Se avecina tormenta. El Gobierno y la autoridad independiente encargada de velar por la competencia, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), van a debatir en septiembre hasta dónde llegan los límites de cada parte para intervenir en el mercado de la energía. Van a disputarse el espacio para actuar en un sector liberalizado sobre el papel desde hace 20 años y cautivo desde siempre. No es el primer choque de la Comisión con el poder legislativo, pero puede ser el primer gran encontronazo del supervisor de los mercados con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, ahora en funciones.
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, cumplió la palabra dada y en enero de este año devolvió a Competencia las funciones que le arrebató en su día el ministro Álvaro Nadal (PP) en un caso que llegó hasta el Tribunal Supremo y provocó la intervención directa de la Comisión Europea. La voluntad de entendimiento y los gestos de cortesía han durado lo que ha tardado Competencia en meter el dedo en la llaga al cuestionar, por excesivos, los ingresos que reciben las grandes compañías por transportar y distribuir electricidad y gas a través de redes que pagamos todos los usuarios.
El presidente de la CNMC José María Marín Quemada, economista, profesor universitario, exdirectivo de Cepsa y exconsejero del Banco de España cumple en septiembre los seis años de mandato y ha querido despedirse a lo grande, con 14 circulares que han puesto en pie de guerra a las grandes empresas energéticas del país y a los grandes fondos que han invertido en ellas. Marín ha incendiado el final de su mandato y ha desatado todos los recelos en el Gobierno. Ribera cree que Marín ha invadido su terreno al proponer cambios de calado en las actividades reguladas de las empresas. Su espacio natural.
Como suele suceder, las dos partes tienen razón y ninguna tiene toda la razón. La CNMC tiene argumentos sólidos - y la obligación- de revisar los cálculos con los que se retribuyen las redes energéticas -un negocio seguro y bien pagado durante décadas- y el Ministerio tiene razón al insinuar que Competencia tiene campo para defender a los clientes de las empresas energéticas sin necesidad de comerle terreno. Sin ir más lejos, hay mucho espacio para analizar, comparar y en su caso sancionar promociones y ofertas de tarifas planas que, cuando menos, confunden a los consumidores. Son lo que el presidente de la Fundación Renovables, Fernando Ferrando, califica de tarifas “irresponsables”.
Hay mucho teatro. En 2015, Marín Quemada ya advirtió sobre los elevados precios de la energía en España. Tras seis años de mandato, la situación no ha cambiado, aunque Marín sostiene que la circular de recortes redactada por la CNMC permitirá reducir la factura de electricidad y de gas ya en enero de 2020. Incluso en el seno de la CNMC hay quien no lo ve tan claro. En teoría, los recortes a la retribución de las eléctricas y gasistas facilitarían rebajar la parte fija del recibo -peajes y cargos-. Pero la Ley Eléctrica de 2013 prevé que los ahorros del sistema, si los hay, deben ser destinados a amortizar la deuda acumulada años atrás, que supera los 20.000 millones.
Marín acaba mandato junto a otros cuatro consejeros. El relevo -si para entonces hay Gobierno que lo autorice- no va a ser sencillo. Por las dificultades para negociar la nueva composición de las salas y porque están pendientes de tramitación 14 circulares que afectan a cuestiones empresariales clave a partir del próximo mes de enero. El organismo tiene que renovar a la mitad del consejo. El proceso afecta tanto a la Sala de Competencia que preside el propio Marín Quemada, como a la Sala de Regulación que preside la vicepresidenta María Fernández. Ambos culminan los seis años de mandato junto a los consejeros Josep María Guinart, Clotilde de la Higuera y Benigno Valdés.
Ni los consejeros que permanecen -Mariano Bacigalupo, Maria Pilar Canedo, María Ortiz, Bernardo Lorenzo y Xavier Ormaetxea-, ni los nuevos que se incorporen lo van a tener fácil. Las nuevas funciones que asumió la CNMC en enero hacen inevitables los roces con el Ejecutivo. Según el decreto de devolución de competencias aprobado en enero, la CNMC debe tener en cuenta las prioridades estratégicas que marque el Gobierno en materia energética. Una puerta a un encontronazo que ya se ha producido y que debe resolver la Comisión de Coordinación prevista en la norma de devolución de competencias.
En el frontispicio virtual de la CNMC, su página web, reza que la Comisión “promueve y defiende el buen funcionamiento de todos los mercados en interés de los consumidores y de las empresas”. En sus seis años de funcionamiento, Marín ha dado muchas batallas. La que está a punto de librar con el Ministerio de Transición Ecológica no es una más. Se enmarca en la guerra sin fin que afecta a los consumidores y que registrará, sin duda, nuevos episodios.
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