Los incentivos al autoconsumo en los municipios españoles

Las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo por desarrollo tecnológico y costes se han convertido en una alternativa real para la generación de energía eléctrica. Estos sistemas tienen la ventaja de generar su electricidad en el punto de consumo y permiten a los ciudadanos participar en la gestión de sus necesidades energéticas. Por primera vez, disponemos de tecnología madura a precios competitivos para cambiar de manera radical el mercado eléctrico y pasar de un sistema de gestión de la oferta, cerrado y monopolista, a un sistema de gestión de la demanda, mucho más abierto y sin duda mucho más democrático.

Sin embargo, con la entrada en vigor del RD 900/2015, el autoconsumo eléctrico en España está sujeto a diferentes trabas, tanto legales como administrativas, que han producido en la práctica una desaceleración de un proceso que se desarrolla con fuerza en la mayoría de los países de nuestro entorno.

A pesar de este escenario, según los últimos datos publicados por UNEF, en España se instalaron 55 MW fotovoltaicos en 2016 y 135 en 2017. Muy poco comparado, por ejemplo, con Alemania, donde en 2017 se instalaron 1.69 GW fotovoltaicos. Sólo en autoconsumo se instalan cada año, alrededor de 35.000 sistemas fotovoltaicos con acumulación con potencias entre 7-10 kWp. Sin embargo, mientras que en España disfrutamos de valores envidiables de radiación, Freiburg, la ciudad más soleada de Alemania, tienes unos niveles de radiación solar comparables a los de Bilbao.

Mientras esperamos un marco regulatorio más favorable para el autoconsumo, han sido los ayuntamientos los que, en gran medida, han contribuido al impulso de estas instalaciones a través de incentivos fiscales, demostrando así que las ciudades deben ser unos agentes fundamentales en el proceso de transición energética en España.

Desde la Fundación Renovables hemos realizado un informe en el que hacemos una evaluación de la situación de los incentivos fiscales, Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto sobre Instalaciones, Construcciones y Obras (ICIO) que los diferentes ayuntamientos recogen en sus normativas municipales para apoyar a los sistemas de autoconsumo. 

Este informe recopila las bonificaciones existentes en dichos impuestos en el ejercicio 2018 de todas las capitales de provincia y aquellas ciudades de población mayor de 100.000 habitantes, según el censo del año 2017, lo que asciende a un total de 77 ciudades.

Para el IBI, la legislación actual establece una bonificación máxima del 50%, sin fijar la duración máxima de la bonificación. Cada Ayuntamiento anualmente puede establecer si aplica esta bonificación y las condiciones de la misma: el porcentaje, la duración y las restricciones a determinados tipos de inmuebles. En cuanto al ICIO, recoge una bonificación de hasta el 95 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u obras en las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar.

En resumen, las bonificaciones en IBI e ICIO relativas al autoconsumo, son potestativas y, por tanto, requieren que las ordenanzas fiscales de cada Ayuntamiento las regulen y definan para poder ser de aplicación.

Esta potestad de los ayuntamientos hace que la implementación particular de estas normas sea muy heterogénea. Un total 45 municipios recogen bonificaciones en el IBI, si bien sólo 27 municipios aplican la bonificación máxima. Además, el número de años de aplicación es tremendamente variable. En algunos municipios 30 años y en otros 1 año. Es habitual restringir la bonificación al uso residencial, dejando fuera a un importante número de aplicaciones, como los edificios del sector terciario o industrial en lo que el patrón de consumo encaja muy bien con las horas de generación de energía solar y en 7 de ellos se imponen graves limitaciones que en la práctica lo hacen inviable (potencia instalada mayor de 5 kW/ por cada 100 m²).

En el resto de municipios analizados (32) no se recoge ninguna bonificación del IBI al autoconsumo eléctrico.

Respecto al ICIO, 33 municipios aplican una bonificación del 90% o superior, de los cuales 26 aplican la máxima bonificación que permite la ley para todos los usos. Estos municipios representan el 43%. El 64% de los municipios aplican una bonificación igual o mayor al 50% en este impuesto. En cambio, en el otro extremo, 16 municipios no tienen ningún tipo de bonificación en este impuesto para las instalaciones de autoconsumo. De nuevo, en algunos municipios, las limitaciones que imponen para aplicar esta bonificación hacen que de facto no pueda aplicarse.

Desde la Fundación Renovables creemos que es necesaria una armonización fiscal de forma que estas bonificaciones favorezcan por igual a todos los usuarios de estas instalaciones. En el IBI proponemos una bonificación máxima del 50 por 100 de la cuota íntegra del impuesto a aquellos inmuebles de naturaleza urbana de uso residencial y del 25 por 100 en el resto de inmuebles, durante los tres períodos impositivos siguientes al de la finalización de la instalación, que será aplicable según el valor del cociente entre la potencia pico instalada (kWp) y la potencia contratada (kW), de forma que tendrán la bonificación máxima cuando este cociente sea mayor de 0.5. Esto permite un criterio objetivo de concesión de la bonificación, toda vez que hay dificultad en comprobar la cobertura energética que tendrá el sistema una vez en funcionamiento. De acuerdo al estado actual de la tecnología, las instalaciones que obtengan esta bonificación máxima tendrán valores de autosuficiencia superiores al 30% sin modificar los hábitos de consumo. En cuanto al ICIO, una bonificación del 70% sobre la cuota de las construcciones de todas las instalaciones nos parece adecuada, si bien debería ser del 95% para el caso de construcciones de uso residencial.

Por último, destacar que nos parece importante que todos los municipios españoles se sumen a esta posibilidad que permite la ley, y que, a la vez, se establezcan medidas para que estas bonificaciones sean accesibles y fáciles de solicitar por los vecinos, ya que, en la actualidad, en muchos municipios no se conocen estas normativas. De esta forma, los municipios podrán jugar el papel, que por ser la administración más cercana a la ciudadanía, les corresponde en la necesaria transición energética.