Los atentados del Gobierno contra las libertades

“El derecho de todos los ciudadanos tanto a la libre información como al respeto de su honor y de los demás derechos inherentes a la persona, es principio fundamental de todo Estado de Derecho y, como tal, afirma su pretensión de máxima eficacia con el ordenamiento jurídico español. Paralelamente, la concurrencia democrática sólo es posible si el contraste y enfrentamiento entre opciones políticas diversas se hace de manera que ninguno de los contendientes pueda erigirse en juez de la conducta ajena, función reservada, exclusivamente, en lo jurídico, a los Tribunales de Justicia y en lo político al voto de los ciudadanos”. Estas palabras abrían la ventana de la libertad de expresión en España. Las firmaba Adolfo Suárez y pertenecen al texto original de la Ley de Libertad de Expresión publicada en el Boletín Oficial del estado el primero de abril del año 1977. Es cierto que en la misma se consideraba como un delito punible, al menos administrativamente, la publicación escrita de textos o imágenes que atacaran a la Corona y los miembros de la Familia Real, la unidad de España y las Fuerzas Armadas. Y también advertía: “La publicación habitual de impresos obscenos o pornográficos será causa de cancelación de la correspondiente inscripción registral”.

En cualquier caso, suponía una diferencia enorme con la situación anterior. Cuenta el periodista Francisco Rojas Claros que, en el año 1964, “Timoteo Buendía, peón de albañil de profesión, fue condenado a 10 años y un día de prisión mayor por 'cagarse en Franco' en mitad de un bar repetidas veces en voz alta y en presencia de testigos”. Diez años.

No andamos tan lejos en este 2020. Se censuran anuncios de gimnasios por “cosificación” del cuerpo de la mujer, que es la forma moderna de denominar al pudor. Y, lo que es aún más grave, la consideración de la ley del 77 respecto a la necesidad de que exista contraste entre distintas opciones políticas como base de la concurrencia democrática es, cada vez más, una quimera.

La dictadura de Franco fue una dictadura. Perdonen ustedes la obviedad. Pero es imperativo dejar claro que, de la misma manera que, aunque la mona se vista de seda, mona se queda, la dictadura de Franco, la vistamos del adjetivo que la vistamos, dictadura se queda. Que exista censura bajo el mandato de un dictador no es sano, pero tampoco es extraño. Al fin y al cabo, se trata de una forma de organización política en la que el poder está concentrado. Pero que en una democracia con más de cuarenta años de historia se plantee la limitación de la libertad de expresión es una vergüenza. Quienes insisten en que con Franco vivíamos mejor me parecen unos rancios. Pero defiendo su derecho a serlo y a expresar sus opiniones. Al mismo tiempo, lucharé con toda mi energía para combatir sus ideas y para evitar que triunfen entre nuestros jóvenes.

Lo peor de todo, para rizar más el rizo, es que la propuesta de declarar delito de odio la apología del franquismo, que es importante, no es sino una cortina de humo, una de las diferentes distracciones con las que el gobierno de coalición PSOE-UP trata, con éxito, de acaparar nuestra atención y desviarla de otras cosas relevantes.

Por ejemplo, los vericuetos de Ábalos para saltarse una norma internacional vigente y pasarse por el arco del triunfo acuerdos firmados por España. Que tal vez algunas personas se planteen si es merece tanto foco. Pues sí. Porque representa el grado de arbitrariedad con el que están dispuestos a gobernar estos señores. Después de esto, cualquier cosa es posible.

Y no solamente hablo de arbitrariedades en el terreno político, que ya es grave. Me refiero también a los acuerdos, pactos, promesas en el terreno económico. Por ejemplo, el Gobierno presentó el martes la nueva senda del déficit fiscal para el periodo 2020-2023. De momento, el déficit previsto para el 2020 es del 1,8%, del 1,5% en 2021, del 1,2% en 2022 y del 0,9% en 2023. Pero claro, podemos seguir esa senda o ir campo a través. Como se informaba en este diario, la idea es gobernar a golpe de déficit toda la legislatura.

“No queremos vender humo”, explicaba la ministra María Jesús Montero. No sé qué decir, tal vez quieren regalarlo. Porque el Ejecutivo no se ha dignado a dar el dato de avance de cierre del 2019. Los expertos apuntan a un desfase del 2,5% como poco.

Si la senda del déficit es similar a la de Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas, entonces, sin duda, es incierta y podemos echarnos a temblar. Y esto es grave por varias razones. Primero, porque vivir del déficit en una economía como la nuestra es lastrar el futuro. Y que fantaseen con la economía sostenible luego. Pero además se genera una incertidumbre en el ámbito internacional nada bueno. Recordemos que no somos un país con un músculo inversor envidiable, por desgracia. Ya sabemos que ser ahorrador-inversor es un pecado mortal para la nueva religión de los "Social Justice Warriors" (Guerreros de la Justicia Social) como se denominan en Estados Unidos. Así que, dependemos de nuestro atractivo para los inversores extranjeros. Y la incertidumbre que alimenta nuestro Gobierno nos hace perder gancho.

No hay mejor manera de lograr la justicia social, acabar con la pobreza y eliminar la precariedad que fomentando la riqueza, la creación de empleo, el ahorro y la inversión propias, la independencia económica y la recuperación de nuestra libertad, de expresión, de pensamiento, y económica también.