Cualquiera puede entender que si los ingresos bajan por debajo de los gastos surge la necesidad de pedir prestado para cubrir la diferencia. También que la obtención de ese dinero depende de la confianza de quien presta en que será devuelto y la fiabilidad de quien lo pide prestado. Esta verdad incómoda, cualquier día de una familia, un autónomo o una empresa, parece que no va ni con los políticos, ya sea en la gestión de sus propios partidos o de los gobiernos a los que acceden. Que cuadren las cuentas parece una quimera pese a que representa lo lógico y el sentido común. No hacerlo significa acumular deuda, con ella incrementar el pago de intereses y acabar recortando en otras partidas.
En la crisis sanitaria actual, reconvertida a la vez en económica, no conviene poner en riesgo la confianza ni arriesgar la credibilidad en vísperas de comenzar a tocar puertas de los inversores para conseguir más dinero. No es suficiente el europeo. De haber dudas, ni siquiera el Banco Central Europeo (BCE) podrá apagar el fuego de la desconfianza entre los inversores. Que se lo pregunten a los Salvini-Di Maio en la Italia de 2018 y 2019. Sus bravuconadas y plantes ante la vigilancia de Bruselas para saltarse los objetivos de déficit público acabó provocando un aumento de sus costes de financiación en los mercados que se llevaron por delante el margen presupuestario que reclamaban. Una mala política.
Lo peor es que ya casi nadie se acuerda de Salvini o Di Maio, salvo el Tesoro italiano que paga desde entonces 200 puntos más que los alemanes por financiarse y 100 más que los españoles. Su error de cálculo -inferior al corralito financiero y desplome de las pensiones que provocó la Grecia de Varoufakis en 2015- ha costado decenas de miles de millones de euros adicionales a Italia a la hora de financiar su estado. Todo porque los gestores de planes de pensiones, fondos y bancos pasaron a considerar a los transalpinos como un emisor menos fiable. De repente sus empresas pasaron a financiarse más caro que sus pares europeas, con las que deben competir a diario por contrato y servicio.
Por eso lo ocurrido esta semana en torno al anuncio de derogación de la reforma laboral, íntegra o parcial, tiene una lectura alarmante más allá de que haya o no que hacerlo ahora. Tiene razón la vicepresidenta Nadia Calviño en echarse las manos a la cabeza por lo “absurdo y contraproducente” del momento. Como también el responsable de la CEOE, Antonio Garamendi, al lamentar la inconsciencia de algunos miembros del gobierno -en referencia a sus miembros no-económicos- y la lapidaria sentencia: “No han visto una empresa en su vida”. El problema es que es cierto. En la burbuja del funcionariado o la política se desconoce lo básico de la empresa, hasta el punto de que en el escenario de ‘cero ingresos’ (y pérdidas masivas) de la Gran Reclusión se pretende mantener e incluso elevar impuestos o costes laborales. Totalmente absurdo y contraproducente.
De lo contrario, no se plantearían ahora una medida que puede promover miles de despidos precautorios entre las empresas privadas para evitar costes mayores a futuro o, incluso, su propio cierre. Después de dos meses y medio de confinamiento forzado, hay empresas que tienen la certeza de que no saldrán de esta y empresarios que perderán su patrimonio y tiempo en cerrarlas en lugar de pelear por crear nuevos puestos de trabajo. El mensaje transmitido no puede ser peor y en el peor momento posible no solo para el sector privado sino para el público.
El agujero en las cuentas públicas de 2020 multiplicará por cuatro o por cinco el 2,8% de 2019 (-35.000 millones de euros) debido a la crisis hasta superar de largo los 120.000 millones. El Tesoro Público, la agencia encargada de conseguir el dinero para financiar al Estado, acaba de elevar esta semana su objetivo de emisiones brutas hasta los 300.000 millones de euros, casi 1.000 millones de euros diarios que España tiene que obtener del mercado para rolar antiguos vencimientos de deuda con inversores actuales, pero ahora debe encontrar otros. Tras haber levantado ya 120.000 millones hasta ahora, el Gobierno debe obtener 180.000 millones más. Hay quien confía en que el Banco Central Europeo (BCE) comprará toda la deuda nueva que se emita, pero aquí también hay condiciones y lagunas. El banco central se está quedando sin munición salvo que incremente el dinero en sus próximas reuniones.
Esta vez, el Estado no podrá a empujar a sus bancos nacionales a comprar deuda soberana nacional para evitar los riesgos secundarios de esa onerosa actividad del ‘carry trade’ de financiarse a tipos negativos para comprar deuda con interés positivo. El nuevo mandato oculto de Christine Lagarde señala que la prioridad es dar liquidez y crédito a empresas y hogares, de ahí que mirará con lupa las malas prácticas de gobiernos nacionales y autonómicos ‘sugiriendo’ a bancos (y cajas) la compra de deuda pública.
Ocurrió en la pasada crisis, pero es algo que el BCE quiere evitar a toda costa: el círculo vicioso banca-estado. La tercera vía obliga a recurrir a inversores profesionales que miran, ante todo, el carnet de identidad del consejo de ministros y los mensajes que transmiten. ¿Con qué credenciales acudirá el Gobierno a por más capital? ¿Con la toma de decisiones a golpe de Whatsapp (PSOE) o Telegram (Unidas Podemos)? ¿Con aquello del ‘dinero público no es de nadie’ que decía la vicepresidenta Carmen Calvo en la anterior crisis? ¿Con Pablo Iglesias y sus interferencias en otros ministerios? Tanto Iglesias como Sánchez deben evitar el cercano error italiano porque puede salirnos caro a todos. Cada punto básico de incremento en la prima de riesgo sale a 30 millones de euros adicionales en el pago de intereses anuales. Echen la cuenta de lo que suponen cien, doscientos o 300 puntos más.
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