Las puertas giratorias entre la política y las empresas han hecho correr mucha tinta. Con razón. En sectores como el de la energía, el roce ha hecho más que cariño. La lista de políticos de relumbrón, ministros y presidentes de Gobierno incorporados a empresas eléctricas y gasistas en diferentes condiciones, ya sea como consejeros, como asesores o como presidentes de fundaciones es lo suficientemente amplia como para justificar todos los recelos.
Servir al bien común desde la política no puede ser una condena al ostracismo laboral. Cierto. Tampoco puede convertirse en un freno en la carrera profesional de quien trabajó en la cosa pública. Para eso están los periodos de incompatibilidad. Pero las formas son importantes y ha habido ocasiones en las que se ha forzado la legalidad al límite. Por eso se entiende que los focos se enciendan con cada incorporación de un político a la gran empresa. Más si se trata de empresas vinculadas a la prestación de servicios esenciales.
Los grandes fichajes, como en los deportes de masas, atraen toda la atención, aunque a menudo ocultan realidades más preocupantes. Porque existen las puertas giratorias entre la política y la empresa y existen las "gateras giratorias", accesos más pequeños y disimulados, pero muy efectivos, que actúan como redes neuronales entre lo público y lo privado; entre la Administración y las empresas.
Red de intereses
Las “gateras giratorias”, discretas, son las que explican por qué determinadas empresas tienen en cuestión de horas sobre la mesa de sus expertos jurídicos y técnicos los borradores de proyectos ministeriales que les afectan. Funcionarios con aspiraciones en la empresa privada, empleados públicos en excedencia y altos funcionarios del Estado conforman una red de intereses por la que fluye la información -y los papeles- a velocidad de vértigo. Un gatuperio.
El rápido flujo de información permite a las grandes compañías y corporaciones poner en marcha mecanismos de presión afinados durante décadas. En muchas ocasiones, esa presión basta para frenar iniciativas. Hay muchos ejemplos. Incluso alguno que llegó a crear situaciones incómodas en una reunión de consejo de ministros de Rajoy. Pero uno de los últimos ha tenido lugar con los planes del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez para contener la escalada del recibo de la luz.
El Ministerio de Transición Ecológica barajó en agosto adoptar un paquete de medidas urgentes para contener los precios. Entre las medidas figuraba el recorte a la retribución de las centrales hidráulicas. Estas instalaciones utilizan para generar electricidad materia prima a precio cero (agua) y están amortizadas, pero cobran la electricidad que producen a precio de gas. Las intenciones del Ministerio llegaron en horas a los centros de mando de las compañías afectadas. Y unas horas después la amenaza estaba publicada, valorada y, finalmente, desactivada.
En la comparecencia del pasado 19 de septiembre en el Congreso, la ministra Teresa Ribera ni mencionó los posibles recortes a las tecnologías de generación como la hidráulica y las nucleares que se benefician, según la jerga del sector, de los llamados 'windfall profits', los beneficios caídos del cielo. Es posible que los recortes hayan quedado para más adelante y no hayan sido descartados. Es posible que el partido no haya acabado. Pero alguien ha ganado algo que tiene mucho valor: tiempo.
No hay vacuna
Un ex alto cargo de la Administración, vinculado aún al sector de la energía, sostiene que en Castellana 160, la sede tradicional de los ministerios de Industria y/o Energía en la capital, hay un virus. Tiene preferencia por los ministros y altos cargos que tienen allí sus despachos. Es un virus muy particular; fuerza a quienes contamina a guardar en los cajones algunos de los planes que más afectan a los beneficios de determinadas empresas. El virus se propaga a través de las discretas “gateras giratorias” que comunican los despachos públicos con los privados. Hasta la fecha, nadie ha dado con una vacuna.
Los generalmente discretos canales por los que discurre la relación público-privada no son exclusivos del sector energético. Pero cuando salen a la luz tienen ribetes de escándalo. Como sucedió en 2015 cuando se supo que un nutrido grupo de abogados del Estado en excedencia asesoran a fondos extranjeros en contra del Reino de España por los recortes a las renovables.
Más de la tercera parte del cuerpo de abogados del Estado está de excedencia trabajando para el sector privado, en su mayoría en grandes bufetes, multinacionales y consultoras o auditoras. En 2o017, prácticamente la mitad de las compañías del Ibex tenían abogados del Estado en excedencia como secretarios del consejo de administración. Con las “gateras giratorias” y los virus ministeriales pasa como con las meigas: haylos, haylos.
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