Lo acaba de descubrir la ONU: hay fondos de inversión que ganan mucho dinero comprando casas a precios bajos y renovándolas para subir los alquileres. Ha puesto el grito en el cielo. También lo ha puesto en un comunicado que califica de “atroz” el 'modus operandi' de esos inversores. Al mejor estilo del Rick’s Café Americain de Casablanca -"qué escándalo, he descubierto que aquí se juega"-, el grupo de trabajo encargado de analizar hacia dónde planean los fondos buitre ha apuntado, entre otros, al fondo Blackstone, el gran casero de Estados Unidos y también de España.
Blackstone llegó al negocio inmobiliario en la península ibérica en lo peor de la crisis, con la billetera llena y acompañado de colegas como Cerberus, Apollo, HIG, Yorvick, Fortress, York Capital o Centerbridge. Actuaron por pasos. Al comienzo de la crisis utilizaron el sistema de compras con compromiso de recompra o alquiler para los vendedores ('sale and leaseback'). Era un medio de obtener liquidez para empresas en apuros. Lo utilizaron, entre otros, los medios de comunicación más importantes. Posteriormente, adquirieron a bancos y cajas, nacionalizados o no, carteras de crédito con problemas. En algunos casos, hicieron grandes negocios con Ayuntamientos como el de Madrid, gestionado –es una forma de hablar- por Ana Botella (PP).
La entrada de los grandes fondos, con graves consecuencias para las capas más vulnerables de la sociedad, ha sido imparable. Ningún país ha logrado frenar la ofensiva. Francia preparó legislación defensiva en 2007. No prosperó. EE UU también lo intentó (Stop Vulture Funs Bill) en 2009. No prosperó. En Reino Unido, las propuestas de control se fueron suavizando hasta que en 2011 se adoptó una norma para evitar que los fondos más agresivos utilizaran los tribunales británicos contra los países más endeudados.
Respeto y derechos humanos
La relatora de la ONU Leilani Farha, responsable del informe, sostiene que las firmas de inversión “tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos". Pero Blackstone respondió de forma inmediata: la gestión de la vivienda, explica el fondo, es una cuestión económica que nada tiene que ver con los derechos de las personas. No puede haber acuerdo. Los análisis parten de premisas opuestas. Lo que para la ONU – y no sólo para la ONU- es un escándalo, al convertir la vivienda "en un instrumento financiero y de inversión", para los fondos es solo un negocio. Su negocio. Tan respetable como cualquier otro.
En España, los fondos han encontrado terreno abonado, con administraciones públicas que comparten su concepción de la vivienda como negocio. La ex alcaldesa Ana Botella vendió 1.860 viviendas públicas en 2013 a Blackstone sin mover una ceja y por debajo del precio de mercado, según el Tribunal de Cuentas, que la ha condenado. Botella no estuvo sola. También el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), vendió en paralelo 5.000 viviendas públicas a Goldman Sachs (Encasa Cibeles). La vivienda como negocio y no como derecho.
La pataleta tardía de la ONU sólo será testimonial. Como la condena del Tribunal de Cuentas para Botella y seis de sus ediles. Pero las operaciones de los fondos no son una anécdota. La compra de viviendas baratas para renovarlas y subir los alquileres ha presionado al alza los precios, sobre todo en las grandes ciudades como Madrid o Barcelona. La pérdida de la vivienda afecta ahora claramente más a familias que viven de alquiler. Los fondos manejan el mercado a velocidad de vértigo. Desde 2014 a 2019 el pago por alquilar una vivienda se ha disparado un 25%. En las grandes ciudades el incremento ha sido mayor: en Barcelona, un 36% y en Madrid, un 33%. Consecuencia: en 2018, el número de desahucios a inquilinos superó los 37.000.
Control de los datos
Los fondos controlan la información sobre la evolución de los precios del alquiler. Lo hacen a través de los portales especializados, lo que es una gran ventaja. Quien controla el relato controla la realidad. Hay muchos indicadores estadísticos oficiales sobre los precios de la vivienda, pero la información oficial sobre los precios de los alquileres es escasa y confusa. Por parte del Gobierno, sólo se ofrecen los censos de viviendas decenales y los resultados de las encuestas anuales de condiciones de vida. Poca información y demasiada ventaja para los grandes fondos.
La ONU se creó tras la Segunda Guerra Mundial y entre sus objetivos figura lograr la cooperación internacional para solucionar problemas globales. El de la vivienda lo es en amplias zonas del mundo, incluidos países desarrollados como España. Pero no habrá Cascos Azules para arreglar la cuestión. La ofensiva ultraliberal ha barrido todas las barreras. La comunidad internacional fue capaz de convenir a finales del siglo XIX (1864, Ginebra) la necesidad de imponer reglas en la guerra. Pero ni hay, ni habrá en mucho tiempo una Convención de Ginebra para los negocios y las finanzas. Sólo queda sostener el cartel: “Se necesitan Cascos Azules para la vivienda. Razón aquí”. Quién sabe, igual algún día...
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