El Estado demediado

Lejos de apenarse, cuando la guerra lo dejó tronchado en dos, Medardo de Terralba no veía sino ventajas a su nueva situación. Satisfecho, el vizconde demediado animaba a quien quisiera escuchar a imitarle en su desgracia porque -decía- belleza y sabiduría y justicia existen solo en lo hecho a pedazos. La fábula irónica de Italo Calvino parece estos días el espejo deformado de las políticas que el gobierno de Pedro Sánchez se empeña en infligir a la sociedad española, y que tienen su reflejo más inmediato en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado enviado a las Cortes para su tramitación.

El cuento moral y las cuentas del Ejecutivo comparten una misma índole, ambas son obras de ficción construidas sobre suelo imaginario: el delirio de que se puede sobrevivir escindido por la mitad y la fantasía de que los ingresos se estirarán sin saber cómo ni de dónde para financiar todo el gasto previsto. “Poco realistas”, han dicho de los PGE -con eufemismo comprensible- la Comisión Europea, el Banco de España y la AIReF. Estos nobles organismos han acabado por rendirse a la evidencia que primero denunció Ciudadanos. Nosotros le pusimos cifras al agujero general: faltan 10.000 millones de euros para cuadrar la impostura del Gobierno 'sanchista', cortada a la medida del nacionalismo independentista con el fin último de seguir en La Moncloa unos meses más y pagarse a costa de los españoles la campaña electoral más cara de la historia.

El capítulo de Interior es uno de los que acusa más los efectos perversos de estos presupuestos de Lledoners, hechos al gusto de Oriol Junqueras con la mediación alcahueta de Podemos. No solo por todo aquello de lo que carece -el término que los define es insuficiencia-, sino porque subyace en él un reflejo particularmente inquietante de la parábola calvinista: la idea nefasta de que el Estado puede encoger a voluntad y sin desgarros en aquellos territorios donde, qué casualidad, gobiernan las mismas fuerzas nacionalistas cuyos votos necesita Pedro Sánchez para sobrevivir sin pulso, gobernando por decreto, empeñado en borrar el ADN vertebrador de un partido que hoy ni se reconoce en su líder.

En cualquier país, Interior es uno de los grandes ministerios que encauzan la acción integral del Estado. Por algo entre las competencias que primero reclama el independentismo está disponer de policía propia. Y por eso no es casual que las inversiones para apuntalar la labor y la presencia del Estado español en Cataluña y País Vasco caigan a menos de la mitad de lo previsto el año pasado. Por ser más precisos, en el caso vasco el importe no llega siquiera a un tercio -406.000 euros frente al millón y medio del año pasado-, y para Cataluña se queda en 1,7 millones, muy lejos de los 4,2 millones de 2018.

Esta dieta de adelgazamiento de las instituciones del Estado en ambos territorios justo cuando mayor es el desafío rupturista supone otro incentivo más para que ERC, PdeCat y el PNV se avengan a prestar – el nacionalismo nunca da- sus votos. Mientras echan cuentas y se lo piensan, se incluye en el mismo lote la inconcebible figura del ‘relator’ que el Gobierno se ha sacado de la manga para conjurar el amago de veto a los Presupuestos del independentismo catalán, y quién sabe qué pasará con un eventual indulto a los cabecillas del procés. También, del lado vasco, el traslado acelerado de presos de ETA a cárceles de este territorio junto con la transferencia de la competencia para la gestión de prisiones.

Incluso asumiendo que los PGE fueran viables, que no lo son, resultarían fallidos también para el conjunto de los españoles. Me ahorro la retahíla de números, pero faltan inversiones por los cuatro costados. En un año récord de entradas ilegales por la valla de Ceuta y Melilla, cuando se anuncia la retirada -positiva- de las concertinas, bajan las partidas dedicadas a infraestructuras y mecanismos de control. Los medios materiales de lucha contra la droga, el blanqueo de dinero y demás delincuencia organizada se mantienen en cifras del año anterior, lo que significa ceder terreno ante mafias de métodos cada vez más sofisticados. Otro tanto con el dinero para equipamiento policial. Las inversiones brillan por su ausencia en el Campo de Gibraltar. En política antiterrorista -nivel de alerta 4-, el Gobierno prevé dotaciones insignificantes para la cooperación internacional y la formación de las FCSE en esta materia. Por toda España cuarteles y comisarías siguen esperando fondos que no llegan para adecuar instalaciones más que obsoletas.

De lo visto hasta ahora no se deduce que haya incrementos para atención a las víctimas del terrorismo -¿qué fue del anuncio de Grande Marlaska sobre ampliar derechos a todos los huérfanos de ETA?-, ni para los planes de lucha contra el suicidio entre las FCSE, y tampoco para atajar la criminalidad en el medio rural. Ciudadanos cree que es hora de que los funcionarios de prisiones dejen de ser el 'pato feo' de Interior, pero los presupuestos que maneja el Gobierno para 2019 no lo indican. Hay que acabar con el déficit estructural de una plantilla envejecida, y acometer para el colectivo una adecuación salarial similar a la equiparación en marcha para policías y guardias civiles; esa equiparación por la que Ciudadanos peleó cuando ni PP ni PSOE daban un euro y ahora tantos 'padres' tiene.

Analizados en conjunto, del derecho y del revés, sólo cabe una moraleja triste de estos PGE: la debilidad del sanchismo refuerza a los nacionalismos que pretenden demediar España y envalentona a quienes quieren, como en el cuento, un país hecho a pedazos.