Es quizá el mayor error en la gestión de la crisis del Covid-19. Existe una sensación generalizada de improvisación e inseguridad en la transmisión de mensajes del Gobierno. No ha ayudado para nada a eliminar la incertidumbre la multiplicidad de portavoces y sobreexposición ‘mañana-tarde-noche 24x7’ entre ministros, técnicos, presidentes y vicepresidentes. Tampoco la falta de unidad en el fondo y las formas del Ejecutivo sobre los pasos que se dan y los que se van a dar. Parece de vida o muerte que no continúen estos desatinos ahora que se da luz verde al Plan de Desescalada, según avanzó el presidente Pedro Sánchez en su 'tradicional' discurso de los sábados confinados.
El mensaje para la esperanza es que el Día de la Liberación está más cerca. Comienza este domingo por las salidas de los niños menores de 14 años y seguirán los adultos a partir del 2 de mayo. Suponemos que los adolescentes también pero, ante las mutaciones sobre lo que se lee en el teleprompter un sábado y lo que se hace después, la burocracia ha tomado el control. Que nadie mueva un dedo hasta que el Boletín Oficial del Estado (BOE) no nos cuente la verdad verdadera con su brutal honestidad y lenguaje kafkiano. Algo tan simple como paseo familiar no ha quedado claro hasta que el BOE ha hecho acto de presencia.
Dentro de la tragedia, el duelo y el luto diario, podemos señalar algunas buenas noticias en la batalla de nuestros días. En lo social, la ejemplar conciencia ciudadana permite afrontar con garantías el desconfinamiento. En tiempo récord, hemos asumido medidas de higiene extremas como el uso de mascarillas, rutinas de desinfección o reglas de distancia social que no imaginábamos hasta hace unos meses.
No parece que se vaya a bajar la guardia salvo que alguien cante victoria antes de tiempo. La tentación es grande. Una vez contenida la amenaza inicial de saturación del sistema hospitalario, el terreno sanitario continúa embarrado con una asignatura pendiente después de tres meses de pandemia: mascarillas, EPIs y test de detección para todos. El Gobierno, con todos los poderes y recursos posibles a su alcance, no ha sido capaz hasta de conseguirlo a tiempo. Al contrario, la decisión de establecer precios máximos de venta para las mascarillas o requisar test que determinadas empresas recuerda a tiempos de infausto recuerdo. La protección parece clave para la famosa desescalada de la montaña a la que nos hemos subido para esquivar al Covid-19.
En el plano económico, sin embargo, la situación es más que grave todavía. La pandemia de la incertidumbre se ha extendido como nunca mientras los indicadores económicos saltan por los aires. El peor de los virus ha quedado inoculado en el mente de miles de empresarios e inversores que valoran estos días si reabrirán, despedirán, presentarán concurso de acreedores o invertirán más en cuanto se reabra la economía. Planificar los ingresos es misión imposible para una empresa, pero la cruel certeza de los gastos fijos en forma de nóminas, alquileres e impuestos está presente cada día.
Basta ver, como ejemplo, cómo la inyección de confianza de la artillería monetaria, la bala de liquidez masiva e ilimitada que disparó el Banco Central Europeo en marzo antes del confinamiento se está diluyendo en el tiempo por desuso. Se pretendía, con buen ojo, extender un puente para que empresas y hogares cruzasen la recesión. Faltaban dos reactivos fundamentales en ese fórmula. Primero, fijar un horizonte temporal del confinamiento, aunque fuera de forma tentativa para poder echar cuentas. Segundo, el acompañamiento de plan fiscal potente y ambicioso para que el sector privado, única fuente de ingresos de lo público, sintiese ese el superpoder estatal.
El Gobierno central tiene la responsabilidad real del daño autoinflingido a la economía porque es quien, vía BOE, ha emitido la orden de confinamiento por causa mayor. Por este motivo, el deber moral de ayudar a las empresas a reactivarse recae también en el Estado. Se debe implementar un plan de inversiones y contratación pública a empresas privadas para que tengan la capacidad de rehacerse de forma inmediata y vigorosa. Con toda probabilidad será más efectivo en la protección y creación de empleos e ingresos que cualquier renta mínimo o ERTE.
Mientras crece la incertidumbre y se deja pasar el tiempo, los costes de financiación de la deuda pública española en los mercados han comenzado a subir. La celeridad de esta crisis exigía una respuesta igual de rápida. Por eso no se entiende en algunos círculos como el Gobierno se ha jugado toda su respuesta económica y fiscal a la creación de unos coronabonos que tardarían meses en llegar porque obliga a modificar las legislaciones nacionales de la mayoría de países de la Unión Europea. Tampoco queda claro que el proyecto de Fondo de Reconstrucción o Plan Marshall -como el de la posguerra- ayuden a sostener la actividad económica cuando, en su lenguaje, Moncloa da por destruida.
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