Era el momento. Después de 26 años, todos los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de Madrid han aprobado el proyecto Madrid Nuevo Norte. Hay ladrillo para otros 24 años. Tres nuevos rascacielos, 348 nuevos edificios, 10.500 viviendas –el 24% de promoción pública-, una estación ferroviaria remozada en Chamartín y un nuevo centro de negocios. Todo en un escenario de tres millones de metros cuadrados. Un sueño húmedo de ladrillo, cristal y millones. También de empleo: 118.000 puestos de trabajo en la fase de construcción. Vuelven los señores del ladrillo, pero con planes para décadas. De Madrid al cielo montados sobre ladrillos.
El nuevo alcalde del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha logrado lo que no consiguió ninguno de sus predecesores: sacar adelante un proyecto de negocio sobre suelo público que, según su socia de Ciudadanos en el Gobierno municipal, Begoña Villacís, tiene dimensión mundial. La antigua “Operación Chamartín” convertida en la “Operación Ya-Martínez”. Porque tenía que ser ya. En palabras de un conocido comunicador afín a la derecha, la amenaza de un enfriamiento económico a la vuelta del verano obligaba a cerrar cuanto antes dos operaciones: el pacto de la derecha del PP, Ciudadanos y Vox en la Comunidad de Madrid y la gran operación urbanística que consagrará a la capital del Reino como el motor enladrillado del país. Dos operaciones que están unidas. La Comunidad de Madrid tiene que dar el visto bueno a la operación urbanística y los promotores tienen prisa.
BBVA, el gran propietario
El dinero inactivo no genera beneficios. El gran impulsor privado del proyecto Madrid Nuevo Norte es el BBVA. El banco es propietario del 75% de la promotora Distrito Castellana Norte y ya maneja planes para dar el pase al negocio. Como en un déjà vu, en la gran operación de Madrid no falta nadie. Hay ecologistas, asociaciones de vecinos y expertos en el mercado inmobiliario alarmados por lo que se viene encima y hay también sobrecogedores, directivos de banca embarrados en los tribunales y políticos de lengua larga y mirada corta. Ni siquiera falta “la sombra del Reino”: el supuesto inversor árabe dispuesto a comprar media Castellana.
El escenario está apunto. Y el miedo también. Hay temor por el impacto del gran proyecto en Madrid. Nada más llegar, Martínez-Almeida abrió el centro de la ciudad al tráfico para pasmo de los jueces y de las autoridades de Bruselas. No se entiende –o quizá sí- por qué los nuevos regidores de Madrid tienen dudas a la hora de combatir la contaminación y no las tienen a la hora de dejar el desarrollo de la ciudad en manos de los promotores privados.
El gran proyecto tiene en cuenta el transporte público. Es cierto. Prevé tres paradas de metro, una parada de cercanías, una línea de autobús de alta capacidad, dos nuevos intercambiadores de autobuses y 15 kilómetros de carril bici. Todo bien, pero sobre el plano. Ecologistas en Acción -informe Evaluación de los efectos de la Propuesta Madrid Nuevo Norte- sostiene que el número de desplazamientos diarios asociados a la operación se acercará al medio millón, lo que supone un aumento del 23% respecto a las cifras actuales. Brutal.
Viviendas asequibles
Las ciudades deben adaptarse a las necesidades de sus habitantes o están condenadas. Eliminar brechas físicas y trincheras sociales en el espacio urbano está bien. No lo está profundizar en las desigualdades. Los vecinos de Madrid necesitan sobre todo más y mejor transporte público y más vivienda a precios asequibles. En la capital hacen más falta viviendas que oficinas. No es sólo una cuestión de oferta y demanda. Los precios de la vivienda en Madrid superan en un 60% la media nacional según las tasaciones del Ministerio de Fomento y los alquileres están también un 48% por encima de la media, según los datos que manejan expertos como el economista Julio Rodríguez.
Martínez-Almeida y su equipo confían en que el desbloqueo de los grandes proyectos en el norte de Madrid y también en el sureste, bastará para ajustar el mercado. Todo queda en manos de los promotores privados. El problema es que el precio de la vivienda en Madrid depende en buena medida de las inversiones de grandes inversores que van a aprovechar la oferta de suelo público no para construir viviendas sociales sino para hacer negocio. Más suelo disponible y más viviendas no equivalen necesariamente a precios más bajos. El revuelo en torno a la operación se corresponde con la magnitud del proyecto. La Federación Regional de Asociaciones Vecinales (FRAVM) sostiene que es un pelotazo mientras IU y Unidas Podemos han denunciado la operación y a todos los ministros de Fomento que se han sucedido desde 1993.
Mucho ruido y pocas nueces. Por mucho que se agiten los tribunales, lo probable es que no suceda nada trascendente. Hay precedentes. El Tribunal de Cuentas condenó en diciembre de 2018 a la ex alcaldesa de Madrid Ana Botella y a seis de sus ediles a abonar 22,7 millones de euros por vender 1.860 viviendas públicas en 2013 a un fondo de inversión por debajo del precio contable y de mercado. Siete meses después, ha sido absuelta. Los caminos de los señores del ladrillo son inescrutables (Inescrutable, RAE: que no se puede saber ni averiguar).
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