Emergencia climática: la ideología importa

Escribo estas líneas pocas horas después del fracaso de la investidura para formar un gobierno de progreso en España. Soy consciente de la dificultad de establecer un orden entre prioridades: reducir la precariedad del empleo, mejorar la protección social, luchar contra la desigualdad y la pobreza infantil, erradicar las diferencias de género... Pero, entre ellas – todas ellas importantes -, no me resisto a resaltar una por su urgencia: la lucha contra la emergencia climática. ¿Quedará comprometida si no se reconducen las negociaciones para formar un nuevo gobierno progresista en España? 

Todos vivimos en el mismo planeta, todos respiramos el mismo aire, todos bebemos el mismo agua, todos consumimos la misma energía... pero no todos parecemos compartir ni la urgencia por luchar contra el calentamiento global, ni la conveniencia de apostar por la transición energética como motor capaz de dinamizar nuestras economías. Al menos, eso es lo que se desprende – más allá de las declaraciones – de las políticas que unos partidos y otros han puesto en marcha desde el poder.

Los cambios en el gobierno central y en el Ayuntamiento de Madrid ilustran las diferentes posiciones políticas ante el problema. En contraposición con la política energética del gobierno de Mariano Rajoy – recuérdese el “impuesto al sol”, los recortes a las renovables, o los obstáculos al cierre de las centrales nucleares y de carbón -, el ejecutivo de Pedro Sánchez ha dejado plasmada su ambición en este ámbito a través del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que incluye objetivos y medidas para la reducción de las emisiones contaminantes, la mejora de la eficiencia energética y el despliegue de nuevas inversiones en energías renovables. Y en contraposición con la falta de medidas para luchar contra la contaminación en Madrid que demostraron los sucesivos ayuntamientos del PP, la llegada de Manuela Carmena y su equipo supuso la puesta en marcha del Protocolo por Alta Contaminación y la creación de Madrid Central, medida que los nuevos responsables del PP y Ciudadanos se han vanagloriado en suspender nada más llegar al consistorio.

Detrás de estos planteamientos políticos tan opuestos está la ideología, y detrás de la ideología, los intereses económicos. La derecha no quiere un Estado fuerte que adopte un papel importante en la economía, porque ello requeriría –entre otras cosas – reforzar la capacidad de recaudación del Estado y su papel para limitar la iniciativa privada allí donde atente contra el interés general. Por ello, la derecha mira a otro lado cuando se constata que el mercado falla, porque lo contrario sería reconocer el papel central del Estado. La contaminación es un fallo de mercado por excelencia porque produce externalidades negativas que nos afectan a todos, a los que contaminan y a los que no. Y aunque todavía queden algunos negacionistas que se empeñen en negar la evidencia, el calentamiento global y sus consecuencias son una realidad ya, contra la que no se puede luchar desde la inacción.

Una planificación y regulación energética que promuevan la transición hacia las energías renovables, unas mayores tasas de electrificación que fomenten la reducción de las emisiones en el sector del transporte, la creación de zonas de bajas emisiones y las restricciones al acceso del tráfico a las ciudades, una fiscalidad ambiental que acelere el cambio de la flota de vehículos hacia otros menos contaminantes, la rehabilitación para mejorar la eficiencia energética de las viviendas, el fomento del reciclaje... Ninguna de estas medidas se puede poner en marcha sin antes reconocer la necesidad de que el Estado adopte un papel activo en la economía, algo que esto no está en el ADN de los partidos de derecha – al menos, en los de este país.

Pero los políticos que opten por mirar a otro lado, negando la urgencia de poner en marcha medidas ante la emergencia climática, se van a encontrar al menos con tres frentes: la ciudadanía, los jueces y los organismos e instituciones internacionales. De nuevo, Madrid como ejemplo: miles de madrileños han salido a las calles para reivindicar Madrid Central; los jueces han desactivado la moratoria porque la salud de los ciudadanos es un derecho contra el que no vale la arbitrariedad política; y la Comisión Europea ha reactivado el expediente contra Madrid por el incumplimiento de la directiva de calidad del aire. Madrid es un ejemplo cercano, pero por suerte no el único: Fridays for the Future moviliza a los jóvenes en Europa, las propuestas para un Green New Deal de los candidatos demócratas en EEUU ocupan sus debates, y la preocupación por el cambio climático alcanza los primeros puestos entre las preocupaciones de la ciudadanía. Algo empieza a cambiar, y cuando algo cambia, no tiene marcha atrás.

¿De verdad son tantas las diferencias entre los partidos progresistas en España como para poner en juego algo tan importante?