Crisis 2008: La responsabilidad de una Comisión parlamentaria

A veces los diputados no son conscientes de lo importante de su función. Las comparecencias ante la Comisión del Congreso que investiga la Crisis de 2008 pasaron con más pena que gloria durante los meses pasados. Hace diez años de esa crisis y cinco del inicio de la recuperación y no se ha creado un debate público suficiente. No basta con que se debata en el Congreso o en las estancias académicas o especializadas.

Porque la naturaleza de los acontecimientos económicos de entonces, en mi opinión, no es calibrada de manera adecuada por los ciudadanos. Sus consecuencias han sido: a) bajada del PIB que no se ha recuperado hasta finales de 2017; b) pérdida de empleo y aumento del paro, que se reduce lentamente con su efecto negativo en el mantenimiento de las pensiones; c) endeudamiento del Estado, que ronda el 100% del PIB; d) aumento de las desigualdades económicas y sociales, que se intentan paliar con el aumento de los salarios empezando por el del SMI de estos años; e) la consiguiente aparición de los populismos políticos y la irresoluta cuestión catalana; .... Estos son los efectos más patentes de la Crisis de 2008 cuya causas son de dos tipos. Las técnicas que son las burbujas financieras e inmobiliarias, nacional e internacional con sistemas perversos de incentivo económico. Las ético-morales que fueron la irresponsabilidad y, en algún caso, la corrupción, de los agentes económicos, reguladores y gubernamentales.

Por la Comisión que preside la diputada canaria Ana Oramas han pasado expertos, responsables del Banco de España de instituciones de esa época y posterior. La verdad es que con escasa repercusión mediática tapada por la crisis catalana. Pero para enero y febrero quedan los platos fuertes: Rato, los ministros y responsables de CNMV, secretarios de Estado de la crisis y posteriores, y hasta el actual Ministro de Economía, Luis de Guindos. Incluido el Presidente Rodríguez Zapatero.

Como el tema catalán va a seguir en el candelero, es posible que a pesar de lo mediático de algunos de los comparecientes, las discusiones de la Comisión sigan siendo noticia sólo de páginas especializadas y medios económicos. Algo malo cuando todo lo que ahora nos preocupa tiene su origen en aquellos polvos que han traído estos lodos. Sin un amplio debate, no sólo parlamentario, sino también público, en el que se analicen las causas reales de la debacle, seguiremos dando palos de ciego.

Sin ese debate los ciudadanos, espoleados por los populismos, seguirán acusando de sus desgracias a la “casta”, en palabras de Podemos o el Estado opresor según los independentistas. Una simplificación, en forma de eslogan, que no lleva a ninguna parte, salvo a favorecer el voto a Iglesias, Colau, Puigdemont y similares. Porque hace falta un proceso pedagógico en el que se distingan las virtudes del sistema económico propio de las democracias de los errores y delitos cometidos por algunos de sus responsables. Además de descubrir cómo impedir estos últimos en el futuro. Sin ello se acusa indiscriminadamente al conjunto y se buscan soluciones utópicas propias de los populismos nacionales o locales.

El pasado es importante. Conocerlo es básico para descubrir cómo no cometer errores. Pero el futuro es vital. Encontrar soluciones técnicas y éticas y recuperar el sentido común es necesario para afrontarlo. El trabajo de la Comisión parlamentaria debería ser servir de altavoz para ambas cosas. Su misión más que sacar conclusiones concretas es lanzar el debate. En enero y febrero veremos si la cumple. La responsabilidad de Ana Oramas, su Presidenta, es alta. No se si todos los miembros de la Comisión son conscientes.