019, y que va a regir su actuación en los próximos años con una visión global y carácter plurianual. Esto supone pasar de unos objetivos anuales y cortoplacistas a otros plurianuales, cambio que atiende las quejas de los Inspectores de Hacienda en el sentido de que se establecían unos objetivos anuales excesivos, cuyo fin principal era superar a los del año anterior, para poder ofrecer unos resultados brillantes a corto plazo. Esto, unido a la necesidad imperiosa de conseguir importantes cifras de recaudación año tras año para paliar los efectos de la crisis, ha determinado que podamos hablar de un modelo de control agotado.

Otras novedades importantes se refieren a la medición del impacto de las actuaciones sobre el comportamiento fiscal de los contribuyentes en el futuro, y a la publicación en el Portal de Transparencia (y en el propio Portal de la Agencia Tributaria) de documentos e informes que hasta ahora no eran conocidos, como los propios indicadores del plan Estratégico, el Plan Anual de Objetivos, y los informes del Servicio de Auditoría Interna sobre la evolución de los indicadores estratégicos y el grado de cumplimiento de los objetivos anuales. Dicha información será, asimismo, enviada al Parlamento.

Con estas nuevas medidas, la AEAT dice que pretende formalizar una especie de contrato con el Gobierno, con las Comunidades Autónomas que forman parte de sus órganos directivos, con las Cortes Generales y con el conjunto de los ciudadanos, en el que se reflejan los compromisos que deben ser objeto de seguimiento para que la rendición de cuentas sobre su grado de cumplimiento sea efectiva. Debería seguir profundizándose en este camino para que la AEAT sea una Administración tributaria de todos y para todos, y ello fuera el reflejo del contenido del futuro Estatuto que se aprobara con el consenso de todos.

Esperemos que todas estas novedades no queden en meras intenciones reflejadas en unos documentos, y que se hagan realidad, lo que supondría un cambio de rumbo de la AEAT para mejorar el importante servicio que presta a los ciudadanos en la aplicación del sistema tributario. Pero, sobre todo, de su asignatura pendiente, que es hacer pagar los impuestos a los que no quieren hacerlo. En este sentido, aunque se manifiesta que el objetivo principal es el fomento del cumplimiento voluntario, hay que señalar que también lo ha sido en los últimos años, y las cifras de fraude no han disminuido significativamente, por lo que en el futuro habría que prestar una especial atención a la dotación de los recursos humanos y medidas legales necesarias para reducirlo.

En resumen, podemos decir que el cambio de rumbo iniciado por la AEAT se considera muy positivo, y debería complementarse con otras medidas legales para combatir el fraude fiscal, como la ley contra el fraude anunciada por el Gobierno, o la reforma del delito fiscal en el Código Penal para que tenga un verdadero efecto disuasorio.