El cliente, el contador y otros cuentos del montón

En el sector energético se juega la partida del futuro. Lo saben las empresas y lo saben los Gobiernos. En España coinciden la obligación de afrontar cambios en el funcionamiento del sistema energético con una brutal crisis económica. Saltan chispas. El puñado de grandes empresas que controlan el negocio de la energía se resiste a ceder protagonismo en la transición hacia la economía descarbonizada. La tecnología, con los nuevos contadores eléctricos inteligentes, permite que el usuario pueda cambiar las pautas de su consumo según las señales -precios- que lleguen del mercado. Es la gestión de la demanda como derecho al cómo, cuándo y cuánto gastar. El problema es que ese derecho le da al consumidor un protagonismo desconocido hasta ahora. Demasiado cambio.

Quizá por ello, las grandes compañías energéticas no tienen mucha prisa para cambiar las cosas. Las empresas saben desde enero de este año que en la primavera de 2021 entra en vigor un nuevo sistema tarifario para la electricidad que las obliga a adaptar sus sistemas informáticos y de registro para que el consumidor aproveche las ventajas de contratar varias potencias (para recarga de coche eléctrico) y distintos precios en las horas punta, llano y valle. En teoría, no hay problema. Para eso se han cambiado durante 13 años prácticamente todos los contadores de electricidad del país (27 millones). Pero nada es sencillo en el reducido mercado eléctrico . La asociación empresarial que agrupa a todas las grandes compañías, Aelec, ya ha advertido de que deberá existir un nuevo periodo transitorio amplio que tenga en cuenta las diferentes casuísticas y el paso definitivo a la nueva metodología. No hay prisa.

Los cambios llegarán tarde o temprano. La legislación comunitaria empuja para dar más más armas tecnológicas y normativas al consumidor en la gestión de la demanda. Tiene sentido. El despegue del autoconsumo y el desarrollo del almacenamiento eléctrico aproximan los puntos de generación y de demanda. Para conseguir un sistema eléctrico 100% renovable en 2050, eso es tan importante o más que salpicar de grandes instalaciones "verdes" la geografía del país. En España, la regulación tampoco muestra demasiadas prisas. De momento, se centra en facilitar el despliegue de proyectos eólicos y fotovoltaicos, asegurando, eso sí, la rentabilidad de las grandes empresas y fondos que participen en las próximas subastas.

El baile va a comenzar. La última venta de Naturgy  es munición para la gran parada de operaciones corporativas.

El baile está a punto de comenzar. Una de las grandes compañías en reconversión, Naturgy, ha vendido una de sus filiales en Chile, la Compañía General de Electricidad (CGE) a la empresa estatal China State Grid (SGID) para engrosar la caja de la compañía en 2.570 millones. Sirve como anticipo de lo que viene. La operación es munición para participar en la gran parada de operaciones corporativas que se anuncia. Los analistas lo han entendido. El Bank of America (BofA) concluye que Naturgy y su presidente Francisco Reynés, con el apoyo de los fondos de inversión que le acompañan desde su etapa en Abertis, obtiene "más margen financiero para el cambio estratégico".

Hay oportunidades en marcha. Pero no se aprovechan por igual en todos los países. En el caso de España, pese a los avances de los últimos tiempos, todavía pesan demasiado las rigideces en la regulación, la falta de competencia y la tradición. Un ejemplo: Iberdrola (Scottish Power) ha convocado en Reino Unido una subasta para que empresas, industrias y comercios le permitan gestionar a su conveniencia hasta 900 MW de su consumo entre 2023 y 2028. La subasta afecta a 1.038 emplazamientos de 40 localidades de Escocia, Inglaterra y Gales. Demanda flexible se llama. Y beneficia a las dos partes.

En España ha funcionado algo similar, la interrumpibilidad, pero de forma centralizada y un tanto chapucera: la industria pagaba menos por la factura de la luz a cambio de aceptar desconectarse de la red en caso necesario, que solía ser nunca. El sistema de interrumpibilidad ha desaparecido pero Iberdrola no podría convocar una subasta similar a la de Reino Unido en España. La pregunta es ¿por qué? Cosas del modelo. Y del temor a los cambios.

El Gobierno ha dado pasos “bien intencionados pero estancados”, según definición de la Fundación Renovables.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado pruebas de la voluntad de modificar el statu quo. Los decretos aprobados en junio de 2019 y en junio de este año para impulsar el autoconsumo y desarrollar la figura de los agregadores "independientes" de demanda –la que ha permitido a Iberdrola la subasta de demanda en Reino Unido- son avances en la buena dirección. Lo malo es que se quedan cortos. Son pasos “bien intencionados pero estancados”, según definición de la Fundación Renovables; insuficientes para cumplir con los objetivos de descarbonización.

Para cambiar las cosas de verdad hace falta tener objetivos claros e identificar bien los puntos fuertes. Los planes recién aprobados, como el PNIEC-el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima- apunta objetivos más o menos discutibles hasta el año 2030, con un lunar clamoroso: el autoconsumo, la forma de producir y consumir que pone al ciudadano de a pie en el centro del sistema. La Fundación Renovables considera que los objetivos mínimos de autoconsumo respecto a la demanda final deberían ser del 10% en 2030, del 20% en 2040 y del 30% en 2050. Nadie los discute porque nadie con poder de decisión los ha considerado. Así no hay forma de contar un cuento con buen final.