OPINION

La Cumbre del Clima tiene escaparate pero también tiene trastienda

Manifestación en defensa del medio ambiente en Madrid.
Manifestación en defensa del medio ambiente en Madrid.
EFE

España va a acoger en diciembre la conferencia número 25 de la ONU sobre Cambio Climático. Es una buena decisión. No sólo porque coloca a Madrid y a su infraestructura hotelera en el escaparate internacional, que también, sino porque es una gran oportunidad para ajustar las proclamas de un Gobierno que sobre el papel es amigo de la ecología y respetuoso con el medio ambiente con una realidad menos amable.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez, con la ministra Teresa Ribera en el área de Transición Energética, ha hecho una labor importante en los últimos meses. Adelantó planes para recortar emisiones en el transporte; también para cerrar el carbón y las nucleares y para fomentar las energías más limpias, eólica y fotovoltaica. No es poco. Cada paso desató un alud de presiones de las empresas energéticas y automovilísticas, que se resisten a los cambios porque quieren modularlos al ritmo del negocio.

Sánchez y Ribera han respondido a las presiones con un plan a 2030, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). A pesar de sus lagunas y contradicciones, que las tiene, el plan fue bien acogido en Bruselas. Pero para ser efectivo en la lucha contra el cambio climático, necesita retoques. El borrador del PNIEC ignora directivas europeas clave, apuesta por un modelo de renovables favorable a los grandes grupos empresariales y registra ciertas contradicciones entre los objetivos de renovables en las próximas décadas, muy ambiciosos y los recortes de emisiones de gases ,que no lo son tanto.

Necesidad de ajustes

La Cumbre del Clima es una buena oportunidad para hacer ajustes. Las directivas europeas del llamado Paquete de Invierno orientan el sistema energético en una dirección distinta a la que se apunta para España. Las normas europeas apuestan por una generación distribuida, donde el protagonista fundamental son los clientes-productores y los puntos donde se genera la energía están próximos a los puntos de consumo. En España, el diseño es otro. Uno que no disgusta ni a los grandes fondos de inversión ni a las grandes empresas energéticas.

En contra de lo que sucede en países como Alemania, Francia o Italia, el negocio renovable, especialmente el solar fotovoltaico, se concentra cada vez más en un puñado de empresas y de fondos de inversión. Los pequeños productores fotovoltaicos han dado la voz de alerta. Sostienen que los posibles beneficios de la generación fotovoltaica están siendo monopolizados por un grupo reducido de empresas. Todo  gracias a una normativa que, al menos hasta el momento, ha propiciado la concentración al incentivar la construcción de macroparques, a través de condiciones inalcanzables para pymes e iniciativas locales.

Manifestación en defensa del medio ambiente en Madrid.
Manifestación en defensa del medio ambiente en Madrid. / EFE

El escaparate luce. En 2018 se invirtieron en España 6.840 millones de euros en renovables, frente a los apenas 1.000 millones de un año antes, según datos de Bloomberg NEF. Pero en la trastienda queda mucho por hacer. En el proceso de descarbonización de la economía y recorte de emisiones, la rehabilitación del parque de viviendas es fundamental. Bruselas aprobó en junio del pasado año la directiva de rehabilitación de edificios. El plazo de trasposición a la legislación española acaba en marzo, pero no se ha dado ni un paso. Es un punto en el debe del Ministerio de Fomento.

Antes de marzo

La directiva europea debe ser incorporada a la legislación española antes de marzo del próximo año. Es un paso importante en el proceso de transición energética porque convierte a la vivienda en un punto neurálgico de los planes de ahorro y eficiencia energética y del autoconsumo. En el escaparate –el PNIEC-, el Gobierno español prevé mejorar la envolvente térmica de 1.200.000 viviendas hasta 2030. Pero Fomento no ha dado un solo paso para lograrlo. La trastienda está vacía.

La situación real es de preocupar. La mitad del parque de viviendas es anterior a 1980 y fue construido sin normativa de eficiencia energética. El resto, excepto quizá las construidas en la última década, tienen un aislamiento muy pobre. Sin trabajar en su rehabilitación será difícil ahorrar la energía que se propone y en el plazo que se propone. Otro tanto sucede con el vehículo eléctrico. El objetivo es que en 2030 circulen cinco millones. El problema está en que no menciona hitos para implantar puntos de recarga. La norma aprobada por la UE en 2018 –no traspuesta- obliga a que todos los edificios, nuevos y rehabilitados, públicos y privados, tengan puntos de recarga. España va con retraso. No todo puede ser escaparate.

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