Vladímir Vladímirovich Putin, de 69 años, va camino de cumplir un cuarto de siglo al frente del Gobierno de Moscú si se tiene en la etapa de alternancia con Dimitri Medvedev para puentear las limitaciones constitucionales rusas. El año pasado eliminó los topes de mandato para poder perpetuarse en el Kremlin. Se ha cruzado con cinco presidentes de EEUU y otros tantos en cada uno de los países europeos a los que se enfrenta con la guerra e invasión de Ucrania. El enemigo público 'número uno' de Europa rivaliza con el periodo de Stalin o del último zar ruso, Nicolás II, en permanencia como gobernante.
La lejana posibilidad de que el ex espía de la KGB abandone el poder omnímodo acumulado en estas décadas parece una quimera, pero hay un talón de Aquiles al que Occidente está disparando sin pegar un tiro para intentar frenarlo. Son las sanciones económicas a Rusia y contra los oligarcas pro-Putin, que son la fuente de su dominio interno, eje central de su diplomacia exterior y dicen también que de la fortuna oculta del mandatario de la que casi nadie se atreve a hablar. El opositor encarcelado Alexei Navalny denunció la existencia de un palacio valorado en más de 1.000 millones de euros a orillas del Mar Negro, en Gelendzhik, cuya propiedad atribuye al presidente y su financiación a los oligarcas.
La Unión Europea (UE) parece haber dado en el clavo con la estrategia de congelar activos al 'sóviet' de ultramillonarios porque el propio Putin lo ha considerado una “declaración de guerra”. La debacle en los mercados ha sido de tal magnitud que la lista Forbes rusa ha perdido más de 100.000 millones de euros de patrimonio en una semana. Apellidos como Usmanov, Mordashov, Alekperov, Tokarev, Abramovich o Potanin se han situado de repente en el punto de mira y todo el mundo ha entendido por qué. La mayoría de estas fortunas se había establecido en 'Londongrado', el apodo de la capital británica que los había acogido con los brazos abiertos hasta la fecha y todavía se resiste a mandarlos al exilio. Putin empoderó a una casta de super fortunas a cambio de lealtad y apoyo incondicional para acallar cualquier señal de resistencia interna, o para extender la esfera de influencia de Moscú hasta el último rincón de Occidente.
En esa 'lista negra' aparecen Mijaíl Fridman y Petr Aven, dos de los dueños de Alfa Group, el conglomerado de empresas de banca, telecomunicaciones y distribución que surgió en los años 90 tras la caótica privatización que sucedió a la caída de la URSS. En España es sinónimo de Prestige, el naufragio que llenó de chapapote la costa gallega en 2002, porque el buque era propiedad de una de las empresas del consorcio ruso. También eran conocidos por la batalla judicial por la quiebra de Grupo Zed y, de forma más reciente, se habían hecho un hueco estratégico en la economía española a través de Letterone, un holding financiero que posee el 77% de Dia, la mayor red de supermercados en España con cerca de 4.000 tiendas. Estos oligarcas han protagonizado un polémico asalto a la compañía desde 2017, periodo en el que han triturado un 99% su cotización y estuvieron a punto de llevarla a la bancarrota durante el delicado primer año del Gobierno de Pedro Sánchez.
La UE ha calificado a ambos como "facilitadores y financiadores" de Putin, además de sus arietes en la política rusa de desestabilización de otro país soberano. Pese a que lo niegan y han intentado desmarcarse de Putin, hay algunas ‘misiones especiales’ en el terreno corporativo que llevan su sello. Que se lo pregunten a Sergei Pugachev, el oligarca considerado como el ‘banquero de Putin’ cuando éste ascendió al poder a finales de los 90. Luego se convirtió en una de sus sonoras víctimas empresariales --junto a Mijaíl Jodorkosvky en Yukos- tras la bancarrota de Mezhprombank, la entidad financiera de su propiedad, pese a las peticiones de ayuda estatal.
El ex oligarca cometió el agravio de denunciar en los tribunales la intervención por parte del Estado tras su exilio en Francia. En 2020, el Kremlin y DIA (nombre que recibe un regulador bancario ruso) dieron mandato de rastreo e intervención de los activos personales de Pugachev o de su banco. El encargo fue ejecutado por A1 (Alfa-Eco), compañía original del imperio Fridman, que se autodescribe como empresa de inversión "experta en resolver casos comerciales complejos, disputas corporativas y recuperación de dinero y activos sustraídos ilegalmente".
La prensa económica rusa tachaba de despiadadas sus prácticas de recobro de esta agencia que, según su web, creó lo que es hoy Alfa-Bank, la teleco Veon, los supermercados Perekrestok (X5 Group) y la petrolera TNK. La operación de venta de esta última marca un antes y un después en las ambiciones económicas de Putin y en la estrategia geopolítica de Rusia sobre Ucrania. Originalmente, la empresa conjunta fue impulsada por la petrolera británica BP a principios de los años 2000. Fue incorporando al accionariado a socios locales con licencias de exploración expedidas por el Gobierno.
En poco tiempo se convirtió en la tercera empresa más importante de petróleo y gas de Rusia hasta que en 2013, Moscú comenzó a ver con recelo el ascenso de esa presencia extranjera. Los socios rusos agrupados en torno al consorcio Alfa-Acces-Renova (ARR), entre ellos, forzaron la venta de la compañía y pasaron de ser millonarios a ultrarricos, entre ellos, los socios de LetterOne (Fridman, Aven, Kuzmichev, Khan y Kosogov), Leo Blavatnik, propietario de la plataforma de streaming Dazn, o Víctor Vekselberg (Rusal), entre otros. El grupo estatal Rosneft, ya bajo el mando de Igor Sechin (nº 2 del Kremlin), extendió un cheque con dinero público por importe de 28.000 millones de dólares solo para el exclusivo grupo de millonarios. Si hay una fecha y un lugar de nacimiento para el movimiento oligarca, ambos convergerían en el 21 octubre de 2012 cuando se firmó la venta de TNK.
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