Consultoras, fondos y alianzas público-privadas: ¿quién paga la cuenta?

España crece a buen ritmo. La crisis queda atrás, el mercado inmobiliario despega y Madrid vuelve a ser un buen lugar desde el que promover negocios. Así lo cree el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), del que forman parte 17 países de América Latina y dos de Europa: España y Portugal. La próxima semana, CAF celebra en Madrid la Conferencia CAF Infraestructura para la Integración de América Latina.

La intención del encuentro es analizar las oportunidades para la integración latinoamericana a través del desarrollo de infraestructuras, con proyectos de colaboración público-privada. Dicho así, el acto puede sonar a uno más de los muchos que se organizan desde instituciones públicas y privadas para animar el mercado.

Pero la conferencia vuelve a poner de actualidad un instrumento, las Asociaciones Público-Privadas (APPs) para desarrollar grandes obras de infraestructuras, que han sido cuestionadas por el Tribunal Europeo de Cuentas y han despertado recelos hasta en el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En teoría, las APPs son útiles y eficaces para facilitar el desarrollo de infraestructuras de alta calidad: las empresas privadas se hacen cargo de un proyecto concreto y asumen los préstamos para financiarlo a cambio de cuotas anuales que llegarán de los presupuestos públicos y/o de los usuarios de las infraestructuras. Todos contentos: las empresas hacen obras que les reportarán beneficios seguros y los Gobiernos mantienen el proyecto y los pasivos, si los hay, fuera del balance. Los costes aparecen en el futuro.

Es contabilidad creativa. De hecho, las APPs, nacieron en 1992 en el Reino Unido como una maniobra para esquivar las restricciones del Gobierno sobre el endeudamiento público. Es un punto que sigue siendo la principal atracción para gobiernos y las instituciones internacionales y sobre el que ha alertado el FMI porque las asociaciones público-privadas pueden ser utilizadas para "desplazar el gasto presupuestario y evitar los controles de gastos".

En economía, como en la moda, casi todo vuelve. También los grandes planes de asociación público-privada que proliferaron entre 1990 y hasta que estalló la crisis financiera asiática en 1997. Las APPs tardaron toda una década a recuperar el nivel de inversiones. Pero llegó una segunda ola que empezó en el 2004 y que vio la multiplicación por seis de las inversiones a través de APPs, hasta 134 billones de dólares en 2012. En los últimos años, las inversiones en este tipo de proyectos han flaqueado por las desinversiones en países emergentes.

¿Quién está detrás del regreso de las viejas fórmulas? Marta Conde, investigadora del ODG (Observatorio de la Deuda y la Globalización) los identifica en un informe publicado a finales del pasado año: inversores institucionales (fondos de pensiones, seguros y fondos soberanos) que buscan una cartera de inversiones diversificada en infraestructuras con rendimientos de capital atractivos.

No hay nada que objetar si la alianza de intereses privados y públicos genera beneficios justos para ambas partes. Pero hay mucho que objetar si no es así. Y el riesgo es real porque, a menudo, los costes de financiación son caros; alrededor de las asociaciones proliferan consultoras internacionales que reclaman su parte del pastel y las renegociaciones que elevan el coste final del proyecto son moneda corriente.

No hay que ir lejos para verlo. En España y Portugal hay ejemplos de cómo magníficos proyectos de colaboración público-privados acaban en perjuicio para las arcas públicas. Portugal recurrió a los contratos de asociación con entusiasmo desde la década de los 90. Acabó como uno de los países más endeudados de la zona euro y en rescate. El programa de ajuste acordado con la Troika en 2011 dedicó un capítulo especial a los antiguos contratos de asociación, para renegociar los existentes y prohibir la firma de nuevos. En el momento del examen el valor de los proyectos en asociación superaba el 13% del PIB.

España también conoce las consecuencias de las alianzas mal planteadas. Las concesiones de autopistas o el proyecto fallido del almacén de gas Castor son ejemplos de cómo el dinero público ha cubierto riesgos y ha proporcionado beneficios a empresas poco acostumbradas a trabajar sin red. Todo a cuenta del contribuyente. La colaboración público-privada puede estar justificada y beneficiar a todas las partes, pero necesita transparencia y rendición de cuentas. Casi nada.