La hora del ahorro energético

El pasado 8 de mayo Eurostat, junto con el BEI, publicó una "Guía para el tratamiento estadístico de los contratos de rendimiento energético" (EPC) que, en la práctica, supone un importante cambio estructural en los incentivos fiscales para llevar a cabo proyectos de eficiencia energética en el sector público, fundamentalmente en sus edificios, sin que compute como déficit público. El potencial de ahorro energético, según el documento, es enorme pues dicha factura para el conjunto de la UE asciende a 47.000 millones de euros cada año.

España es un país con una fuerte dependencia energética por dos motivos. El primero, porque apenas tenemos fuentes de energía autóctonas, más allá de las energías renovables y el carbón residual. El segundo, porque seguimos siendo un país con un elevado consumo de energía. Y eso que, como solía decir en mi etapa de Ministro: “La mejor energía, la más barata, la más limpia y la más segura la que no se consume, el ahorro energético”.

El Gráfico 1 recoge nuestro consumo de energía final en términos reales (miles de toneladas equivalentes de petróleo). Se distinguen dos etapas diferenciadas. Desde 1990 a 2005 nuestro consumo energético aumentó un 72% en términos de volumen, mientras que el PIB real lo hizo sólo en un 56%. De 2005 a 2008 dicho consumo se frena, pese a que la economía sigue creciendo con fuerza. Ello se traduce en una importante caída de la “intensidad energética”, el cociente entre consumo de energía y PIB real. Este ratio ha seguido cayendo con la crisis, aunque desde 2011 lo hace a un ritmo menor.

Las causas que explican este menor consumo energético son variadas: el avance tecnológico que mejora el rendimiento energético del capital, las políticas públicas que estimulan el ahorro y eficiencia energética, como los planes de renovación de electrodomésticos o las flotas de vehículos, la introducción de la cultura de bajo consumo en el alumbrado, el impacto de la subida del precio del petróleo desde 2007 a 2014, o la caída del peso del sector de la construcción, que es muy intensivo en energía.

Pero los logros en materia de “eficiencia energética”, que es la inversa de la “intensidad energética”, no debe hacernos caer en la autocomplacencia. Si comparamos nuestra situación con la de otros países europeos, vemos que nuestro margen de maniobra es enorme, pues seguimos despilfarrando energía, incluso en relación a países con mayor nivel de renta que el nuestro. A continuación, presento, con datos recientes del IDAE, varios gráficos sobre la intensidad energética de España, de la Unión Europea y de países de nuestro entorno, para diferentes sectores económicos.

En el Gráfico 2 se recoge la evolución de la intensidad energética en el sector industrial. Es evidente que, en todos los países, la industria ha hecho un esfuerzo notable en la reducción del consumo energético. Pero, en el caso español, queda esfuerzo por hacer.

En 2000, nuestra intensidad energética estaba por debajo de la media europea y de países como Italia y Francia. Pero en la actualidad, nos encontramos al mismo nivel que la media europea e Italia. Eso quiere decir que esos países han hecho un esfuerzo superior al nuestro en los últimos años. Y no digamos Francia, que de ser un país cuya industria era fuertemente intensiva en energía en 2000, nos ha adelantado y se sitúa en unos niveles de eficiencia similares a los alemanes. Y es que el sector industrial español parece haber frenado sus planes de reducción de consumo energético, tras un período 2005-2009, de fuerte mejora de la intensidad energética. Conviene destacar aquí que, para muchos sectores industriales, el coste energético es más importante que el coste laboral, por lo que avances en este área se traducirían en una mejora de la competitividad de nuestra economía, de nuestro empleo y nuestra balanza de pagos, además de todas las ventajas medioambientales asociadas a la eficiencia energética.

En el Gráfico 3 presento la evolución de la intensidad energética en el sector del transporte. Hay dos cosas que llaman la atención de dicho gráfico. La primera es que la reducción de la intensidad energética en el sector del transporte europeo ha sido menor que la de otros sectores, como es el caso industrial. La segunda es que España tiene un desfase importante en el consumo energético del sector del transporte. Sin duda, el mayor uso del transporte por carretera, tanto de pasajeros como de mercancías, está detrás de ese exceso relativo de consumo. Potenciar el transporte de mercancías por ferrocarril y, sobre todo, la introducción del vehículo eléctrico, que es más eficiente en términos energéticos, ayudaría a mejorar significativamente estos indicadores.

Finalmente, para completar el análisis comparado, en el Gráfico 4 se recoge la “intensidad eléctrica” (más específico que la “energética”) en el sector residencial, medida por el número de kilovatios hora consumidos en promedio por cada hogar. Hay muchos hechos destacables de dicho gráfico. El primero es el aumento de la intensidad eléctrica de los hogares españoles desde 2000 a 2009, algo que no ocurre en el resto de los países. El mayor acceso al aire acondicionado, la electrificación de cocinas, calefacción y agua caliente, una tarifa eléctrica por debajo de su coste real y la ausencia de sensibilización con el ahorro energético en los hogares seguramente estuvieron detrás de esta evolución temporal. El segundo hecho destacable es que, desde 2009, probablemente como consecuencia de la subida de la luz, de la crisis económica y de las políticas de sensibilización (bombillas de bajo consumo, control de la temperatura de la calefacción y del aire acondicionado) y de “ahorra energía”, ha mejorado la intensidad eléctrica de los hogares españoles. El tercer hecho destacable es que el despilfarro eléctrico en España sigue siendo muy elevado. Incluso si nos comparamos con países con menos luminosidad, menos temperatura y más renta per capita, como es el caso de Alemania, nuestro consumo eléctrico por hogar es significativamente más elevado. Pero, lo que es más llamativo, si nos comparamos con un país con una renta por habitante similar a la nuestra, como es Italia, y con unas condiciones climatológicas muy similares a las nuestras, nuestro consumo eléctrico por hogar supera al italiano nada menos que en un 40%.

Y esto nos lleva al principio de este artículo. Más allá del necesario esfuerzo en la electrificación del transporte, que llevará tiempo, estamos ante una gran oportunidad en lo que se refiere a la rehabilitación energética de los edificios. Dicha inversión es un win-win-win: mejora el empleo y la actividad en el sector de la construcción, revitaliza la industria auxiliar, reduce el gasto público a largo plazo, mejora la balanza de pagos y favorece la sostenibilidad medioambiental. La mencionada Guía de Eurostat anima a las administraciones públicas a servir de ejemplo para el sector privado. Sus inversiones en el ahorro energético de los edificios no computarán como déficit público si:

(i) La inversión en eficiencia energética se financia con los ahorros en la factura energética, aunque lleve varios años

(ii) La inversión y, por tanto, el riesgo en términos de rendimiento y de la tecnología empleada corren a cargo de las empresas que la lleven a cabo

(iii) El contratista privado ofrece las mejores condiciones posibles a su cliente del sector público, es decir, se trata de un sistema competitivo. 

Pero esto es, precisamente, lo que hacen las Empresas de Servicios Energéticos (ESEs). En el año 2010 diseñamos un plan de rehabilitación energética para 2.000 edificios de la Administración Central. Salvo en el edificio del Ministerio de Industria, en la Plaza de Cuzco de Madrid y la cárcel de Soto del Real, en ambos casos con resultados financieros espectaculares, el “Plan 2000” duerme en algún cajón del Ministerio. El motivo fue que la inversión, pese a ser realizada por las ESEs, computaba como déficit público, en una situación de desequilibrio fiscal muy complicada para nuestro país. Pero ahora esto ha cambiado. Ya no computa como déficit. Ha llegado la hora de retomar dicho plan, y extenderlo a las CCAA y los ayuntamientos. Todo ello, además de las ventajas señaladas, impulsará la creación de Empresas de Servicios Energéticos, que también podrán ofrecer sus servicios al sector privado, fundamentalmente en la industria, extendiéndose las externalidades positivas.