Viernes, 21.06.2019 - 01:57 h
En la frontera

Las carcajadas en el Congreso tienen un precio

El diputado por Álava de Equo Unidas Podemos, Juan López de Uralde, acató la Constitución en la primera sesión de la XIII Legislatura con la fórmula “Por la democracia, por los derechos sociales y por todo el planeta”. Fue el acabose. Las carcajadas se oyeron hasta en Casa Manolo, el bar más conocido de la manzana del Congreso. Por el planeta nada menos. El jolgorio, además de poner de manifiesto la falta de educación de muchos diputados, demostró algo más preocupante: la sensibilidad por el calentamiento global, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y el aumento de las emisiones contaminantes no ha mejorado en el Congreso en los últimos años. Han empeorado.

López de Uralde empleó una fórmula de acatamiento similar en 2016, en la sesión constitutiva de la XII Legislatura. Utilizó el término tierra en lugar de planeta. Entonces no hubo choteo. Uralde, junto a otros diputados de Podemos que estrenaban escaño, habían llegado al Congreso, en la Carrera de San Jerónimo en bicicleta. La fórmula para acatar la Constitución del ex director de Greenpeace en España se entendió como parte de su mensaje político. El mensaje viene a decir que el precio de las carcajadas pasa a la cuenta vitales de los hijos y nietos de todos. De los que se ríen y de los que se toman el futuro del planeta en serio.

Afortunadamente, la conciencia medioambiental crece. Si no en el Parlamento español, donde no acaba de cuajar aquello del paso corto y la mirada larga, sí en la sociedad y en los organismos internacionales. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, ha asegurado que la batalla por el clima es la contienda de su vida. “Lamentablemente, es una batalla que no estamos ganando" sostiene. Si lo dice en el Parlamento español, buena parte de la Cámara se harta de reir.

Escépticos en las instituciones

Mientras en otros países se debate la crisis medioambiental con toda la seriedad a la que obligan los datos, en España todavía hay mucho escéptico en las instituciones. Los Parlamentos de Reino Unido y de Irlanda han sido los primeros en declarar el estado de “emergencia climática” y medioambiental. Bien es verdad que se tratan de declaraciones no vinculantes. Un adelanto de intenciones. Pero tiene gran fuerza simbólica.

Los políticos de Reino Unido y de Irlanda no han aprobado las declaraciones de emergencia por simple inercia. Notan en el cogote la presión de la calle. Decenas de ciudades como Londres, Manchester o Bristol han declarado la emergencia climática. Y en Londres, el movimiento de acción climática Extinction Rebellion bloqueó durante más de dos semanas carreteras y puentes en Londres con acciones que se saldaron con más de mil detenidos. En contraste, en España, el principal partido de la oposición, el PP, propone eliminar las restricciones al tráfico en Madrid y reducir las multas a los conductores por el mal uso del vehículo privado.

Estado de emergencia climática

El diputado objeto de escarnio en el Congreso, López de Uralde, ha protagonizado la primera iniciativa parlamentaria de su grupo. Una petición para que el Parlamento apruebe la “emergencia climática". Como en Irlanda y en Reino Unido, será una declaración de carácter simbólico. Pero irá acompañada de iniciativas legales como plantear la creación de un banco público que financie los planes de cambio del modelo productivo y de transición energética. Ahí se acaban las carcajadas. Muchos de los excelentísimos señores que no pueden evitar la risa al escuchar la palabra planeta, tampoco pueden evitar enderezar las excelentísimas orejas cuando escuchan la palabra banca unida a la palabra público. Carcajadas sí. Pero a su precio.

Afortunadamente, la defensa del medio ambiente se abre camino con iniciativas muy diversas. Algunas especialmente valientes. Por ejemplo, la de ocho habitantes la isla de Masig, al norte de Australia continental, que presentaron el pasado 13 de mayo ante las Naciones Unidas, una demanda contra Australia. Argumentan que Australia, al no tomar las acciones adecuadas para reducir las emisiones de dióxido de carbono, ha violado sus derechos humanos fundamentales, incluido el derecho a conservar su cultura.

Como las iniciativas de los Parlamentos de Reino Unido y de Irlanda, como la iniciativa de Uralde en el Congreso de España, la demanda de Masig puede quedarse en algo testimonial. Pero cabe la esperanza. Un estudio de la Universidad de Carolina del Norte (EE UU), citado por Scientific American, señala que los niños pueden aumentar el nivel de preocupación de sus padres sobre el cambio climático porque, a diferencia de los adultos, sus opiniones sobre el tema generalmente no reflejan ninguna ideología política arraigada. En Europa, los jóvenes son cada vez más protagonistas en la exigencia de medidas en defensa del medio ambiente. Pocas bromas. Las carcajadas salen caras.

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