Domingo, 21.04.2019 - 08:42 h
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ICAE/Universidad Complutense de Madrid. Ex Ministro de Industria, Turismo y Comercio

Renta mínima, renta básica: ¿La pobreza o la desigualdad?

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n mayo de 2016 los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, presentaron 700.000 firmas en favor de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para “poner en marcha un nuevo derecho subjetivo vinculado a la Seguridad Social y financiado a través de los Presupuestos Generales”. Esta iniciativa, que ahora se discute en la Comisión de Empleo y Seguridad del Congreso de los Diputados, ha reabierto el debate sobre la “renta básica”, o sus variantes (renta mínima, renta de inserción, etc.). Los sindicatos no pedían exactamente una “renta básica de ciudadanía”, sino una renta mínima para desempleados, y no “incondicional”, sino vinculada a la búsqueda de empleo o a la participación en programas de inserción laboral. Los agentes sociales estimaban que la iniciativa beneficiaría a unos 2 millones de personas y tendría un coste de unos 11.000 M€ (426 per capita y por mes).

La Airef ha estimado que el coste sería algo superior, en el entorno de los 13.000-15.000 millones de euros, añadiendo los complementos por cargas familiares. La estimación de estos costes, sin embargo, suele ser poco realista, pues ignora los diversos incentivos que este tipo de mecanismos puede provocar: (i) ciudadanos con una oferta de empleo con una remuneración similar, podrían verse tentados a renunciar a esa oferta y (ii) ciudadanos inactivos se declararían parados para optar a la renta mínima. En ambos casos casos aumentarían la tasa de paro y el coste fiscal de la prestación. Por este motivo, algunos autores han señalado que su coste real estaría cerca de los 17.000 millones, un 55% más de lo estimado por los sindicatos.

La renta básica

En lugar de esta “prestación de ingresos mínimos” muchos autores han propuesto una renta básica “incondicional” o “universal” (RBU), pero que sustituya todo tipo de prestaciones. Es decir, una percepción económica garantizada por el sector público y a la que tendrían derecho todos los ciudadanos por el hecho de serlo, independientemente de que estén o no en edad de trabajar, de que sean activos o inactivos, o de que están ocupados o parados. Generalmente el debate sobre la conveniencia o no de la renta básica se centra en su coste. Ese fue el principal argumento que provocó su rechazo en el referéndum de Suiza de 2016, y que esgrimen sus detractores. Creo, sin embargo, que la renta básica universal debe ser valorada en función de tres características:

1. Su coste, tanto a corto como medio y largo plazo

2. Sus problemas de incentivos

3. Su impacto sobre la pobreza y la distribución de la renta.

Los tres conceptos son distintos, pero no son independientes entre sí. Por ejemplo, los posibles incentivos negativos de la RBU podrían incidir en su coste futuro, si mucha gente decide no trabajar y se pierde crecimiento económico y recaudación. Otro ejemplo, un elevado coste fiscal podría limitar los recursos para otras herramientas de lucha contra la pobreza o la desigualdad, empeorando la tercera de las vertientes.

1. El coste de la RBU. - Dentro de sus costes hay que distinguir, los “costes de entrada”, su implantación a corto plazo, la evolución de dichos costes a lo largo del tiempo y sus posibles “costes de salida”, es decir, los potenciales costes políticos y sociales de echar marcha atrás si se demuestra inviable a medio plazo. El coste de entrada depende de la cuantía de la RBU y del número de perceptores anuales. Tomemos el caso de España. En la Tabla 1 resumimos el coste de implantar una renta básica universal de 500 euros al mes, unos 6.000 euros al año.

renta basica
    

Se trataría de elevar la ratio de deuda en 25 puntos del PIB cada año o la presión fiscal en un 60% de forma permanente, algo imposible de asumir por ningún gobierno. Ello exige calcular versiones acotadas de la RBU, excluyendo a colectivos que declararíamos no elegibles para recibirla. El primer filtro es excluir a la población más joven, los menores de 16 años que, por no tener edad para trabajar y estar a cargo de sus padres, recibirían su porción de renta a través de las RBU de sus respectivos progenitores. En España hay unos 7,5 millones de jóvenes por debajo de los 16. Ello bajaría el número de perceptores a 39 millones de personas.

Pero, además de los jóvenes, podríamos excluir de la RBU a otros colectivos que perciben una renta superior a los 6.000 euros al año: (i) unos 9,2 millones de pensionistas cuya exclusión no contradice el carácter “universal” de la renta básica. Además de esos 9,2 millones, hay otros 400.000 que reciben una pensión media de 4.800 euros. En esos casos sólo habría que complementarles con 1.200 euros, hasta alcanzar los 6.000 euros de la renta básica; (ii) a los parados, que reciben una prestación media de 3.000 euros, sólo habría que compensarles con otros 3.000; (iii) los “autónomos” que declaren percibir más de 6.000 euros serían excluidos y, al resto, sólo se les compensaría por la diferencia; (iv) finalmente, con los “asalariados” procederíamos de una forma equivalente: excluiríamos a los 13,6 millones que declaran ganar más de 6.000 euros, compensando al resto.

En la Tabla 2 se recoge el resumen de los cálculos del coste inicial de implantar la Renta Básica una vez hechos los ajustes para evitar las duplicidades en las percepciones de la renta mínima universal.

renta basica ajustada
    

Frente al coste inicial, de un 25,4% del PIB, tras estos ajustes el coste de la renta básica se reduciría casi a la cuarta parte, un 5,7% del PIB. Además, esta magnitud se trataría de un límite superior del coste real. Habría que excluir a los perceptores de rentas del capital, en cuantía equivalente o superior a los 6.000 euros anuales. También eliminaríamos la deducción por hijo entre 16 y 25 años en la declaración de la renta, pues estos ya serían perceptores de la RBU. También se podrían ajustar otros gastos, como las ayudas a la dependencia, que ya estarían cubiertos por la RBU, o las políticas activas de empleo.

2. El problema de incentivos. La Renta Básica Universal nunca se ha implantado. Se encuentra en fase experimental en Finlandia y en Holanda, y buena parte del experimento se va a centrar en analizar los posibles problemas de incentivos que pueda generar. Hasta la fecha, todo lo que podamos decir sobre este punto tiene, por tanto, un carácter teórico o académico. Entre los incentivos podemos destacar:

(i) una reducción de la oferta efectiva de trabajo

(ii) desactivación de parte de la población activa

(iii) desempleo estructural, al elevarse el “salario de reserva”

(iv) menor ahorro, si la garantía de una renta de supervivencia de por vida reduce el incentivo a ahorrar.

(v) más economía sumergida, al ser la RBU incompatible con otras fuentes de ingreso, incentivaría sumergir actividades en el sector servicios que sean difícilmente fiscalizables.

(vi) menor capital humano, si percibir una RBU supone un incentivo a abandonar los procesos de formación. Ello redundaría negativamente en la Productividad Total de los Factores, motor del crecimiento a largo plazo.

3. La pobreza y la desigualdad. - Parece razonable pensar que la RBU mejorará la pobreza, al elevar la renta de los ciudadanos por debajo del umbral de pobreza. El impacto sobre la desigualdad, sin embargo, es más discutible. A medio y largo plazo la RBU puede empeorar la distribución de la renta por varios motivos:

(i) se abandonan las políticas de formación y a esos trabajadores se les “condena” a una RBU permanente, que le garantizará un nivel de vida digno, pero no le hará partícipe de los aumentos de la productividad del conjunto de la economía

(ii) las empresas tendrán incentivos a desprenderse de los trabajadores menos eficientes, que ya están cubiertos por la RBU.

(iii) el coste fiscal de la RBU puede provocar recortes en otras políticas que garantizan la igualdad de oportunidades, como son la Educación o la Sanidad, empeorando la distribución de la renta.

En resumen, el debate sobre la Renta Básica Universal requiere una reflexión sosegada y una observación desapasionada de sus costes, incentivos y posibles resultados. También debe dejar claro el objetivo final: ¿la pobreza o la desigualdad? Porque ambos objetivos pueden ser incompatibles.

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