De Aznar a Zapatero: memorias de una burbuja

España tiene tendencia a crear burbujas. Lo ha dicho el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011). En cuanto se aprueban incentivos a un sector, aparecen las burbujas. Con lo peligrosas que son. Actúan en los negocios como el dióxido de carbono en la sangre de los submarinistas o el champán en los bebedores: colapso o borrachera. Zapatero ha dado la razón a sus críticos y ha admitido públicamente que durante su mandato se generó un gran globo en el sector de las energías renovables. Es verdad, pero no es toda la verdad.

La memoria es traicionera y la vida política, tan agitada, sume en rincones oscuros episodios que, si no se orean de vez en cuando, acaban por desaparecer. Pocos recuerdan ya dónde estuvo el origen de la explosión renovable que amenaza con repetirse. Fue un decreto -cómo no- que aprobó el último Consejo de Ministros del Gobierno de José María Aznar (PP) el 12 de marzo del año 2004, un día después de que las bombas de Atocha llevaran el luto a todo el país. El Gobierno aprobó el decreto (436/2004) como motor de arranque para un sector renovable que no acababa de despegar. El objetivo era alcanzar el 12% de energías limpias en 2010 y en el año del decreto, 2004, el porcentaje rondaba el 3%. El objetivo no se iba a cumplir y empujar parecía lo razonable.

Para animar proyectos, el Gobierno de Aznar aprobó primas elevadas. No hubo críticas. Pero la norma llevaba oculta una espoleta de efecto retardado. Las primas a los proyectos fotovoltaicos eran más altas hasta los 100 kW de potencia. Luego decrecían. Los hábiles de siempre encontraron el resquicio perfecto: poner en marcha un gran proyecto, por ejemplo de 1 MW y dividirlo en 10 parcelas (huertos) de 100 kW para cobrar el máximo de las ayudas. Bastaba buscar 10 interesados o mariachis, el termino que popularizaron las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAVs) para hacer negocio.

La mecha pasó del Gobierno Aznar al Gobierno Zapatero. Pasó encendida en forma de fraude de ley. La fragmentación de proyectos en casillas (huertos) subvencionadas era escandalosa. Hubo informes técnicos y hubo debate. Lo que no hubo fue acción. Los informes acabaron en un cajón. Y la ola creció de forma monstruosa. Dato: en el año en que Aznar encendió la mecha se instalaban en España 10 MW fotovoltaicos, la mitad de ellos aislados y sin cobrar primas. En 2008 fueron 3.000 MW. Detrás de la explosión estaban también los bancos que prometían rentabilidades del 10% para inversiones de 45.000 euros en huertos solares de 5 kW. Luego llegó el dinero del ladrillo y se creó la tormenta perfecta. Una tormenta que duró cuatro largos años.

Quien pisó la goma para cortar el chorro fue el ministro de Industria Miguel Sebastián. Aunque hubo un intento de encauzar la situación en 2006 con otro decreto (661) y primas también elevadas, los recortes efectivos comenzaron en 2008 y sobre todo en 2010 y posteriormente en 2013. La retribución media en el sector fotovoltaico cayó un 30%, los recortes fueron retroactivos y los efectos de la medida se arrastran todavía en el Banco Mundial, con 37 demandas y reclamaciones de miles de millones de euros al Estado español.

El mea culpa de Zapatero está bien. Al fin y al cabo, alguno de sus ministros permaneció mano sobre mano mientras la carga sobre el recibo de la luz crecía de forma ominosa. Pero hubo más responsables. Por ir pasando lista, las Comunidades Autónomas, no todas gestionadas por socialistas, que emprendieron una carrera por liderar el desarrollo de las energías limpias, empujando y autorizando como si no hubiera un mañana. También hubo empresas responsables. Alguna de las grandes hizo buenos negocios con su filial de ingeniería, instalando huertos, mientras su presidente criticaba el dispendio de dinero público con las primas.

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Es cierto que olvidar la historia, incluso la más reciente, puede hacer que se repitan los errores. Apenas diez años después de pinchar la burbuja renovable, la especulación ha vuelto al sector. No es ninguna exageración. Son datos. Red Eléctrica de España (REE) ha recibido peticiones para conectar 150.425 MW de energías limpias a la red. La cifra supera en un 33% toda la potencia eléctrica instalada en el país. Muchos de esos proyectos no son "maduros" y no tienen un proyecto industrial detrás. La CNMC ha elaborado una circular para que la situación no se descontrole por completo. Pero el riesgo está ahí y es una prueba más de que la mala regulación acaba en desastre y hace sufrir siempre al eslabón más débil -y más a mano- de la cadena del negocio: el consumidor.

A veces, la memoria se difumina como por arte de magia. Al final, se recuerda qué estuvo mal o cuál fue el error. Pero en pocas ocasiones se llega a saber quién fue el que lo provocó. En el caso de la primera burbuja renovable, nadie recuerda quién redactó o inspiró el decreto que sembró España de huertos solares. Ni siquiera Zapatero. Son las memorias brujas de la burbuja renovable.