O cambia la Administración o fracasa la transición energética

Para combatir el cambio climático, además de tener un plan, hay que concretar quién y cómo lo aplica. En caso contrario, sucede lo que explicó en su día el boxeador Tyson: los planes duran hasta que cae el primer golpe (Tyson fue más contundente). En el caso del medio ambiente, hace mucho tiempo que llueven planes y llueven golpes. El último ha sido el informe de la Plataforma Intergubernamental sobre la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos (IPBES) que advierte de la desaparición de un millón de especies en las próximas décadas por el mal uso de los recursos y el calentamiento global, entre otras razones.

España ha adelantado mucho en lo de tomarse en serio las medidas contra la contaminación, el calentamiento global y la transición hacia una economía descarbonizada. Por primera vez hay planes serios en marcha y voluntad para aplicarlos. Pero hace falta algo más. Hace falta saber quién y cómo los tiene que aplicar. Hace falta orden. Y eso son palabras mayores. Por decirlo rápido: con el actual organigrama administrativo es muy difícil acometer la transición energética con éxito.

No se trata de un problema político. No hay unos partidos que defiendan un esquema de trabajo en la función pública y otros el contrario. En buena parte se trata de la inercia que propicia la endogamia funcionarial y la ausencia de luces largas. Es muy dífícil explicar los recelos y la falta de colaboración que se da entre departamentos que deberían compartir acciones para facilitar la lucha contra el cambio climático. Pero la realidad es otra. Así se explica que los montes estén abandonados; que nadie se ocupe de la eficiencia energética en los edificios o que nadie compruebe si las empresas privadas que gestionan residuos urbanos reciclan o sólo amontonan.

Difícil de entender

No se entiende que Medio Ambiente no colabore al máximo con Urbanismo; o Transporte con Eficiencia Energética, o que el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDEA) dependa orgánicamente de la secretaria de Estado de Energía, en lugar de que, como sucede en Francia, esté a las órdenes directas del ministro del ramo. Así es muy difícil trabajar. Y hasta es difícil de entender. Porque surgen preguntas. Ahí va una: ¿es razonable que algunos departamentos ministeriales relacionados con el medio ambiente no tengan poder de decisión sobre los temas de los que se ocupan y se dediquen, sobre todo, a canalizar fondos a ONGs? La respuesta es obvia.

En ese desbarajuste administrativo, sólo la buena voluntad y la profesionalidad de los funcionarios evitan que el motor se gripe. Pero va siendo hora de que se imponga la racionalidad. Entre otras cosas, para evitar situaciones de sonrojo como las que afectan a los residuos, los vertederos, los sumideros, los purines y un largo etcétera. Nadie, ningún departamento -más allá de Enresa con los subproductos nucleares- quiere saber nada de los desechos industriales, orgánicos o químicos. Y así nos va.

Incendios por centenares

En 2017 se registraron hasta 53 incendios en plantas de reciclaje. El Blog SOStenible ha contado por encima de los 150 siniestros –nunca mejor empleado el término- desde el año 2012. Los datos parecen indicar que, salvo excepciones, los fuegos son intencionados. Llama la atención algún caso particular, como el de Chiloeches (Guadalajara), con siete incendios en diferentes instalaciones en solo dos años.

Urge cambiar las estructuras administrativas para aprovechar al máximo las oportunidades que (también) ofrece la transición energética. En Alemania hay 11.000 plantas para generar energía con biogás producido a partir de residuos agroganaderos; en España hay 50. Son cifras que hacen pensar. Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y Administración central mantienen estructuras superpuestas, aisladas, cuando no enfrentadas. El resultado es la ineficacia.

No hay mucho tiempo. Los informes sobre el calentamiento global y la pérdida de biodiversidad no hablan de décadas. Estamos sobre la línea roja. Conviene dar con otra forma de encarar los problemas y de tomar decisiones en las Administraciones Públicas. Además, habrá que tener muy en cuenta que, a menudo, las guerras burocráticas son las más duras. Porque el sufrimiento lo ponen otros. O sea, todos nosotros.