Jueves, 21.11.2019 - 01:53 h
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ICAE/Universidad Complutense de Madrid. Ex Ministro de Industria, Turismo y Comercio

El coste económico de la corrupción

El pasado 1 de junio, una moción de censura en el Congreso de los Diputados derribaba al hasta entonces Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, e investía a Pedro Sánchez como nuevo jefe del Ejecutivo. El desencadenante de la moción fue la publicación de la sentencia sobre uno de los casos de corrupción que viene asolando nuestro país desde hace más de una década. Por primera vez en nuestra Historia democrática, la corrupción se convierte en una palanca del cambio político, tras años de aparente impunidad por parte de los responsables políticos implicados.

En febrero de 2018 el CIS señalaba que la corrupción era el segundo problema que más preocupaba a los españoles, sólo detrás del paro. Y este motivo de preocupación es coherente con lo que recogen los principales índices de corrupción internacionales.

El más conocido y utilizado es el de Transparency International, que el pasado 21 de febrero publicaba su índice de Percepción de la Corrupción, referido al año 2017, y cuyo ranking se refleja de forma gráfica en el siguiente mapa:

El mapa resulta bastante bochornoso para nuestro país. Ocupamos el puesto 42 de un total de 180 países, pero, dentro de la Unión Europea, nos situamos en la posición 20 de un total de 28 estados miembros, por detrás de países más pobres que el nuestro, como son Portugal, Polonia, la República Checa, Chipre, Eslovenia o los 3 países bálticos.

Y, lo que es peor, no parece que la tendencia sea positiva. En el ranking de 2017 hemos perdido una posición con respecto a 2016. Pero con respecto a 2012 hemos perdido 12 puestos, pues nos situábamos en el número 30 en el año en que Rajoy llegó a la Moncloa.

Pese a ser el más utilizado (Fondo Monetario Internacional, The Economist, World Economic Forum) el ranking CPI de Transparency International (TI) no es el único que refleja la preocupante situación de nuestro país. En la tabla a continuación recojo los principales índices internacionales sobre la corrupción en el mundo.

Gráfico Miguel Sebastián 28 de junio de 2018
  

En todos ellos se repite el mismo patrón de comportamiento que en el índice de TI: (i) España se encuentra en un lugar extraordinariamente malo en lo que se refiere al ranking de corrupción, muy por debajo de lo que le correspondería por su nivel de renta per cápita (el puesto 20-22 del mundo), del índice de desarrollo humano o los índices de desarrollo democrático y (ii) la posición de España en los últimos años ha empeorado, perdiendo puestos en el ranking internacional.

Pese a esta percepción generalizada, el hasta esta semana Gobernador del Banco de España, Luis María Linde, despedía su mandato con una comparecencia en la que, apenas dos días antes de la moción de censura, sorprendía a propios y extraños al afirmar que “los casos de corrupción en el país no alcanzan a tener un impacto apreciable en la tasa de crecimiento del PIB y no tienen interés macroeconómico”.

La afirmación resultó chocante porque multitud de organismos, nacionales e internacionales, vienen alertando del coste económico de la corrupción en todos los países. Para el caso español, en un informe publicado en 2015, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), lo estimaba en 48.000 millones de euros, cerca del 5% del PIB, aunque otras estimaciones casi duplican esa cifra. Para muchos autores se trata de cifras exageradas, que extrapolan los extra costes, según un promedio internacional, sobre el volumen de contratación pública de nuestro país. Pero no creo que sea una magnitud excesiva, pues ignora otros muchos costes de “segunda generación” asociados al fenómeno de la corrupción.

El FMI, en un documento de 2016 titulado: “La corrupción: costes y estrategias para mitigarla”, cuantificaba en un 2% del PIB mundial el coste promedio global directo de la corrupción. Trasladando esa cifra al caso español, estaríamos hablando de, al menos, unos 20.000 millones de euros. La cifra podría subir si suponemos, a juzgar por los rankings anteriores, que el nivel y, por tanto, el coste de la corrupción en España está por encima de la media mundial. Pero es que, además, esa cuantía se refiere sólo a los costes directos. Y el impacto de la corrupción sobre el crecimiento es mucho mayor, aunque esos costes inducidos sean más difíciles de cuantificar.

En general, se considera que el coste económico de la corrupción se puede desagregar en 5 categorías:

1. El impacto directo o “coste de oportunidad” del dinero perdido en las actividades relacionadas con la corrupción. Tanto si se trata de dinero pagado por las empresas, en comisiones o sobornos, como de apropiación indebida de las aportaciones de los contribuyentes, todo ese dinero podría dedicarse a una actividad alternativa, tanto productiva como social, lo que los economistas llamamos “coste de oportunidad”. Este es el coste más fácil de estimar, pues equivale a la cuantía del dinero público desviado a cuentas privadas, generalmente a otros países o paraísos fiscales, los sobrecostes de los proyectos de inversión o las comisiones por las decisiones regulatorias o de compras públicas.

2. Los costes de eficiencia derivados de una mala inversión tanto pública como privada. En el caso de la inversión pública, si un proyecto de infraestructuras se asigna a una empresa por el simple hecho de que ha pagado una comisión, habrá un coste de eficiencia, pues con casi total seguridad ese procedimiento hará que el proyecto no recaiga en la empresa más eficiente o más competitiva. Si se trata de una inversión privada también habrá un coste de eficiencia, pues las empresas sufrirán un sobrecoste (la comisión) que, como si se tratara de un impuesto, frenará o reducirá las decisiones de inversión y el crecimiento económico a largo plazo.

3. Los costes a largo plazo derivados de diversos problemas de incentivos. Un primer problema es el incentivo a cumplir con el fisco. Si la población percibe que sus administraciones públicas son corruptas, perderá un incentivo a contribuir fiscalmente, pues sospechará que una parte de sus impuestos no irán destinados a fines apropiados, sino que se desviarán hacia las cuentas de los corruptos. La economía sumergida, por tanto, se generalizará. También habrá desincentivos para la formación. Muchos se preguntarán qué interés puede haber en dedicar años a invertir en tu propia educación si, a la hora de la verdad, los buenos puestos en el sector privado o público no se asignan en función de los méritos sino del enchufismo o los sobornos. El mismo problema de incentivos puede surgir en lo que se refiere a la inversión en investigación, en innovación, o en la protección medioambiental.

4. El daño a la imagen o “marca” país. La percepción que tengan de nuestro país en el exterior afecta no sólo a la inversión extranjera directa, sino también a los intercambios comerciales e incluso al turismo. ¿Querríamos tratar de vender en un país donde nadie nos garantiza que la clave de nuestro éxito no es la calidad o el precio de nuestros productos o servicios, sino nuestra capacidad con acertar con la “tecla apropiada”? ¿Y comprar productos de un país corrupto? ¿Alguien nos garantiza su calidad o trazabilidad? ¿Y qué decir del turismo? ¿Nos sentimos más cómodos yendo a un país transparente y limpio o a otro donde quizás haya que pagar a alguien bajo cuerda para que no te pierdan la maleta, no te roben en la habitación del hotel o no te timen en el transporte?

5. El impacto sobre la estabilidad política y social. Los países con un nivel de corrupción elevado son más inestables, política y socialmente. Sus divisas más débiles y la volatilidad de su economía, más elevada. La experiencia de la “Primavera Árabe” es un ejemplo claro. También los casos más recientes de Argentina, Guatemala o Brasil. Muchos estudios encuentran una elevada correlación entre nivel de corrupción y prima de riesgo. También entre corrupción y flujos de cartera.

En España ya hemos dado un gran paso al quedar en evidencia que la corrupción pasa factura política. Quizás nos queda pendiente el reconocer, pese a lo que afirman algunos, que los costes económicos son muy relevantes, tanto a corto como a largo plazo. Minimizar estos costes no ayuda a atajar el problema, para situarnos en el nivel que nos corresponde en el escenario internacional.

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