España tiene un mercado laboral que no funciona. Hay pruebas. No es capaz de emplear a sus jóvenes, mientras el fraude y la precariedad echan raíces. Basta rascar en la superficie, basta dirigir –bien- a la inspección de trabajo, para comprobar hasta dónde ha llegado la degradación: de 1.647 visitas a empresas del campo, 1.178 han acabado en infracción por "economía irregular". Más: Entre agosto del 2018 y finales del año pasado, la inspección - apenas 2.000 funcionarios- convirtieron en indefinidos un total de 368.000 contratos que habían pasado por cribas de agujero gordo.
El acuerdo de Gobierno PSOE- Unidas Podemos de 2019 contempla derogar la reforma laboral aprobada por el PP en 2012, impulsar la protección de los empleados y recuperar el papel de los convenios colectivos. Hablaron las musas. La derogación de la reforma laboral ha sido un punto de fricción entre los socios de Gobierno prácticamente desde el inicio. Va a derivar en el choque inevitable entre la vicepresidenta segunda in péctore Nadia Calviño, elegida por Pedro Sánchez para controlar la política económica del Ejecutivo, y Yolanda Díaz, elegida por el líder de UP Pablo Iglesias para reconstruir estructuras derrumbadas por 18 reformas del mercado laboral en 30 años.
En sus declaraciones públicas sobre la derogación de la reforma de 2012, siempre medidas, siempre correctas y siempre interpretables, Calviño ha manejado la terminología propia de la élite funcionarial del Estado de la que forma parte: mirar al futuro, trabajar con planteamientos equilibrados y tomarse tiempo antes de tomar decisiones en el núcleo del problema. Por resumir: se debe mantener en lo esencial el marco existente. En caso de aprobar cambios, primero se debe simplificar la contratación y luego abordar las políticas activas de empleo. Son malabares dialécticos para postergar lo urgente: combatir el fraude en la contratación y equilibrar la negociación colectiva.
Díaz tiene muy difícil derogar la reforma que el entonces ministro Luis de Guindos calificó como “agresiva”.
Díaz tiene muy difícil derogar la reforma que el entonces ministro de Economía Luis de Guindos calificó como “extremadamente agresiva”. Es una línea roja para la patronal CEOE, una marca de aviso para los ortodoxos de Bruselas –los mismos que eligieron a Calviño para elaborar los presupuestos comunitarios entre 2014 y 2018- y una zona de riesgo en la presidencia de Pedro Sánchez. La pandemia ha revelado con toda crudeza hasta qué punto depende el país del turismo internacional y las debilidades de un modelo de crecimiento basado en bajos salarios y baja productividad.
Hay sectores empresariales que pueden sentirse incómodos en un mercado de trabajo diferente. El que hay es un lecho confortable. En palabras del economista Ignacio Muro, las reformas solo han servido como “estímulos negativos para realizar esfuerzos de modernización tecnológica, comercial, organizativa que otros países, con los incentivos adecuados, han debido realizar para sobrevivir”. Dicho de otra forma, las reformas laborales han creado una cultura difícil de desmontar y por la que se cuelan conceptos como "mercado laboral no dualizado" o "trabajo flexi-seguro" que en el fondo son parapetos ante los cambios más profundos y necesarios.
Aunque por razones distintas, Nadia Calviño comparte con la patronal CEOE y su presidente Antonio Garamendi que no es momento de complicar el funcionamiento de las empresas e inquietar a la inversión. La Covid 19 ha obligado a la Comisión Europea y al BCE, con permiso de Alemania y de su canciller Angela Merkel, a sacar la manguera de la liquidez y abrir la mano para evitar el derrumbe de las economías más dependientes. Pero la pandemia pasará y las recomendaciones para equilibrar las cuentas públicas se convertirán en órdenes.
Tarde o temprano llegarán las presiones para garantizar la devolución de la deuda contraída, que es mucha y crece rápido.
Calviño lo sabe. Tarde o temprano llegarán las presiones para garantizar la devolución de la deuda contraída, que es mucha y crece rápido. En enero, la deuda se situó en el 117,35% del PIB y la deuda per capita en 27.768€. Con la incorporación a empujones por la oficina estadística Eurostat a las cuentas públicas de la Sareb, el “banco malo” creado en 2012 para gestionar los activos tóxicos de la banca, la deuda alcanza el 120% del PIB. La cifra es un imán para frugales, ortodoxos, austeros...y hombres de negro. Por eso Pedro Sánchez y su vicepresidenta Nadia Calviño no derogarán la reforma laboral aprobada hace nueve años.
La economía española depende mayoritariamente de los servicios. Y en los servicios, la falta de controles en la contratación, la facilidad de despido y los bajos salarios engrasan la actividad aunque no hayan animado precisamente la organización eficiente y la innovación. Parte del problema es la falta de consenso sobre el significado del término dignidad cuando se habla de trabajo y de empleo. La Constitución (artículo 35) recoge el derecho y el deber de los ciudadanos al trabajo “y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia”. Los cambios en ciernes no van a colmar el derecho. La reforma acabará en tierra de nadie. Entre poco y Nadia (Calviño).
