Vuelve el fantasma del fracking. El polémico sistema para extraer petróleo y gas rompiendo rocas de granito con agua a presión, algo que pone los pelos de punta a los ecologistas, ha vuelto a las páginas del Boletín Oficial del Estado (BOE). El Ministerio de Transición Ecológica - Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental mediante- ha autorizado a la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (SHESA) a dar los primeros pasos para explorar en Subijana, localidad cercana a Vitoria, la existencia de una bolsa de hidrocarburos –gas- que podría garantizar la autosuficiencia energética del País Vasco durante 60 años.
El asunto se arrastra desde hace casi una década. De hecho, el anuncio del gran hallazgo se produjo en 2011 siendo Lehendakari del Gobierno Vasco el socialista Patxi López. La polémica por el gran impacto ambiental del fracking enfrió los planes de extracción, que ahora se reactivan. El Gobierno central era reticente a conceder permisos. El ambiente ha cambiado. El Ministerio ha concedido la autorización porque los compromisos asumidos por la empresa pública SHESA garantizan que no se producirán “impactos adversos significativos” ya que se ha comprometido a no utilizar el fracking en sus sondeos.
Pero el fantasma está ahí, en las páginas del BOE. La resolución ministerial recoge literalmente que “el sondeo ARMENTIA-2 se incluye en el permiso de investigación de hidrocarburos denominado Enara, de gas no convencional denominado así por la naturaleza de la roca «madre» en la que se encuentra el gas de forma diseminada, y que normalmente para su explotación necesitan técnicas de estimulación no convencionales entre ellas la fracturación hidráulica”. En otras palabras, el Gobierno vasco se compromete a no utilizar el fracking para hacer los sondeos, pero si los trabajos tienen éxito demostrarán la existencia de un tesoro...que sólo se puede explotar con el fracking. El fantasma vuelve. No solo vuelve, baila.
La autorización ministerial es una muestra de las contradicciones que afloran estos días en torno a la transición energética y la defensa del medio ambiente. Todo bien trufado de intereses no sólo económicos sino también políticos. No es una exageración. En el Parlamento Europeo, el mismo que ha convertido a Europa en el primer continente que declara la emergencia climática, los intereses de partido y de país han acabado en un espaldarazo a la energía nuclear en el documento que concreta la posición del Parlamento Europeo en la Cumbre del Clima de Madrid.
La historia, resumida, fue así: un grupo de eurodiputados alemanes, partidarios de cerrar las plantas nucleares, planteó una enmienda al documento para defender el fin gradual de este tipo de energía en la UE por insegura e insostenible. Pero diputados franceses –Francia es el país más dependiente de las nucleares- plantearon una enmienda en sentido contrario con éxito. Un rápido cambio que alinea al Parlamento Europeo con los intereses de la industria del átomo y que contradice la tendencia que se impone en Europa -también en España- de cierre de instalaciones.
Las contradicciones afloran porque hay resistencias al cambio. La comunidad internacional ha celebrado encuentros con el telón de fondo del deterioro del medioambiente y del clima desde hace 25 años. Pero la contaminación, las emisiones de gases de efecto invernadero y la explotación irracional de recursos naturales no solo se mantienen sino que han crecido. Las grandes multinacionales se debaten entre la necesidad de conectar con una opinión pública cada vez más concienciada y activa y la obligación de contentar a sus accionistas. La mayoría combinan el giro -todavía tímido- hacia negocios relacionados con la economía verde y circular con espectaculares operaciones de imagen.
Dos de las empresas más contaminantes del país, la petrolera Repsol y la eléctrica Endesa, han protagonizado importantes operaciones de lavado de imagen cooincidiendo con la cumbre del clima de Madrid. La primera ha anunciado la revisión a la baja del valor de sus activos menos limpìos de 4.800 millones de euros. La segunda, ha comunicado sus planes de inversión y sus intenciones de crecer en el sector renovable mediante una impactante y polémica campaña publicitaria en la prensa escrita. Las dos iniciativas prueban que la cuestión climática se ha convertido en un vector clave para la actividad de las empresas. La petrolera va seguir vinculada a los combustibles fósiles, especialmente el gas, durante décadas y la eléctrica aún tiene mucho que pulir en su enfoque hacia las renovables.
En España afloran contradicciones en empresas y administraciones porque la realidad se impone de forma acelerada. Las cosas cambian. Contaminar va a dejar de ser gratis e incluso va a dejar de ser barato y los Gobiernos, como ya se ha aprobado en Nueva Zelanda, tendrán que pasar todas las leyes por el tamiz de su impacto en el medio ambiente antes de ser aprobadas. Lo que no quiere decir que los fantasmas, como en el País Vasco, dejen de hacer sonar sus cadenas.
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