43 meses después

El 23 de julio cuando se vote en el Parlamento la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno, se cumplirán 43 meses de vida política multipartidista en nuestro país. En estos 43 meses se han celebrado tres elecciones a Cortes Generales, hemos vivido trece meses con gobiernos en funciones (diez de Mariano Rajoy en dos períodos de 6 y 4, respectivamente, y tres de Pedro Sánchez), hemos asistido a la primera investidura fallida de nuestra historia democrática (y con ella al fracaso del primer intento de gobierno de coalición en España) y, por último, hemos sido testigos de la primera moción de censura triunfante.

Tras 43 meses transitando del bipartidismo al multipartidismo y en vísperas de una nueva investidura, el 86% de los españoles califica como mala la situación política del país. Asimismo, tres de cada cuatro españoles piensa que si finalmente no se llega a formar gobierno y se convocan nuevas elecciones ello se deberá a la falta de esfuerzo e interés de los principales líderes para hacerse concesiones mutuas y llegar a acuerdos. Ambas percepciones gozan de una significativa transversalidad ideológica. Califican como mala la actual situación política el 77% de los votantes socialistas, el 83% de los de Unidas Podemos y más del 90% de los del PP, Ciudadanos y Vox. Y coinciden en que la convocatoria de unas nuevas elecciones generales sería el resultado de esa falta de esfuerzo y voluntad por parte de los principales líderes políticos el 81% de los votantes de Unidas Podemos, el 78% de los socialistas, el 77% de los de Ciudadanos y el 71% y el 70% de los del PP y Vox respectivamente.

A mayor abundamiento solo el 25% de los españoles considera que los últimos 10 meses ha mejorado la situación política del país frente al 65% que percibe un empeoramiento. La percepción de mejora no supera en ningún electorado la barrera del 50%: 44% entre los votantes socialistas y 33% para el caso de los de Unidas Podemos y ERC.

De manera sistemática y sostenida los españoles, en una proporción de 2 a 1, han venido mostrando desde el 2014 su preferencia hacia un sistema político con varios partidos de tamaño similar aunque con ello se dificulte la formación de gobierno. Un anhelo claro, pues, de pluralidad multipartidista. Y, según los datos del sondeo de Metroscopia de junio del 2019, el 90% de los españoles está de acuerdo con una reforma en el sistema electoral con la finalidad de que exista una proporción lo más exacta posible entre el número total de votos de cada partido y el número de escaños. Dicho de otra manera: los españoles en un práctica totalidad son partidarios de la proporcionalidad entre votos y escaños, esto es, de que no existan reglas o normas que desvirtúen el valor idéntico de cada voto. Al anhelo de pluralidad se une una contundente vocación igualitaria en la correspondencia entre votos y escaños.

¿Cómo casar ambas convicciones con la gobernabilidad? El largo tránsito hacia un multipartidismo eficiente ha hecho aflorar entre los españoles una notable pulsión de gobernabilidad. Y desde ella se ha situado en la agenda política la necesidad de profundizar en una cultura basada en el desbloqueo de las opciones de gobierno viables.

El 62% de los españoles, casi 2 de cada 3, afirman estar de acuerdo con que el cabeza de lista del partido más votado quede automáticamente investido como presidente del gobierno. Solo entre los votantes de Unidas Podemos (54% frente a 45%) es relativamente minoritaria esta posición. El 73% de los votantes socialistas, el 68% de los de ERC, el 66% de los populares, el 60% de los de Vox y el 56% de los de Ciudadanos coinciden en la apreciación de que el ganador aritmético (cabeza de lista del partido más votado) ha de ser, automáticamente, el ganador político (Presidente del Gobierno). Y el 55% de los españoles muestran además su acuerdo a una posible reforma electoral al partido más votado se le asigne una prima adicional de escaños que le permita la formación de gobierno. Una posición mayoritaria en todos los electorados excepto entre los de Unidas Podemos (el 60% se manifiesta en desacuerdo frente al 38%) y ERC (54% frente a 37%).

Las demandas para alcanzar una articulación institucional del desbloqueo coinciden con el difícil aprendizaje de una cultura de la coalición, pilar fundamental de los sistemas multipartidistas.

Tras 43 meses de agitada vida política multipartidista, la segunda investidura de Pedro Sánchez se saldará con uno de estos dos resultados posibles:

a) Pedro Sánchez resulta investido presidente y se configura un gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos.

b) Se impone el bloqueo y nos encaminamos hacia nuevas elecciones generales.

Si se cumple el segundo de los supuestos solo el 21% de los españoles lo consideraría "normal" en una situación de mayor diversidad política en la que negociar y llegar a acuerdos lleva más tiempo. Habría, pues, una sensación generalizada de fracaso para cuatro quintas partes del electorado español.

El deseo de que Pedro Sánchez sea investido presidente y de que no se convoquen elecciones generales es ampliamente mayoritario ente los electores de izquierda (86% de los socialistas, 81% de los de Unidas Podemos) y entre los soberanistas (60% de los votantes de ERC y 88% de los de JXC). Pero es, también, mayoritario (54% frente a 45%) entre los votantes de Ciudadanos y solo minoritario para los votantes populares (64% preferiría nuevas elecciones) y, sobre todo, para los de VOX (80%).

El 25 de julio se dilucidará, en suma, si en el vigente sistema español de partidos Unidas Podemos posee lo que Sartori denomina "utilidad de coalición", es decir, si sirve hoy y en las circunstancias actuales para completar una mayoría parlamentaria con el PSOE que se traduzca en un gobierno compartido viable. El PSOE y Pedro Sánchez tienen, pues, en sus manos convalidar la utilidad de coalición de los 42 diputados de Unidas Podemos y, otorgarle con ello el rango de partido de gobierno. Esa es, sustancialmente, la cuestión. De ahí que la disputa entre cooperación y coalición sea de todo menos retórica. La cooperación es necesaria y conveniente para lograr acuerdos políticos y programáticos. Pero no hay gobiernos de cooperación. Pujol y Arzalluz, entre otros, acordaron la cooperación estable con los gobiernos de Felipe González o José María Aznar. Pero ninguno de ellos gobernó ni con uno ni con otro: simplemente hicieron posible su gobierno monocolor. Un gobierno de coalición significa compartir juntos el poder y defenderse juntos de la oposición; significa trazar en común los objetivos estratégicos e ir tomando cotidianamente y juntos las decisiones.

Al margen de consideraciones ideológicas si se despeja el camino hacia un gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, se habrá dado un decisivo paso hacia adelante en la consolidación del sistema multipartidista en España. Unidas Podemos adquirirá con ello estatus de partido de gobierno, condición que se verá obligado a ratificar a lo largo de una complicada legislatura. Tiene a su favor la práctica inexistencia de una mayoría de rechazo en las actuales Cortes Generales. Y en su contra, como dificultad fundamental, una agenda política donde el eje territorial, terreno en el que los desacuerdos entre PSOE y Unidas Podemos son evidentes, gozará de una especial relevancia.