¿Y si empezamos por la economía?

El pasado 30 de enero, el INE publicó el avance del crecimiento del PIB del cuarto trimestre de 2017. Aunque la tasa fue algo decepcionante (0,7% trimestral, la peor del año), lo cierto es que el PIB cerró el año creciendo un 3,1%, tasa que coincide, además con el crecimiento medio del conjunto del año. Seguramente el Gobierno y el Partido Popular pondrán el énfasis en que se trata del tercer año consecutivo en que crecemos por encima del 3%, algo que no ocurría desde 2005-2007, dando por terminada la crisis. Además, la economía española es una de las que más crece de la zona euro, aunque ha tenido que esperar a 2017 para recuperar los niveles de PIB real previos a la crisis. El Partido Socialista probablemente dirá que, pese a estos resultados recientes, el crecimiento promedio durante la etapa Rajoy (1% en media) está significativamente por debajo del que se registró en la época de Zapatero (1,4% en promedio anual), y que otros indicadores están incluso peor.

Pero, diciendo eso, ninguno de ellos acertará en el verdadero problema de la economía española y que se resume en su balance desde que forma parte el euro, hecho histórico del que se acaba de cumplir 19 años el pasado 1 de enero.

Y es que, al contrario de lo que todos los que defendimos la entrada de España en el euro esperábamos, el crecimiento tendencial español, comparando los 18 años antes y después de nuestra entrada, se ha reducido en casi un punto porcentual anual desde que pertenecemos a la moneda única (véase Gráfico 1). Y, lo que es peor, la volatilidad del PIB, medida por su desviación típica, ha aumentado en un punto si comparamos ambos subperíodos. Es decir, la economía española no sólo crece menos a largo plazo, sino que también se ha hecho más inestable. Ello contradice lo que se decía en vísperas de nuestra entrada en la unión monetaria, allá por 1998: con el euro nuestro crecimiento potencial iba a ser superior y la economía española iba a estar protegida frente a las turbulencias cambiarias y los episodios de desconfianza internacional que habíamos vivido en el pasado.

La actual complacencia con la situación de nuestra economía, que no sólo ejerce el Gobierno de España, sino también buena parte de los medios de comunicación, la clase empresarial y los organismos internacionales no debería esconder la debilidad estructural del modelo productivo español y la necesidad de llevar a cabo reformas antes de que cambie el ciclo internacional de los tipos de interés.

Muchos dirán que estas reformas no pueden llegar hasta que no se desatasque la situación política, que se encuentra prácticamente en stand-by desde las elecciones generales de diciembre de 2015 y agravada por la situación de Cataluña. Este año 2018 se cumplirán 40 años de la elaboración y posterior aprobación de nuestra Constitución de 1978. Para muchos, entre los que me incluyo, se trata de una oportunidad única para abordar las reformas políticas que también necesita España. Y de hacerlo antes de que entremos en un calendario electoral que hará imposible un gran acuerdo ni en 2019 (elecciones municipales, autonómicas y europeas) ni en 2020, por las elecciones generales. Por tanto, si no se aprovecha esta oportunidad, tendremos que esperar, como poco, hasta 2021. Y ello suponiendo que todo va bien.

Pero, ¿dónde está escrito que primero debe ir el acuerdo político y, posteriormente, el pacto económico?. El pasado octubre también cumplimos 40 años de los Pactos de la Moncloa, efemérides que ha pasado prácticamente desapercibida en la agenda política y mediática del país.

Los Pactos de la Moncloa y la Constitución de 1978

El 25 de Octubre de 1977, un año antes de la Constitución y apenas 4 meses después de las primeras elecciones democráticas, se firmaron los Acuerdos de la Moncloa, cuyo principal eje fue “el saneamiento y reforma de la economía española”. Lo cierto es que la sociedad española iniciaba su andadura democrática en una situación económica complicada. El franquismo, en descomposición desde la muerte de Carrero Blanco en 1973, no había hecho frente a la primera crisis del petróleo, y la economía se había metido en una espiral inflacionista, además de un deterioro del déficit exterior y una elevada pérdida de divisas. En agosto de 1977, la tasa de inflación se acercaba al 30%, (véase el Gráfico 2), el déficit exterior superaba los 5.000 millones de dólares y la deuda externa se había triplicado en apenas dos años.

Frente a esta crisis, los gestores del franquismo habrían reaccionado con más proteccionismo y más aislamiento internacional, algo que nos habría alejado definitivamente del espacio europeo. Tal y como señala el propio Fuentes Quintana, el artífice de esos acuerdos, se acudió a esos Pactos con dos premisas fundamentales. La primera, que las soluciones a la crisis económica debían implicar una modernización de la economía española, que la acercara a Europa. Y la segunda, que España tenía una segunda oportunidad de ofrecer una respuesta democrática a una crisis económica, algo que no pudo o supo hacer en los años 30, tal y como Indalecio Prieto lamentó en sus “Convulsiones de España” escritas en el exilio en 1967.

Uno de los logros de los Pactos de la Moncloa fue romper el sistema de fijación de los salarios nominales, que se basaban en la inflación pasada a la que se añadían dos o tres puntos adicionales. Con ese esquema era imposible romper la espiral inflacionista y España podría haber acabado fácilmente en una hiperinflación. Pero tras los Acuerdos, el mecanismo salarial se fijó en función de la inflación futura, es decir, de las expectativas de inflación, con una cláusula de salvaguardia para mantener los salarios reales en caso de que la inflación superara dichas expectativas.

Los sindicatos aceptaron lo que, sin duda, era un cambio estructural fundamental que requería la confianza de los trabajadores en el nuevo sistema. Y el cambio funcionó, tal y como desmuestra el Gráfico 2. La inflación se redujo rápidamente, sin costes en términos de salarios reales ni de desempleo. También se apostó por liberalizar los mercados, modernizar el sistema fiscal, apostar por “nuevos” sectores tecnológicos (como el sector del automóvil), una política monetaria estabilizadora, un tipo de cambio más flexible y realista (se devaluó la peseta), una apertura a la inversión extranjera, una liberalización comercial y un control del gasto público.

¿La economía antes que la política?

La Economía fue por delante de la Política en 1977-78. Es cierto que la situación económica de entonces era acuciante. Pero también es verdad que no se había vivido, ni por asomo, una crisis de la gravedad y duración como la que hemos sufrido de 2008 a 2013. Tampoco la situación política estaba estancada, como ahora. Por el contrario había un interés compartido en avanzar en la Transición a la democracia y enterrar el franquismo con los menores riesgos para la convivencia. Pero empezar por la Economía, lejos de retrasar, contribuyó al acuerdo político fraguado en la Constitución. Empezar por la Economía es “rentable”, porque muchas de las cuestiones económicas no son ideológicas. En 1977, combatir la inflación no era “ni de derechas ni de izquierdas”. Era una necesidad nacional.

El mismo argumento puede servir en la actualidad para fomentar el ahorro público y privado que contribuya al desendeudamiento, para abordar la sostenibilidad de las pensiones, para reformar el modelo educativo, impulsar la innovación, acordar la financiación autonómica o retomar la política industrial. En definitiva, para abordar nuestro ya crónico problema del crecimiento de la productividad. Tampoco la productividad es “de derechas ni de izquierdas”. Y abordarla empieza a ser ya una necesidad tan acuciante como lo fue la inflación y el déficit externo hace ahora 40 años.