La multinacional Abengoa se enfrenta esta semana al punto de no retorno, "ese lugar al que nadie quiere ir", como lo expresó el ex presidente del Banco Popular, Emilio Saracho, meses antes de la intervención y rescate de la entidad en 2017. El tiempo de prórrogas, aplazamientos y segundas oportunidades ha terminado para una empresa en agonía permanente desde hace más de un lustro que pide a gritos a sus administradores, accionistas y acreedores una eutanasia controlada. La negativa de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a prestarle 249 millones de euros de dinero público parece la señal definitiva en ese sentido. Que el brazo inversor del Estado haya declinado ahora acudir al SOS lanzado desde el Campus Palmas Altas no debería sorprender a nadie.
Lo que sí ha provocado cierto resquemor en Sevilla es que se haya jugado en este asunto con los tiempos electorales, solo unos días después de las elecciones autonómicas en Andalucía. Para algunos trabajadores de la ingeniería, la candidatura del ex alcalde Juan Espadas y su conexión directa con Moncloa todavía representaba el voto de la esperanza de un rescate público. El grueso de los 2.500 empleados que tiene Abengoa en España se concentran alrededor de la capital. A ojos de los estrategas, este caladero de voto de miles de familias ha sido clave de la histórica derrota socialista en su gran bastión. El golpe económico para Andalucía puede ser mayúsculo.
Solo en salarios, cotizaciones sociales e impuestos asociados se perderán alrededor de 40 millones de euros tomando como referencia las cuentas de 2020 y que el 21% de la plantilla, con los sueldos más altos, estaban adscritos al cuartel general. Sevilla pierde su emblema corporativo, su gran multinacional y motivo de orgullo en el pasado. La alcaldía de Espadas (2015-2022) coincide en el tiempo con la crisis de la principal empresa de la ciudad, cerca de seis años al filo de la desaparición y un rescate que nunca llega que acelerará la decadencia sevillana frente a la pujanza de Málaga. Todo el que ha mirado debajo de las alfombras de Abengoa SA se ha dado media vuelta algo asustado. Provoca sonrojo que a mitad de 2022 la empresa no haya presentado ningún informe financiero oficial relativo al 2021. Desde el Gobierno de Pedro Sánchez hasta la Junta de Andalucía de Juanma Moreno, pasando por la familia Amodio que protagonizó un rescate no menos complicado en la constructora OHL o, hace siete años, la familia Riberas, el apellido detrás del imperio industrial que conforman empresas como Gestamp, Cie Automotive y Gonvarri.
Quienes conocen y han seguido de cerca la caída a los infiernos de Abengoa señalan siempre a ese momento, noviembre de 2015, como la verdadera oportunidad perdida para haber salvado al grupo. Lo que necesitaba la antigua empresa de los Benjumea era una buena gestión, reestructurar la deuda y el cierre de algunos proyectos megalómanos en los que se embarcó la ingeniería. Los Riberas garantizaban una manera de hacer mucho más prudente que hubiese permitido frenar el ímpetu de los acreedores. La segunda vez que el grupo de ingeniería estuvo a punto de ver la luz fue con el plan Vellocino de Gonzalo Urquijo pero la rebelión de los accionistas minoritarios dinamitó la puesta en marcha de aquel plan de rescate al que dijo sí el Gobierno a través del ICO y Cesce, pero que se quedó en el limbo por la negativa de la Junta de Moreno y Bendodo a poner 20 millones.
Pero aquel gigante del Ibex 35 que llegó a valer 3.000 millones de euros en bolsa tenía los pies de barro. Pocos recuerdan hoy que Abengoa lanzó a Wall Street a dos de sus filiales (Telvent, Abengoa Yield) cuando parecía un territorio inalcanzable para una empresa española. Tampoco que fue una de las marcas pioneras de la revolución de las energías renovables o la gestión del agua. Pero toda esa memoria está a punto de verse enterrada bajo la losa de una deuda financiera de casi 5.000 millones de euros que comenzó a devorar la rentabilidad de sus cuentas hasta el punto de hacerla insostenible. Según los últimos datos disponibles de 2020, Abengoa tiene un agujero en forma de patrimonio neto negativo cercano a los 400 millones de euros, ha sido vaciada de gran parte de sus activos en favor de la filial Abenewco y está abocada a su disolución por este motivo. La ministra de Industria, Reyes Maroto, recordaba recientemente que el Gobierno ya había rescatado a Abengoa. El problema es que todavía no se sabe a cuál de ellas.
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