Miércoles, 14.11.2018 - 19:36 h
En la frontera

Con la Iglesia hemos dado...señor registrador

Una de las citas más empleadas de El Quijote es “Con la Iglesia hemos topado, Sancho”. Se utiliza tanto para criticar el excesivo papel de la institución en España como para describir un obstáculo insalvable. Es una muletilla mal empleada. La frase literal de El Quijote dice “Con la Iglesia hemos dado, Sancho”. Alonso Quijano empleó el “dado” como sinónimo de hallar o encontrar. Pero lo cierto es que emplear el verbo “dar” en relación con la Iglesia Católica, en España y en el siglo XXI es acertado: A la Iglesia hemos dado y damos todos los contribuyentes –todos-. La cuestión es saber cuánto. Y no es una tarea fácil.

El Ministerio de Justicia ha anunciado que está procesando los datos para realizar un listado de los bienes inscritos en el Registro de la Propiedad por la Iglesia Católica para publicarlos, garantizar el cumplimiento de la Ley Hipotecaria y la de Protección de Datos y corregir, si fuera el caso, los errores que se hubieran podido cometer.

Parece lógico. El Estado español, en base a los acuerdos firmados con el Vaticano y a leyes aprobadas tanto en la dictadura como en la democracia, destina mucho dinero cada año a apoyar la labor de la Iglesia Católica. Lo hace de forma directa y con exenciones de impuestos. Nadie sabe cuánto con certeza. Y es una situación que hay que corregir. Como otras instituciones, la Iglesia tiene que ser transparente en sus relaciones con el Estado.

Falta de transparencia

Esa falta de transparencia hace que los cálculos publicados sobre lo que realmente cuesta a los contribuyentes la Iglesia Católica sean siempre polémicos. Para los críticos son la prueba de que la institución se aprovecha sin escrúpulos del dinero público de un Estado laico según su Constitución; para otros, es la prueba de que el anticlericalismo todavía marca a la sociedad española.

La Mezquita de Córdoba, uno de los bienes inmatriculados.
La Mezquita de Córdoba, uno de los bienes inmatriculados. / EFE

Los números para la polémica están ahí. Según el economista Juan Ignacio Bartolomé, la Iglesia recibe más de 4.600 millones sólo para las actividades educativas (datos de 2013): 600 millones para salarios de profesores de religión y 4.000 millones para los 2.400 centros de la institución concertados. Añade otros 2.800 millones en asistencia sanitaria y obra social; 2.500 en exenciones tributarias, incluido el impago del IBI; 700 en mantenimiento del patrimonio; 400 en subvenciones y gastos en eventos religiosos diversos y 35 en capellanes castrenses, hospitalarios y penitenciarios.

La organización Europa Laica publicó sus propias cuentas en 2016. Según sus cálculos, la Iglesia Católica recibe del Estado, directa o indirectamente, 11.110 millones al año. Es mucho dinero, parte del cual sirve para sostener un patrimonio inmobiliario tan grande como polémico por la forma en la que ha crecido en los últimos años. El historiador Stanley G. Payne ha calculado que la Iglesia podría tener en España alrededor de 100.000 inmuebles en propiedad.

Pisos, locales y negocios sin impuestos

Son lugares de culto, pisos y locales que están vacíos, ocupados o alquilados a terceros, por los cuales no paga impuestos y no están declarados como negocio. En ciudades como Toledo, Ávila, Burgos o Santiago, la Iglesia es propietaria de mucho terreno urbanizable y a todo ello hay que añadir -según Europa Laica- más de 150.000 hectáreas en tierras agrícolas.

La polémica está servida porque el núcleo de la fortuna de la Iglesia en España proviene de las inmatriculaciones: registro de propiedades y lugares de culto o no culto sin más acreditación que una certificación del obispo. La manga ancha la amplió el primer Gobierno de José María Aznar, que modificó la ley hipotecaria de 1946 en 1998 para inmatricular hasta 4.500 propiedades, según algunos cálculos.

La sociedad tiene derecho a conocer y en su caso discutir las iniciativas de los obispos que pueden afectar al dinero público. El Gobierno sigue las iniciativas que presentó el PSOE cuando estaba en la oposición y que se aprobaron con los votos en contra de PP y Ciudadanos. Y no estaría de más que ayuntamientos y comunidades autónomas proporcionaran también información transparente de todo lo inmatriculado por la Iglesia, con datos identificativos, su valor catastral y su uso. Con la Iglesia hemos dado...señor registrador.

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