Bases para un Pacto de Estado de la energía

En los tiempos de emergencia climática en que vivimos, con señales de alarma cada vez más acuciantes por parte de los últimos informes científicos del IPCC, acelerar la descarbonización de la economía y culminar la transición energética es una cuestión capital para nuestro país, ubicado en la zona 0 del mapa de riesgos de impactos. Dicha descarbonización no debería admitir duda alguna a nivel político, como no la hay, desde luego, en el estamento científico. Se trata de una cuestión transversal, de proyecto de país, que debe ser asumida indistintamente por todos los partidos del panorama político.

¿Cómo abordamos esta descarbonización? Para empezar, España necesita con urgencia una Ley de cambio climático y transición energética que fije la senda de país para los próximos años, arroje certidumbre y sea la “norma paraguas” que permita reorientar inversiones y modificar numerosos comportamientos que tenemos cotidianamente y que, sin duda, tienen un alto impacto en el medio ambiente. Es inaceptable que España siga hoy en día sin una ley de cambio climático y transición energética dentro del marco normativo, muchos años después de haber sido anunciada. Junto a ella y como elemento de apoyo, una vicepresidencia de Sostenibilidad es también fundamental, pues nos permitiría coordinar toda la acción ministerial y situar las políticas de transición energética en el centro de la acción del gobierno.

A partir de la Ley de cambio climático se deben abordar otros cambios regulatorios de mucho más calado. Para ello, es necesaria una reforma del sector eléctrico, una profunda reforma fiscal y una modificación de la ley de bases del régimen local. La reforma eléctrica debe abordarse en la dirección de disminuir drásticamente el alto componente fijo de la tarifa eléctrica (40% actualmente), de modo que, si la componente variable fuera prácticamente el 100%, se fomentaría enormemente el ahorro energético y el autoconsumo. En la actualidad, la parte fija (potencia contratada) es tan alta que, aunque consumamos poca energía, nos sigue saliendo un precio de la factura desorbitadamente alto. Debemos, por tanto, diseñar una tarifa eléctrica transparente y con una señal precio que sea reflejo del servicio prestado realmente al consumidor, estimulando el ahorro y el cambio de comportamiento hacia uno mucho más eficiente. Otro de los puntos clave consiste en avanzar en la digitalización del propio sistema eléctrico y sus redes de distribución y transporte, como sería también necesaria la consolidación, administrativa y jurídica, de la figura del agregador de demanda. La meta, sin duda alguna, es adquirir y consolidar una nueva cultura de la energía con una concepción de esta como un derecho y servicio público, en la cual nuestro modelo económico de futuro electrificado tendrá un coste del kWh reducido como señal de una apuesta clara e inequívoca por la disminución y erradicación del uso de los combustibles fósiles y el fomento de las energías renovables.

La reforma fiscal, por su parte, debe garantizar la justicia social e intergeneracional. España necesita una política fiscal activa y finalista que grave aquello que se quiere penalizar y fomente aquello otro que se quiere precisamente promover y maximizar. Se trata de que modifiquemos nuestros comportamientos y pautas de producción y consumo. La reforma no debe quedar en una mera operación cosmética que simplemente introduzca ciertos gravámenes, pero no altere el orden estructural existente dentro del modelo energético tradicional. Por el contrario, lo que necesitamos es una política fiscal profunda y de largo recorrido, que contribuya al cambio de nuestro modelo económico y de desarrollo antes de que acabe la próxima década, la última que nos queda para evitar los peores efectos de la actual crisis socioecológica. Necesitamos para ello reducir la presión fiscal al consumo de electricidad y gravar el consumo de combustibles fósiles.

Con respecto a la modificación de la ley de bases del régimen local, se trata de dotar de más recursos, capacidades e instrumentos a las administraciones locales para que puedan convertirse, junto a la ciudadanía, en las verdaderas protagonistas del cambio de modelo energético. La escala municipal es absolutamente clave. La situación es especialmente grave en las ciudades a escala global, que aglutinan al 55% de la población mundial, demandan el 75% de toda la energía producida y generan el 80% de toda la contaminación. En ellas tenemos que intervenir prioritariamente para culminar con éxito y a tiempo la ineludible transición energética que precisa nuestro país.

Debemos, en suma, revertir el orden moral del sistema eléctrico tradicional, y para ello necesitamos un Estado mucho más comprometido y con un papel activo. Las necesidades del conjunto de la sociedad deben prevalecer sobre los intereses particulares, incluso aunque estos sean legítimos, simplemente en aras de un interés general de mayor alcance. La ciudadanía tiene que recuperar el control del sistema eléctrico y situarse en el centro del nuevo modelo energético basado en el ahorro, la eficiencia y las fuentes renovables de energía.

Por todos estos motivos, en la Fundación Renovables proponemos un Pacto de Estado de la Energía, que deberá gozar de un amplio consenso político para lograr un equilibrio difícil: reducir el consumo de energía total a la vez que garantizamos que toda la ciudadanía tenga un acceso universal a la misma, erradicando la pobreza energética. Energía que deberá ser consumida mayoritariamente en forma de electricidad, pues de este modo se garantiza cero emisiones en los puntos de consumo. Si además esta electricidad es generada con fuentes renovables de energía, las emisiones también serán cero en los puntos de generación; y por lo tanto a lo largo de toda la cadena. Electrificación de la demanda para un futuro limpio, sostenible, con justicia social y equidad intergeneracional. A partir de un concepto energético mucho más social, definido como un servicio público y como un bien de utilidad pública cuyo acceso universal debe quedar garantizado, al menos, en su formato eléctrico a partir de fuentes renovables, proponemos un Contrato Social de la Energía que precisamente sea la base para el referido Pacto de Estado de la Energía, que deberá tener el mayor consenso social, económico y político posible.

*Luis Morales Carballo. Relaciones Institucionales de la Fundación Renovables.