Gas, la guerra que pone en solfa a Competencia

Ahí fuera hay una guerra. En realidad hay más de una, pero esta es especialmente intensa. La que nos ocupa tiene que ver con el gas; con las empresas que lo importan y transportan, con las que lo distribuyen y con las que lo consumen en sus procesos de producción. La guerra se ha desatado porque toca revisar lo que cobran las compañías por las actividades reguladas: regasificación, almacenamiento básico, transporte y distribución . La revisión le corresponde en principio a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). Y se ha liado.

La CNMC –en realidad la dirección de Energía del organismo- propuso una rebaja de retribución a las transportistas y distribuidoras de hasta 3.000 millones entre los años 2021 y 2026. El recorte, rebajado a la mitad finalmente, duplicaba lo que vienen a ganar en un año de forma conjunta las dos empresas más afectadas por la propuesta: Enagás -participada en un 5% por el Estado- y Naturgy, la antigua Gas Natural y la empresa que más sabe de los contratos de suministro que cerró en su día el empresario Durán Farrell (Catalana de Gas) con Ben Bella (Argelia) y Gadaffi (Libia). Una cuestión de Estado.

La propuesta de recortes ha desatado un alud de presiones y de intrigas sobre una CNMC que tiene a la mitad de sus consejeros en funciones, con el mandato cumplido. En pocas ocasiones se han percibido tan intensamente por dónde discurren los canales del poder empresarial y financiero en España. Consultoras, agencias de comunicación y asociaciones sectoriales han trabajado y trabajan a toda máquina desde el pasado verano, cuando Competencia hizo públicos sus planes, para suavizar lo que unos califican de hachazo y otros de reparación de un abuso de años.

El trabajo subterráneo ha tenido consecuencias. Una vez más, la CNMC se ha roto. El pleno se ha divido entre los partidarios de aplicar la tijera al gas a fondo, con el presidente saliente José María Marín Quemada a la cabeza y los partidarios de suavizar el recorte. Nada nuevo porque la CNMC se ha roto cada vez que ha tenido que decidir sobre asuntos trascendentes, desde la liberalización del taxi a la publicidad en las televisiones privadas, pasando por la gestión de los alquileres en las plataformas de Internet.

Las presiones sobre la Comisión no vienen de un lado. El fuego es de los peores, cruzado, difícil de esquivar. No se trata sólo de las empresas que sufren los recortes, duchas en el manejo de intermediarios y mensajes. También “disparan” las empresas que utilizan gas en sus fábricas y que consideran que llevan años pagando más que sus competidores europeos por el mismo servicio. Frente a la patronal del gas, Sedigás, se han situado hasta 11 asociaciones empresariales de diferentes sectores, incluidas las petroleras de AOP -negocio químico-, que quieren pagar menos por el servicio que reciben.

Toda guerra tiene consecuencias. Algunas, pocas, hasta pueden ser positivas. Como los adelantos en medicina o en nuevos materiales. En el caso de la CNMC también podría haber algo bueno. Repensar el organismo, por ejemplo. La polémica acompaña a la Comisión prácticamente desde su nacimiento. El Gobierno del PP agrupó todos los antiguos órganos supervisores (de las telecomunicaciones a la energía, pasando por competencia) y los justificó en el ahorro. Se iban a ahorrar hasta 30 millones de euros, una cifra imposible de comprobar.

Las autoridades independientes de competencia, de regulación y de supervisión forman la médula de cualquier Estado moderno y bien gobernado. La agrupación de supervisores y la división del organismo en dos salas, a menudo enfrentadas, no ha sido eficaz. Había advertencias sobradas sobre lo que podía pasar. Uno de los organismos engullidos en la CNMC, la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), elaboró un informe sobre el proyecto de Real Decreto del Estatuto Orgánico del nuevo supervisor en el que advirtió que podía provocar perjuicios a la seguridad jurídica. Entre otras cosas, Competencia cuestionaba que se alcanzaran las sinergias estimadas y alertaba sobre un "incomprensible sistema de informes preceptivos" entre las salas de supervisión y de regulación que podía poner en peligro “la aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia". Fue, más que una advertencia, un augurio. Como ha revelado la guerra del gas.

El Instituto de Estudios Económicos (IEE), en un informe recién salido del horno- Las buenas prácticas regulatorias- apunta a la raíz del problema que ahora mismo afecta al regulador. "Resulta fundamental que el regulador genere y transmita credibilidad" indica en sus conclusiones. "Sólo a través de una adecuada participación de los sectores afectados por un cambio normativo se pueden evitar supuestos en que la normativa resulte en litigiosidad que, a la larga, pueda tener efectos adversos para la Administración". Pues eso.