La Tasa Tobin y la política de fuegos artificiales

Parece el eterno dilema fiscal: atraer  negocios para recaudar o comenzar a cobrar ahuyentando poco a poco los ingresos. La apuesta del Gobierno de Pedro Sánchez por la llamada Tasa Tobin nace mal diseñada y deformada con el objetivo y la necesidad de recaudar, pero sin pensar en los efectos nocivos para la actividad actual y, sobre todo, futura para las grandes empresas españolas que cotizan en bolsa pero que tienen que competir en un mundo global contra multinacionales chinas, canadienses, australianas, holandesas, alemanas...

Moncloa dice que el nuevo Impuesto a las Transacciones Financieras (ITT) recaudará hasta 850 millones de euros anuales con un gravamen del 0,2% a la compra de acciones de empresas españolas que valgan en bolsa más de 1.000 millones de euros. Será un impuesto local en un mercado global. Dicho de otro modo, el inversor estadounidense, japonés, mexicano o español podrá elegir entre invertir, por ejemplo, en Telefónica con ese impuesto o hacer en la alemana Deutsche Telekom o la británica Vodafone sin esa tasa. Un palo en la rueda de la operadora española a la hora de atraer a dinero y accionistas.

La rimbombante justificación de esta nueva tasa será, según el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero, “reforzar la equidad del sistema tributario” con un tributo que “afecta al sector financiero, receptor de importantes ayudas públicas durante la crisis”. El objetivo es que contribuya al “mantenimiento del Estado del bienestar” y, encima, “está en línea con lo que defiende la Comisión Europea y “han adoptado países como Francia o Italia”. Vamos un ‘impuesto a los malos de la crisis’ con el que, además, como lo hacen fuera lo hacemos dentro. 

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La realidad de la tasa es otra. Lo primero de todo: en la crisis, hay que recordarlo, se rescató sobre todo a las cajas de ahorro que fueron controladas por PP y PSOE.  En segundo lugar, es una perversión de la original Tasa Tobin, ideada para frenar la volatilidad en los mercados, es decir, los excesos y la especulación. La Tasa Montero no cumple con lo anterior porque introduce una pequeña barrera de entrada a los inversores gravando la inversión pero en cambio no pone el mismo peaje a la venta de acciones o, mucho peor, a los inversores bajistas. El Ministerio ha excluido del diseño de la tasa la cesión temporal de valores y, por tanto, las operaciones como el préstamo de acciones que son la antesala de las ventas en corto. El supuesto impuesto a los malos se queda en un sobrecoste a los brókeres e intermediarios.

La tasa despierta múltiples interrogantes que el Gobierno no se ha parado a responder, pero ni siquiera a pensar. Solamente se ha rescatado el proyecto de octubre de 2018. Con la misma pólvora y tintes, Montero quiere encender el mismo cohete pero sin fecha de lanzamiento. De nuevo, fuegos artificiales. El gravamen excluye las salidas a bolsa. Alguna que otra empresa se pensará cotizar en España y puede que opte por hacerlo en otro país. ¿Quién quiere cotizar en un mercado en el que se penaliza al inversor? Lo que está claro es que la tasa no atraerá a ninguna empresa sino al revés.

Moncloa se adelanta a otros países haciendo daño a sus propias empresas y restándoles competitividad. “Francia o Italia lo hacen”, dirán. Lo que no dicen es que la bolsa gala y la transalpina caminan hacia la irrelevancia bursátil y han pérdido atractivo como destino de cotización de empresas globales frente a otras plazas más amables con los inversores como Londres, Hong Kong y, sobre todo, Nueva York. La plaza holandesa Ámsterdam, que forma parte de la misma empresa que el dueño de la Bolsa de París, fue el lugar elegido para cotizar en Europa de Prosus, el gigantesco conglomerado de empresas de internet de Naspers. 

La falta de reflexión en la nueva tasa provocará situaciones cómicas. No solo ya porque una tasa de inspiración antiespeculativa como la Tobin eximirá en España a los inversores más especulativos como son los ‘hedge funds’ que operan en ‘corto’ (ganando con las caídas en bolsa) o los extraterrestres de los derivados financieros y los mercados OTC (over the counter), sino por otra grave ineficiencia de la propuesta. Los ADRs en dólares (certificados de cotización para empresas extranjeras en EEUU) quedan absolutamente exentos de la nueva tasa ya que están sujetos a la legislación y fiscalidad estadounidense. Por tanto, una parte sustancial de la negociación diaria de las grandes multinacionales españolas como Santander, BBVA o Telefónica esquivará la nueva tasa. Para compañías como Cellnex o Grifols, su cotización en dólares en las bolsas es ya más importante que la española.