El invierno se acerca no solo en lo meteorológico sino también en lo económico. La crisis de de la pandemia del Covid-19 entra ahora en un escenario sin anestesia en el que las medidas financieras públicas y privadas, muy extraordinarias, rozan cualquier límite entre lo conocido y el más allá. Andrea Enria, presidente del consejo de supervisión bancaria del BCE, ha llamado a poner fin a la tregua de los bancos con sus clientes. "Es hora de que los bancos se preparen para el impacto que se materializará probablemente cuando se levante la moratoria en todo el sistema".
Si el sector bancario europeo tuviera un rey ese sería Enria. Ocupa el trono en el Banco Central Europeo (BCE) ante el que juraron vasallaje y perdieron su soberanía el resto de supervisores nacionales, entre ellos, el Banco de España de Pablo Hernández de Cos. Sus superpoderes en la crisis ha sido claves para mantener abiertos los grifos de la liquidez de los bancos privados. Relajó los requisitos de capital bancarios, flexibilizó la gestión de los préstamos dudosos y 'suspendió' los dividendos de los bancos privados, una recomendación que muchos acataron sin rechistar y otros lo hicieron bajo amenaza de enfrentarse en duelo de togas a Enria.
Ahora que el italiano ha cambiado radicalmente su discurso también lo harán los bancos de manera instantánea. Donde antes había créditos preconcedidos y avalados por el Estado, ayuda y comprensión sin preguntas; ahora habrá llamadas, reuniones y malas caras. La clave del mensaje de Enria se resume en una frase de su discurso del 1 de octubre: "Se deben utilizar prácticas de indulgencia y reestructuración de la deuda específicas para distinguir a los clientes en dificultades viables de los no viables".
Este llamamiento a los bancos privados es la confirmación del riesgo financiero que se ha embalsado con el aval público durante los últimos seis meses. También que el dolor económico se va intensificar con este triaje crediticio entre viables, dudosos y no viables. El BCE estima en 1,4 billones de euros el volumen de préstamos dudosos susceptibles de impagar o convertirse en morosos si se agrava la crisis. El impacto será mayor, por tanto, que con la crisis subprime y la quiebra de Lehman. 1,4 billones que esconden la tragedia económica que va de la mano del Covid-19.
Desenchufar clientes de la máquina de crédito no es un plan maquinado por un supervillano bancario para destruir empresas, ordenar embargos o ejecutar patrimonios. De ello depende la supervivencia de la banca y, con ella, no lo olviden, los depósitos de los clientes. El virus de la insolvencia puede matar un banco en poco tiempo. También del propio Estado por su garantía de hasta 100.000 euros per capita en caso de quiebra y liquidación de un banco. Ese el mismo motivo por el que se tuvo que rescatar a Bankia en 2012 con los 22.400 millones de euros de dinero público europeo.
También es el móvil que llevó un año antes a perpetrar su salida a bolsa de la que ahora se acaba de absolver a los gestores de la entidad: la intentona de salvar al banco buscando capital a toda costa en el mercado fue un error, pero no hubo delito. El fallo judicial recuerda que no fue una idea y secreta de todos ellos, sino que para ello contaron con el respaldo y las bendiciones regulatorias del Gobierno de José Luis Rodríguez, o del Banco de España de Miguel Ángel Fernández en una época en la que el poder de supervisión no lo tenía el BCE sino que era una cuestión española. Pero esa es otra historia. De hecho, la Audiencia Nacional no ha juzgado esa compleja cuestión.
Se dirán, ¿por qué no se puede dejar caer un banco? A brocha gorda, la razón no es menor. Vivimos con un sistema bancario de reserva fraccionaria en el que los bancos no tienen los depósitos de sus clientes, sino solo una parte. El resto está prestado a otro cliente que ha pedido un préstamo lo que permite que se cumpla una suerte de paradoja de Schrödinger: el dinero está en manos de dos clientes a la vez, depositado para uno y en préstamo para el otro. Por esta cuestión, la vulnerabilidad de las entidades financieras a los impagos es mucho mayor de lo que parece y tiene un efecto multiplicador sobre la capacidad que tiene un banco para conceder créditos.
Durante los últimos seis meses, los bancos extendieron moratorias en los pagos de préstamos o concedieron nueva liquidez a diestro y siniestro entre empresas, autónomos y hogares sea cual fuera su situación. La necesidad de liquidez ha sido máxima pero fue crédito a ciegas ante la falta de visibilidad del Covid-19. En marzo se desactivaron los botones de análisis de riesgos pero ahora, como pide el BCE, se han vuelto a activar. Los bancos están abriendo los ojos porque ya existe la certeza de algunos sectores no reabrirán mientras siga viva la pandemia, que miles de empresas no volverán y otras tantas, insalvables, se quedarán por el camino por su dependencia bancaria.
