Martes, 16.10.2018 - 17:04 h
Mano izquierda
ICAE/Universidad Complutense de Madrid. Ex Ministro de Industria, Turismo y Comercio

Ingredientes para un pacto energético: un acuerdo urgente y necesario

En una reciente jornada, organizada por la revista Ethic y la consultora KREAB sobre “El Futuro en clave de sostenibilidad”, tuve la oportunidad de participar en una mesa redonda con representantes políticos (Podemos, Ciudadanos, PP) que ostentan representación parlamentaria en la actual Legislatura. Quizás por ser el único participante que no está en la primera línea de la confrontación política, pude lanzar la propuesta de alcanzar, lo antes posible, un Pacto Energético que afronte los grandes retos de nuestra economía en clave de sostenibilidad. Siendo Ministro de Industria, Energía y Comercio desde 2008 a 2011, intenté repetidamente alcanzar ese acuerdo, sobre todo en nuestro último año de Gobierno.

Pero, claramente, no se daban las condiciones para lograrlo. En medio de una crisis galopante, el PP se veía, como así fue, victorioso en unas elecciones en las que sacaría mayoría absoluta y podría gobernar sin necesidad de apoyos parlamentarios. Un grave error, desde mi punto de vista. Hemos perdido siete años en los que, si han mejorado algunos indicadores de sostenibilidad medioambiental, como son las emisiones de CO2 o la intensidad energética, ha sido más bien debido a la crisis del sector de la construcción, intensivo en consumo energético y en emisiones, y no a una verdadera política de largo plazo.

La Energía, como las Pensiones y la Educación, son áreas de la actividad política que deberían ser abordadas desde una perspectiva de Estado, de acuerdo parlamentario estable. Y lo es porque cumple 3 condiciones: (i) se trata de una política a largo plazo, sus resultados no son inmediatos pero requieren de importantes inversiones, tienen un fuerte contenido regulatorio y un componente técnico que la hacen menos permeable a los componentes ideológicos. Además, al contrario de la Educación y las Pensiones, el Pacto energético es más “barato”, presupuestariamente hablando. Buena parte del acuerdo podría realizarse sin cargar excesivamente las cuentas públicas, pues casi todas las medidas serían fundamentalmente de tipo regulatorio, de encaminar a la inversión privada en una determinada dirección. Finalmente, otra ventaja del Pacto Energético es que, al estar las competencias energéticas en manos exclusivas del Estado, se evita entrar en el espinoso tema territorial, algo imposible de eludir en el deseado pacto educativo.

¿Cuáles deben ser los ingredientes de dicho Pacto? Es evidente que el propósito debe ser cumplir los objetivos a largo plazo en la lucha contra el cambio climático que se fijen finalmente en el horizonte 2030 y 2050, pero hacerlo sin poner en riesgo la competitividad de nuestra industria y el potencial de crecimiento de nuestra economía. Creo que el pacto podría articularse en torno a dos grandes ejes: (i) el ahorro y la eficiencia energética y (ii) la electrificación de nuestra economía.

El ahorro y la eficiencia energética

La política energética debe cumplir tres objetivos, a veces contradictorios: la sostenibilidad medio ambiental, la competitividad y la seguridad de suministro. La única fuente energética que cumple los tres objetivos es el ahorro y la eficiencia: es la más barata, la que menos contamina y la que no depende del exterior. Pese a que este principio es compartido por todos, seguimos siendo un país con una elevada intensidad energética (cantidad de energía consumida por unidad de producto) y una fuerte dependencia exterior (el 72% de nuestra energía es importada). Estando en el Gobierno, hicimos un Plan de Rehabilitación de 2.000 edificios de la Administración Central, plan que duerme el sueño de los justos. La experiencia piloto de dicho plan, el edificio de nuestro Ministerio en la Plaza de Cuzco de Madrid fue un éxito. Con su ahorro de 600.000 euros al año pagamos el sueldo del Ministro, de todos los Secretarios de Estado y de los Secretarios Generales, que les salimos “gratis” a los contribuyentes españoles.

Lo importante es que esta inversión, que además es intensiva en empleo y revitaliza el sector de la construcción, no cuesta dinero al sector público, pues se financia con los propios ahorros que consigue en la factura energética. Su puesta en marcha, además, potenciaría el desarrollo de las Empresas de Servicios Energéticos (ESEs) extendería esta experiencia al resto de las AA.PP. y al sector privado, a viviendas y a edificios destinados a la producción. Que, a corto plazo, la CE (Eurostat) no haya aceptado incluir esta partida de inversión pública, financiada mediante ahorros futuros, fuera del cómputo de déficit público es un “inconveniente”, pero no debería ser un “impedimento” en lanzar un programa de inversión pública en esta área, aunque compute en el déficit.

Electrificación 

A raíz de la crisis económica y su impacto sobre la demanda de electricidad, hay una idea extendida de que nos encontramos en una situación de exceso de capacidad y que hay que repartirse la “escasa” demanda eléctrica, lo que justifica los impedimentos a un despliegue del autoconsumo en nuestra geografía nacional. Creo que, siendo parcialmente cierto a corto plazo, el argumento es profundamente erróneo a largo. Tenemos que apostar por una fuerte electrificación de nuestra economía, a medio y largo plazo, y que esa electrificación vaya acompañada de un despliegue ordenado de las energías renovables y, en particular, de la energía fotovoltaica.

En un país sin apenas interconexiones eléctricas, el autoconsumo, si se regula apropiadamente, puede convertirse en una tecnología de respaldo, además de contribuir a la electrificación inteligente. Asimismo, la movilidad eléctrica debe ser una apuesta de país. Por supuesto que tenemos que contar con la complicidad del sector del automóvil, que sin duda la vamos a tener, pero también de las administraciones públicas y las empresas energéticas para el despliegue de la tecnología de recarga. Nuestro tejido productivo también debería estar en la vanguardia de esta política.

Creo que las grandes empresas eléctricas se equivocaron en no ser protagonistas del despliegue renovable en nuestro país, más allá de la energía eólica por la que sí hicieron una gran apuesta. Ahora se equivocan en ponerle trabas al autoconsumo, en vez de protagonizar su despliegue. Y también se equivocan las grandes petroleras en no convertir sus estaciones de servicio en “electrolineras”, para la recarga de vehículos eléctricos. La primera que lo haga se llevará un buen nicho de mercado. Y, si ninguna lo hace, será el propio mercado el que se las lleve por delante a ellas. Electrificar la economía impide abaratar la electricidad. Y ello significa alcanzar un acuerdo para la reforma eléctrica más ambiciosa que la que ha propuesto la Comisión de Expertos para la Transición Energética. Los puntos de la reforma consensuada podrían incluir:

- Aceptar, mejorándolo, el mecanismo marginalista de formación de precios en el mercado mayorista, evitando volver a un modelo intervencionista de fijación de precios en función de las tecnologías de generación.

-  Consensuar un mix energético a largo plazo, que otorgue seguridad jurídica y que tome en consideración el criterio de competitividad (nucleares, carbón).

- Revisar los costes regulados del sistema, de transporte y de distribución, garantizándoles una rentabilidad razonable que incentive la inversión.

- Eliminar el impuesto de electricidad, que en la actualidad se suma al IVA al 21%, con doble imposición. Puede ser sustituido por unos mayores impuestos a los hidrocarburos que compensen esta pérdida de ingresos.

- Pasar al Presupuesto los costes de apoyo a los sistemas extra peninsulares y los incentivos a las energías renovables. 

- Favorecer el despliegue del autoconsumo con posible volcado del excedente a la red, con una diferente remuneración para los kwh ofrecidos (precios de pool) frente a los demandados (precios de tarifa final).

- Modificar la factura eléctrica, haciéndola más justa y más eficiente. Una forma sencilla de hacerlo sería eliminar el término de potencia, tanto para la electricidad como el gas, e introducir un mínimo exento (“gratuito”) en el consumo de electricidad y gas, que se financiaría con una tarifa más elevada. En el Gráfico 1 presento como quedaría esa nueva tarifa eléctrica comparada con la actual.

Gráfico Miguel Sebastián 28 de abril de 2018
    

Los consumidores con un menor consumo, bien por tratarse de hogares con menos renta o porque han hecho esfuerzos de ahorro y eficiencia verán abaratada su factura, mientras que los que no lo hagan verán que su factura se eleva. Esta tarificación sin duda mejora la eficiencia, pues incentiva el ahorro energético. Pero también mejora la equidad. En el Gráfico 2 presento la tarifa media, es decir, cuanto le cuesta cada kilovatio hora consumido a cada consumidor, cuando se tiene en cuenta tanto el término de potencia (lo que se paga, aunque no se consuma) como el término de energía.

Está claro que la situación actual es profundamente regresiva, y pagan mucho más por cada unidad consumida los hogares con menos renta y menor consumo eléctrico. El término de potencia no está justificado en una economía moderna. El coste fijo, el de las inversiones en redes de transporte y distribución, se puede y se debe pagar con el término de energía. ¿Se imaginan a las petroleras pasándonos anualmente una factura por las redes disponibles de gasolineras a todos los vehículos matriculados, aunque no los utilicemos? Sería inaceptable. Pues algo parecido debería ocurrir con el término de potencia eléctrico. Esta nueva tarificación eléctrica tendría una ventaja añadida. Haría innecesario el “bono social”, evitando así las trabas burocráticas y los posibles casos injustos o abusivos asociados al mismo.

Gráfico Miguel Sebastián 28 de abril de 2018
   

La propuesta de Pacto Energético no fue mal recibida por las fuerzas políticas representadas en el acto mencionado. E incluso el propio secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, en un discurso articulado y sólido, la acogió con espíritu constructivo y con respuestas concretas.

La próxima tramitación de la Ley de Cambio Climático y Transición  energética, si se enfoca desde el consenso, puede ser una gran oportunidad para poner en marcha un Pacto de Estado Energético, urgente y necesario. Ojalá se aproveche la oportunidad.

Temas relacionados

Ahora en Portada 

Comentarios