Sí Ministro fue una serie de gran éxito en la televisión de los años 80, especialmente en el Reino Unido. Relata la historia de tres personajes: el novato Ministro de Asuntos Administrativos, James Hacker, un maquiavélico Secretario Permanente del ministerio, Sir Humphrey Appleby, y el irónico Secretario Personal, Bernard Woolley. Relata con fino humor inglés la pelea soterrada de los políticos con la maquinaria administrativa dirigida por funcionarios de élite. Manda el político. Dirige el funcionario. Los ministros pasan, los funcionarios permanecen.
La serie de ficción es toda una realidad en la España del siglo XXI. Los ministros y las ministras mandan, pero la estructura se resiste a los cambios. A menudo los retrasa y, a veces, los hunde. Sí señor ministro/a...pero no. La anquilosada estructura funcionarial facilita una labor de zapa, muy efectiva en sectores clave. Altos funcionarios de la Administración circulan entre el sector privado y el público a su antojo, sin trabas por incompatibilidad y, a menudo, para trabajar contra el mismo Estado que los formó.
En las últimas semanas, dos abogados del Estado que son piezas clave en la defensa del interés público han dado el salto al sector privado. José Ramón Mourenza y Diego Santacruz eran los encargados de defender al Estado frente a las reclamaciones de los fondos internacionales por los recortes aplicados a los proyectos renovables desde 2010. Eran, porque como muchos de sus colegas han dado el salto reclamados por bufetes de prestigio que pagan magníficamente bien a los expertos en las cañerías del Estado.
Soldados de élite
Mourenza y Santacruz defendían al Estado frente a reclamaciones de 10.000 millones de euros en los tribunales internacionales de arbitraje; soldados de élite del derecho con la misión de evitar una sangría equivalente al 1% del PIB del país. Con la llegada del nuevo Gobierno, dispuesto a revisar la estrategia legal seguida hasta la fecha, los funcionarios han decidido cambiar de aire.
La fuga de altos funcionarios coincide con un momento de cambio en la política energética. Al más puro estilo de la serie Sí Ministro, el Gobierno de Sánchez ha sufrido la labor de zapa de altos cargos que ocupaban puestos clave en la Administración. Un ejemplo: el Ministerio de Transición Ecológica barajó el pasado verano la posibilidad de aprobar un paquete de medidas urgentes para contener los precios de la electricidad que estaban –y están- anormalmente altos. Entre las medidas figuraba el recorte a la retribución de las centrales hidráulicas. Las intenciones del Ministerio llegaron rápidamente a los centros de mando de las compañías afectadas. Y unas horas después la amenaza estaba publicada, valorada y, finalmente, desactivada.
Despachos tributarios
No se trata sólo de los abogados del Estado, presentes en los consejos del Ibex 35 y en el cogollo de la política. Hay otras élites funcionariales afectadas de mal de altura. Los técnicos de Hacienda (Gestha) denunciaron en el XV Congreso de Alicante que existen centenares de cursos en los que "altos responsables de Hacienda" instruyen a los asesores internacionales y grandes despachos tributarios en técnicas para "eludir impuestos y evitar las medidas antielusión, rayando el límite del decoro y de la ley de incompatibilidades". El mar de fondo va más allá de las rencillas entre distintos colectivos de la función pública.
Los inspectores de Hacienda niegan la mayor: no participan en el juego de las puertas giratorias y no gozan de la manga ancha por la que se rigen otros colectivos de funcionarios como los abogados del Estado. Su sindicato subraya que el número de funcionarios que se cambia de bando anualmente es insignificante. Apenas 15 casos al año en un colectivo de 1.800 funcionarios que tienen un régimen de incompatibilidades más duro que el de los abogados del Estado, los jueces y fiscales o los médicos.
Pero las denuncias concretas de Gestha sobre las actividades discutibles de altos cargos de la Administración tributaria nunca han sido desmentidas. No debe extrañar. Tampoco recuerda nadie que el Consejo General del Poder Judicial haya sancionado alguna vez a un juez o magistrado por el incumplimiento de la incompatibilidad como preparador de oposiciones o conferenciante. Urge reformar la Administración...Sí Ministro.
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