No es mejor reconstructor quien más construye sino quien menos destruye. El Gobierno Sánchez-Iglesias está comenzando a darse un baño de realidad este verano ante la brutalidad de una crisis que no va a esperar hasta septiembre. Con el turismo noqueado y el sector del automóvil tiritando, los tiempos de discursos vacíos y grandilocuentes sobre el cambio de modelo económico, social y político se han agotado. Toca dejar a un lado la agenda pública política prepandemia y comenzar a apagar los fuegos crecientes de la crisis para evitar que no haya nada que reconstruir en muchos casos.
Para muestra de lo anterior lo que está ocurriendo con el turismo. El potencial salvador de la economía ha comenzado a latir con dificultades sin apenas ayuda pero con extrema debilidad debido a la evidente ausencia de visitantes extranjeros por la Covid-19. En 2019 se superaron los 84 millones de personas pero las previsiones en 2020 apuntan a una caída histórica que puede reducir esa cifra a la mitad, o más, porque muchos de esos turistas no podrán llegar a España este verano debido a las restricciones a la movilidad de personas por la actual pandemia. Es obvio que las empresas del gremio perderán buena parte de su negocio, otras no llegarán a 2021, pero su efecto multiplicador en el empleo o recaudación fiscal será todavía peor.
Sobre decir que la sola mención de subir impuestos o costes empresariales como el despido parecen a todas luces contraproducentes porque es como pedirle a quien tira del carro que acelere cuando han comenzado las rampas de un puerto de montaña. Esperar a la selección natural de empresas y que la desaparición de unas refuerce a las supervivientes al eliminar parte de la competencia parece una solución todavía peor. Entre otros motivos porque se eliminará la capacidad potencial de recuperar la normalidad cuando la crisis escampe y porque hará la crisis mucho más dolorosa. Por este motivo la reconstrucción económica no debe pasar por la destrucción del tejido empresarial, sino por echar una mano desde el sector público para aguantar el tirón de la recuperación más dura desde 2012.
El Estado ha tenido y tendrá sus ayudas externas para apuntalar su estructura y cuentas públicas. El endeudamiento público tiene en el Banco Central Europeo (BCE) su gran aliado con compras de más de 100.000 millones de euros. Los fondos desde Europa para la Reconstrucción permitirán obtener hasta 140.0000 millones más a partir de 2021 en forma de ayudas directas y préstamos blandos. Si el sector público tiene este grado de auxilio, ¿no es razonable pedir apoyo para el privado? Al propio estado le van la vida y la cartera en ello porque la desaparición de empresas y empleos redunda en una menor recaudación y la necesidad de hacer recortes.
Las líneas de avales, ERTEs y ayudas a colectivos vulnerables han sido solo la primera fase de ayuda estatal en la crisis del Covid-19, pero insuficientes. Ahora deben llegar otro tipo de apoyos como la inversión directa en el capital de empresas estratégicas y tractoras de la economía. Si el Gobierno de Sánchez e Iglesias está peleando por eliminar cualquier condicionalidad de las ayudas europeas, el trato debe ser el mismo para las empresas. La tentación de colocar políticos en los consejos de administración como acaba de suceder en el sector energético con Enagas (José Montilla, Pepe Blanco) puede parecer lo normal en los negocios regulados pero es lo peor que le puede suceder a una empresa que solo lucha por su futuro.
El modelo alemán para la toma de participaciones en empresas tiene una prioridad por encima de las demás: asegurar la pervivencia de estos conglomerados, su actividad y empleos al tiempo que se vela al máximo por la recuperación de los fondos públicos inyectados. El Gobierno parecía ajeno hasta hace pocas semanas ante ese tipo de operaciones de rescate empresarial por falta de recursos y por el negativo historial en la gestión de empresas públicas. Urge frenar la destrucción empresarial para que luego la tarea de reconstruir la economía sea más rápida y fuerte que si siguen pasando las semanas y caen más empresas. En EEUU, la flexibilidad y transparencia de su sistema de quiebras permite que una empresa suspenda pagos, elabore un plan y vuelva a la actividad casi sin estigmas.
En España eso es ciencia ficción: cuando una compañía quiebra es porque ha aguantado demasiado tiempo y sus posibilidades de sobrevivir a una reestructuración se reducen por no haber actuado antes. Hay casos de estudio de cómo hacerlo con cierto éxito. Deoleo, el mayor productor de aceite de oliva, acaba de cerrar una metamorfosis societaria radical que le permite afrontar el futuro con garantías después de años arrastrándose con una estructura de deuda no sostenible que amenazaba su propia viabilidad. Abengoa, otro de los conglomerados en situación de vida o muerte, debe afrontar también su propia transformación pero debe contar el respaldo público en forma de capital y flexibilidad jurídica para recomponerse con celeridad. Eso o bajar la persiana a una multinacional puntera con decenas de miles de empleos directos y fuente de ingresos fiscales relevante.
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