Miércoles, 20.02.2019 - 23:45 h
vicepresidente de la Fundación Renovables.

La estabilidad regulatoria 'is coming'

Es notorio que el rumbo del Gobierno de España en muchas cuestiones que tienen que ver con energía y sostenibilidad ha cambiado de forma sustancial. También es cierto que a muchos nos gustaría que el grado de intensidad aún fuese mayor, pero ese no es el debate que traigo hoy aquí.

Una de las medidas más esperadas por el sector renovable en su conjunto era la de fijar un suelo a tanto recorte extenuante a inversiones que, en su día, se prometieron bajo la garantía del Estado. Y esta decisión, parece haber asomado la patita con el final de año.

El Gobierno ha decidido lanzar un anteproyecto de Ley por el cual la retribución de las instalaciones renovables en funcionamiento antes de 2013, que en el caso de muchos pequeños operadores familiares había sufrido recortes de más del 40%, no se rebaje otro 20% el año que viene, tal y como preveía la envenenada norma que había diseñado el anterior ministro.

En unas pocas líneas me gustaría explicar el calado real de dicha medida. Por un lado, sin duda alivia a las decenas de miles de pequeños productores (supervivientes) que, por arte de 'birlibirloque', miraban con agonía un nuevo destrozo de sus patrimonios; por otro, liquida una tendencia de inestabilidad en el sector de la inversión en activos españoles que permite atisbar nuevos bríos y menos temores a sablazos retroactivos por parte del legislador; además, por fin parece dar señales de que la inversión en energías renovables en nuestro país no tiene por qué identificarse con una úlcera de estómago.

Por último, y no por ello menos importante, abre una posibilidad real a que las resoluciones de las decenas de arbitrajes ante el Banco Mundial contra España por los cambios retroactivos en la legislación energética puedan cambiar de signo.

No se trata de que las nuevas medidas sean capaces de resarcir íntegramente a los inversores por los múltiples recortes soportados, pues evidentemente no sucede así. Se trata de escenificar una realidad muy contrastada en la jurisprudencia de los tribunales de Justicia y también en los tribunales arbitrales: los cambios regulatorios son permitidos siempre y cuando se circunscriban a medidas coyunturales, con mecanismos de compensación, con acuerdos sectoriales, con amplia aceptación política (esta medida fue aprobada por el Congreso por 349 diputados a favor y uno solo en contra), y que se ciñan a situaciones de extraordinaria gravedad cuyas medidas puedan ser atemperadas cuando las circunstancias vuelvan a estabilizarse.

A la vista de todo esto, y teniendo en cuenta que los últimos seis laudos del CIADI fueron contrarios a España, parece evidente que era necesario dar un golpe de timón a los acontecimientos, pues como país, no nos podemos permitir ni la sangría de pagar los 8.000 millones que nos jugábamos en indemnizaciones, ni el escarnio inversor internacional de liderar el poco virtuoso ranking de países incumplidores.

Cabe preguntarse si esta medida será suficiente para cambiar el rumbo de los acontecimientos. Jurídicamente, hay muchas posibilidades de que suceda, pero hoy prefiero escenificarlo sobre la base de una hermosa historia que escuche hace años sobre el diablo. Un día, cansado de tanto pecar, decidió regalar a cada uno de sus secuaces la totalidad de sus maldades, una por una. Despojado de sus maliciosas cualidades, el último de sus esbirros le preguntó: “Señor y Usted no se ha quedado con nada”, a lo que contestó Belcebú: "No tengas cuidado, me he quedado con la peor de las vilezas: la duda".

El venenoso regalo que dejó la regulación energética del anterior ministro fue eso precisamente, la falta de fiabilidad, de predictibilidad, la asunción del continuo vaivén regulatorio, la duda. Atenuar ese pecado capital, solo puede traernos buenas noticias.

Congratulémonos, la estabilidad regulatoria 'is coming'.

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