Un nuevo estatuto de los trabajadores es necesario... pero imposible

España mantiene un paro estructural muy por encima de la media de los países de nuestro entorno. Las causas de este grave desajuste son variadas, pero no cabe duda que una parte de la misma ha de recaer sobre el conjunto de normas legales que regulan el empleo, como no podría ser de otra forma. El Estatuto de los Trabajadores, texto legal aprobado en 1980 y modificado en más de cincuenta ocasiones, es la ley fundamental que regula las relaciones laborales en nuestro país. Se trata, pues, de una ley con casi cuarenta años de antigüedad a sus espaldas y, eso, se le nota. Se queda antigua a ojos vista, incapaz de satisfacer las nuevas fórmulas y hábitos laborales que la sociedad digital impone. Y es que, a pesar de las muchas reformas que ha experimentado, el cuerpo principal de la ley no ha cambiado, permanece estable. El Estatuto de los Trabajadores nació por imperativo constitucional del artículo 35.2 de la Constitución Española y supuso, en su momento, un inequívoco salto adelante. Nació, eso sí, muy influenciado por las normas y hábitos laborales del franquismo tardío, paternalista e intervencionista, como correspondía a su modelo de estado corporativo.

Ese marco de los setenta impregna el texto al completo, en cuyo imaginario se evidencia que por aquel entonces se trabajaba en empresas con un único centro de trabajo, con horario muy determinado, en trabajos industriales o de servicios muy definidos. Hoy, bien lo sabemos, ese marco ha cambiado, y mucho, hasta convertirse en una realidad mucho más compleja y variada. A partir de los noventa, la empresa española comenzó a internacionalizarse, los centros de trabajo se multiplicaron, nació el teletrabajo, por no hablar ya del empleo digital o el que proporcionan las plataformas digitales. Todo ha cambiado, pero nuestra norma laboral, a pesar de sus múltiples reformas, sigue siendo prácticamente la misma. Es evidente que debe cambiar, evolucionar, adaptarse, manteniendo vivo, eso sí, el impulso fundamental que lo sustenta, el equilibrio que garantice unas condiciones dignas a los trabajadores y un marco competitivo para las empresas.

¿Cómo debería ser el Estatuto de los Trabajadores del futuro? ¿Qué debería cambiar, qué debería abarcar y comprender? De todo ello se debatió en el III Congreso de ADiReLab, la Asociación de Directivos de Relaciones Laborales, celebrado el pasado 13 de noviembre en la sede de la Fundación Telefónica, con participación de sindicatos, empresas, administración y representantes de los partidos políticos.

La primera ponencia, magistral, corrió a cargo de María Emilia Casas, que señaló la necesidad de cambio general. El Estatuto, comentó, mantiene la cabeza vuelta al pasado, mientras que tendría que mirar hacia el futuro. Resultaría necesaria, por tanto, una revisión global. Hasta ahora, se ha ido modificando por reformas muy acotadas y parciales, con las que los gobiernos de turno parchearon aquello que consideraron de interés. Esos parches han modificado algunas cuestiones, pero manteniendo su esencia invariable. Para adaptarla a las necesidades actuales y futuras sería precisa una reforma de conjunto, profunda y global, que consiguiera un nuevo texto coherente que satisficiera eficazmente las demandas del futuro.

Como la ley no cambia, los jueces tienden a completar los huecos que se producen con una jurisprudencia que, más que interpretar la norma, termina creándola. Cuando la realidad evoluciona a mayor velocidad que la norma, se producen vacíos que una jurisprudencia hiperactiva tiende a rellenar. Pero en una sociedad ideal, los jueces deberían limitarse a aplicar e interpretar la ley y no a crearla, como ahora sucede con la dinámica intervencionista que mantienen durante estos últimos ejercicios. El Estatuto debería evolucionar, pues, al ritmo que marca la sociedad y no los tiempos políticos.

El Estatuto, por ejemplo, determina la inviolabilidad de las ¡taquillas! del trabajador, pero nada dice de la de sus soportes digitales, como correos y demás, por lo que la jurisprudencia la ha remitido a la general de protección de datos, aunque no es lo mismo. También se apuntó, por ejemplo, a la dificultad de determinar la representación sindical en función de la multiplicidad de centros de trabajo, tanto físicos como virtuales. Los retos a abordar son muchos. Economía digital, inteligencia artificial, organizaciones complejas, trabajo flexible, atipicidad en las relaciones laborales, empleo en organizaciones globales, multiplicidad de lugar de trabajo, gestión de la diversidad, formación permanente, tendrán que ser tenidos en cuenta, entre otros muchos aspectos, en la nueva norma. Por eso, el legislador tendría que abordarla con ambición y no dejar su adaptación parcial a los jueces. María Emilia Casas, al finalizar, dejó una pregunta en el aire: ¿Debería el nuevo estatuto incluir también al trabajo autónomo?

Pero una cosa es la teoría y otra la práctica. Y el ideal, desgraciadamente, choca con la realidad que se nos presenta. Así, de nuevo, el Estatuto va a volver a reformarse… ¡para volver atrás otra vez! Derogación de la reforma laboral, le llaman. Paradójicamente se pretende desmontar una reforma que ha ayudado a superar la crisis y que ha permitido la creación de más de dos millones de puestos de trabajo. Pero la realidad no parece interesar a nadie. En vez de abordar por amplios consensos políticos y sociales un nuevo estatuto para el futuro, el actual gobierno recae en el pecado original del parcheo puntual, en este caso mediante acuerdo político con Podemos, excluyendo a sindicatos y a empresarios del mismo. Además, esta reforma no se hace mirando al futuro, sino que se limita, básicamente, a retrotraer algunas de las reformas que el anterior gobierno del PP aprobara en 2012. De nuevo se mira a través del retrovisor, lo que sin duda perjudicará a nuestro empleo, encorsetándolo de nuevo en rigidices que ya no existen en el resto de Europa. Un disparate en toda regla, vaya.

Y los sindicatos, ¿qué piensan de todo ello? Pues conocimos su opinión en la mesa de sindicatos, moderada por Ana Benita, directora de RRHH de FCC. Tanto UGT como CCOO manifestaron su apoyo a los acuerdos en materia laboral alcanzados en el gobierno y Podemos. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, enfatizó su satisfacción, ya que son partidarios de la derogación de las reformas laborales de la crisis – tanto las de Rajoy como las de Zapatero -, para volver a la partida de salida. Mari Cruz Vicente secretaria acción sindical CCOO matizó su apoyo al acuerdo, al afirmar que precisaría de un mayor consenso político. Ambos sindicatos consideran que la subida del SMI no supondrá costo para el empleo, aunque afirman que ellos ya habían negociado con la patronal un salario mínimo de 14.000 euros salario mínimo para todos los convenios.

Para los sindicatos, la modernización de la negociación colectiva pasa por recomponer los equilibrios que se perdieron en la reforma 2012, que supuso, por ejemplo, el fin de la ultraactividad. También quieren regresar a la prevalencia de los convenios sectoriales sobre los convenios de empresa y que la flexibilidad laboral debe beneficie tanto a la empresa como a los trabajadores. Sorprende, en todo caso, la sumisión a lo acordado en ámbitos políticos, sin percatarse, quizás, que el acuerdo Gobierno-Podemos los desplaza – a ellos y a la patronal – del centro del debate. A más ley impuesta, menos diálogo social.

Y ¿cuál es la opinión de los grupos parlamentarios? ¿Sería posible un gran acuerdo para engendrar el nuevo estatuto que precisamos? Tras escuchar a sus representantes, la conclusión es evidente. No lograrán alcanzar acuerdo alguno. Tomaron la palabra Toni Ferrer, por el PSOE; Yolanda Díaz, por Podemos; Sergio del Campo, por Ciudadanos y Alberto Nadal, por el PP. Y tras un vivo debate, quedó de manifiesto la divergencia de opiniones y prioridades de unos y otros. Coinciden en señalar los problemas, como el alto paro, la temporalidad y los bajos salarios, pero se encuentran muy alejados en el diagnóstico de las causas que los provocan y, desde luego, en las recetas para su solución. La imposibilidad patente de grandes acuerdos en la materia es una mala noticia para nuestro empleo y otorga un aire de improvisación y de temporalidad a cualquier reforma que se apruebe. Juan Chozas, director de Recursos Humanos de Bankia, insistió en la necesidad de conceder más poder a los agentes sociales para la definición del marco laboral, restringiéndosela al voluble debate político.

En la mesa de empresarios, además de Chozas, intervinieron Jordi García Viñas, en representación de CEOE, que se mostró crítico con la contrarreforma anunciada y Paloma Urgorri, directora de RRHH de RTVE, que expuso la realidad desde la gestión de una empresa pública.

En resumen, un brillante congreso que puso en valor la necesidad de una amplia reforma del estatuto, pero que evidenció el alejamiento de las propuestas políticas, por un lado, y el retroceso del peso del diálogo social, por otro. Los políticos decidirán y, visto lo visto, eso es una pésima noticia para nuestro empleo todavía convaleciente. El nuevo Estatuto, visto lo visto, es tan necesario como, desgraciadamente, imposible.